Organizaciones defensoras de la libertad de
expresión manifestaron su desconfianza ante la resolución de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, que el pasado
30 de octubre dio por resuelto el asesinato de Regina Martínez Pérez,
reportera y corresponsal de la revista Proceso.
Por separado, Artículo 19, el Centro Nacional de Comunicación Social
(Cencos), la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, y
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), dijeron ser escépticos
ante el supuesto esclarecimiento del crimen cometido hace seis meses.
El pasado 30 de octubre, el procurador estatal Amadeo Flores Espinosa
dio a conocer los nombres de los presuntos responsables del homicidio:
José Adrián Hernández Domínguez, “El Jarocho”, supuesto autor material
y quien está prófugo, y Jorge Antonio Hernández Silva, “El Silva”,
quien confesó ser cómplice del asesinato perpetrado el pasado 28 de
abril.
El Comité de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), solicitó al Estado mexicano medidas
eficaces para luchar contra la impunidad que prevalece en los ataques y
otras formas de abuso contra mujeres periodistas.
Ante la alarmante situación de violencia contra las periodistas y las
defensoras de Derechos Humanos (DH), el Comité de la CEDAW en sus
“Observaciones finales sobre México” solicita medidas concretas,
adecuadas y efectivas para prevenir e investigar la violencia contra
ellas y para enjuiciar y castigar a sus autores.
Según el informe “Violencia contra mujeres periodistas 2010-2011”,
elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), de 2002 a
2011 han sido asesinadas 10 trabajadoras de los medios de comunicación,
casos que siguen impunes.
En comunidades de la región de La Montaña las
mujeres a los 16 años de edad pierden valor ante los hombres para
casarse, por lo que se ven obligadas o las obligan a migrar, como es el
caso de Francisca Alvarado Calleja.
Las madres y padres de familia ven como una carga a las adolescentes
cuando cumplen 16 años, por lo que ellas tienen que trabajar para
ganarse la comida y el alojo en su propia casa.
A Francisca no le consultaron si quería o no salir de su natal
Potuichán, una comunidad del municipio guerrerense de Copanatoyac,
considerada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como una
de las cinco poblaciones del estado con muy alta marginación.
El pasado martes la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Veracruz y el gobierno de la entidad dieron por
resuelto el feminicidio de la periodista Regina Martínez.
Lejos de dar certeza de la justicia veracruzana, la sospecha, por decir
lo menos, está sembrada. Se duda de los supuestos asesinos y que los
motivos por los cuales le quitaron la vida a la periodista sean los
reales.
Seis meses tardó la autoridad estatal para concluir que el asesinato de
la periodista Regina Martínez se debió a una mala decisión de la
reportera de investigación, quien, según la autoridad, dejó entrar en
su domicilio particular a unos “mal vivientes”.
La supuesta falta de precaución de la periodista no coincide con la
actitud de reserva y cuidado que guardaba Regina en vida. Quienes la
conocieron reconocen como una cualidad de la reportera el hermetismo
sobre su vida personal, quien difícilmente permitía a sus amigas y
amigos más cercanos acudir a su domicilio particular, máxime a alguien
distante.
La expulsión de las jóvenes embarazadas que
cursan el Bachillerato Integral Comunitario (BIC) fue establecido en el
reglamento “interno” del sistema que opera el Colegio Superior para la
Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO).
Justificados en los usos y costumbres de las comunidades, los
directivos prohíben que cualquier estudiante, bajo cualquier
circunstancia, continúe sus estudios con el argumento de que se protege
a la joven.
Así lo dio a conocer Bárbara García Chávez, responsable de Capacitación
y Derechos Ciudadanos y Coordinación de Género de la Asociación Civil
Consejo Ciudadano de Cultura Autogestiva, quien desarrolla el
diagnóstico “Jóvenes, género y violencia” en el 30 por ciento de los 31
BIC que hay en la entidad.
Al buscar a sus seres queridos y realizar
trámites judiciales, madres de mujeres desaparecidas empeñan hasta sus
vidas con tal de lograr justicia. Además de la negligencia del personal judicial en México para resolver
las desapariciones y asesinatos de mujeres, las familias de las
víctimas –en su mayoría de escasos recursos– tienen que lidiar con los
fuertes gastos que implica el acceso a la justicia. Al pago de abogadas o abogados que coadyuven en las investigaciones, se
suman los costos de peritajes externos, amparos y copias de
expedientes, así como los viáticos de las familias al buscar a sus
hijas desaparecidas, o por los traslados a los juzgados o agencias del
Ministerio Público (MP).
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