Alainet
El gobierno de Felipe Calderón
(2006-2012) declaró su guerra al narcotráfico, que aún no termina y
le ha costado al país más de 100 mil muertos. Su sucesor, Enrique
Peña Nieto la ha proseguido sin modificarla, pero la guerra que a él
de veras le interesa no es esa. Es la ofensiva múltiple que ha
desatado por los beneficios de unos cuantos y en contra de los
derechos de todos.
Comenzando por la prolongación de la batalla calderoniana, es
evidente que la violencia homicida repunta en varias partes del
país. En Tamaulipas –estado “que se está pudriendo” según un lector
de La Jornada- ya van varias semanas de masacres y de bloqueos. En
Morelos, la oleada de violencia criminal acaba de asesinar al
coordinador de Trabajo Social de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos y a su esposa. En el Estado de México, en Michoacán, en
Jalisco, en Guerrero, en Chihuahua, los cárteles se reacomodan,
disputan nuevos espacios, construyen nuevas alianzas perversas,
demostrando que la estrategia federal en sus diversas formas,
operativos, coordinaciones, etc. etc. no los ha tocado en su línea
de flotación. Pero, insistimos, esa no es la principal guerra de
Peña Nieto.
El interés de Peña y su grupo de aliados es fortalecer e incrementar
el poder del dinero en todos los ámbitos. Hacer que en materia de
infraestructura, energética, de telecomunicaciones, turística,
salarial, prevalezca el beneficio de los detentadores de dicho poder
sobre los derechos de las mayorías.
Se criminaliza, se priva de la libertad a quienes luchan por
defender los derechos humanos y los territorios. Se agrede formal e
informalmente a las comunidades y universitarios que luchan contra
el gasoducto que afectará los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla.
Se combate a las policías comunitarias de Guerrero que se defienden
de la invasión y devastación por parte de las empresas mineras
canadienses.
También es blanco de ataque sistemático todo lo que huela a
patrimonio de la Nación. El interés trasnacional se vale del
legislativo PRI, PAN y aliados para imponer su ley y agrandar el
agujero que hizo la reforma constitucional para meter por ahí a las
empresas mineras, gaseras. No contentos con eso, arremeten contra la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos
(PEMEX), para irlas matando por inanición.
En materia de telecomunicaciones las leyes secundarias presagian ya
el beneficio del oligopolio televisivo, Televisa y TV Azteca, contra
los derechos de las audiencias, de los públicos, de las comunidades.
Hay una ofensiva despiadada contra las decenas de miles de migrantes
centroamericanos, los vejan, los encarcelan. En 13 meses han
deportado 74 mil de ellos. Pero hay total silencio y sumisión ante
los mil cien compatriotas nuestros deportados cada día de los
Estados Unidos en similares condiciones.
La economía de las familias recibe también una continua andanada de
ataques. Todo el mundo lo ve, menos quienes ejercen elaboran e
imponen las políticas económicas. El salario sigue en su peor nivel
en 28 años; la OCDE señala que el 18.5 de los trabajadores mexicanos
no puede subsistir con su salario, el más alto porcentaje de esa
organización y que en México es necesario trabajar trece días para
comprar una magra canasta básica de satisfactores. La Asociación
Nacional de Tiendas Departamentales, se queja del derrumbe de las
ventas en los supermercados. Las expectativas de crecimiento se
reducen día a día, comenzaron el año cercanas al 4% y ahora apenas
alcanzan el 3.4.
Pero no se quiere mencionar siquiera un aumento
salarial emergente y se impone continuar con el golpe mensual de los
gasolinazos hasta el 2019. Peor y más burda que la predicación de
quienes prometían el cielo a cambio del sufrimiento y el
sometimiento en la tierra, resulta la letanía peñanietista de
“sufran ahora” para merecer el beneficio de las reformas
estructurales que cada vez se ve más pequeño y lejano.
Cae el consumo interno, repunta la inseguridad para las personas.
Eso no importa mientras no se ponga en peligro la seguridad de las
ganancias.
En toda guerra los más poderosos luchan por imponer sus leyes, sus
tratados. En esta, cuya cabeza visible es Peña Nieto, no se trata de
imponer reformas constitucionales ni mucho menos leyes secundarias.
Lo que buscan ante todo es establecer a sangre y fuego la ley
primaria, la ley única del beneficio para el dinero.
Por desgracia esta guerra no es metafórica. Su cauda de destrucción
es más que real: comunidades desarticuladas, medio ambiente
devastado, recursos naturales saqueados, empleos perdidos, salarios
mermados, prisioneros, muertos, exiliados.
Contra esta guerra globalizada del beneficio contra los derechos
jurídicos, señala Alain Touraine, sólo podemos oponer el principio
moral que los funda más allá de toda ideología. Es en torno a esos
principios que debe cimentarse nuestra resistencia.
-Víctor M. Quintana S. es asesor del Frente Democrático Campesino de
Chihuahua e investigador/profesor de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez.
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