Sara Pantoja y Rosalía Vergara
| La planta potabilizadora y de bombeo del sistema Cutzamala. Foto: Octavio Gómez |
El
gobierno de Miguel Ángel Mancera propuso una ley de aguas que
permitiría más participación de la iniciativa privada. Es la tercera
vez que se intenta imponer una norma similar en el Distrito Federal,
pese a que experiencias similares en otras ciudades han mostrado los
daños que provoca la gestión del recurso en manos de particulares:
cobros excesivos, beneficio para pocos, cortes del servicio, falta de
transparencia, mala calidad del agua, despido de trabajadores y
“expropiaciones” carísimas.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El
Gobierno del Distrito Federal (GDF) dio un paso hacia la privatización
del servicio de agua potable al impulsar una ley que descentraliza el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y le permite
concesionar rubros hasta ahora reservados a ese organismo, como la
construcción de plantas potabilizadoras, el tratamiento de aguas
residuales, la detección y recuperación por fugas y la instalación de
medidores.
Se trata de la Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica
de la Ciudad de México (LAS), en fase de revisión en la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales del GDF antes de ser enviada al
Legislativo. Ramón Aguirre, director general del Sacmex, asegura que la
iniciativa cuenta con el consenso de todos los grupos políticos de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y que es “inminente”
su aprobación.
Investigadores de la UNAM y la UAM y activistas
ambientales alertan desde ahora sobre los riesgos que acarrearía
aprobarla: Aumento de tarifas, incumplimiento de contratos, maltrato a
ciudadanos, incapacidad de reclamo legal, cortes del servicio, mala
calidad del líquido y falta de transparencia, entre otros.
La
iniciativa de la LAS abrogaría la Ley de Aguas del DF vigente desde
2003. Está sustentada en el Plan Hídrico que el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, presentó el 25 de marzo y en el cual se enlistan
las acciones orientadas a atenuar la crisis hídrica para los próximos
25 años, con una inversión de 200 mil millones de pesos.
Según el
plan, se garantizará el suministro de 100% de agua potable en 2018. En
la primera etapa se rehabilitarán 3 mil 115 kilómetros de tuberías para
evitar fugas, se construirán 19 potabilizadoras y 16 más se
rehabilitarán. Además, se harán obras de drenaje en 15 colonias de seis
delegaciones.
Datos del Sacmex indican que el drenaje en la
ciudad tiene 60 años de antigüedad, en promedio; 42% del líquido se
pierde por fugas; 18% de la población recibe el servicio por tandeo,
particularmente en Iztapalapa y Tláhuac; 12% del agua que llega a los
hogares es de mala calidad, y sólo se trata 14% del agua residual. Del
total del agua en la ciudad, 60% se extrae del manto acuífero y 40%
proviene de los sistemas Lerma y Cutzamala. Las autoridades ya buscan
una tercera opción en el estado de Hidalgo.
“Marca Aguirre”
El
propósito de la iniciativa de 163 artículos –copia de la cual tiene
Proceso– es “regular la gestión integral de los recursos hídricos y la
prestación de los servicios públicos prioritarios de agua potable,
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas
residuales”.
Prevé dotar de plena autonomía de gestión al Sacmex
–actualmente es un órgano desconcentrado del GDF–, al darle
personalidad jurídica y patrimonio propio.
En el artículo 6,
fracción II, conceptualiza el agua como “un bien social, cultural,
ambiental y económico”, si bien en la VI aclara que “tiene un valor
económico en todos sus diversos usos” y, por tanto, debe pagarse la
prestación de los servicios hidráulicos.
La propuesta faculta al
Sacmex para “administrar, explotar, usar, aprovechar las aguas, su
distribución y control”, así como para generar sus propios ingresos y
aplicarlos en las obras que garanticen el servicio. Prevé que su
patrimonio se forme con los ingresos obtenidos por la prestación de los
servicios a su cargo, los créditos que contrate, las utilidades
provenientes de sus obras y los rendimientos financieros por sus
inversiones.
En su artículo 18 otorga el poder al director del
organismo para elaborar y someter a consideración de la Junta de
Gobierno los contratos que considere convenientes para su operación.
En
entrevista, Ramón Aguirre Díaz, director general del Sacmex, explica
que la iniciativa garantiza que el sistema siga siendo parte del sector
público: “Va a seguir teniendo su contraloría, cumplirá con las leyes
en la materia, seguirá los lineamientos que dicte el jefe de gobierno y
se coordinará con las secretarías. La única diferencia es que las
facultades repartidas entre seis dependencias nada más las voy a tomar
yo”.
El también vicepresidente de la Asociación Nacional de
Empresas de Agua y Saneamiento de México dice que el esquema actual “es
el más ineficiente posible”, pues genera problemas en el servicio y
lentitud en las soluciones. “Es una de las grandes pifias del gobierno
de la ciudad, un gravísimo error de concepto”.
En su opinión, la
descentralización “no tiene nada que ver con la privatización. Al
contrario, como la idea es no privatizar, se fortalece al propio
gobierno dándole mayores facultades y autonomía a su organismo
encargado de prestar el servicio”.
Titular del Sacmex desde la
administración de Marcelo Ebrard, Ramón Aguirre asegura que si se
aprueba la iniciativa se podrían contratar pipas de agua potable en una
mañana, reclasificar colonias para el cobro en una semana y pagar
trabajos urgentes para echar a andar una maquinaria cuando las empresas
no quieren fiar el servicio.
Aunque alerta: “No es magia. La
descentralización no va a hacer que mañana ya no haya fugas ni que las
tuberías ya no sean de 60 años de antigüedad ni que ya no tengamos 18%
de la población por tandeo, pero se tendrá la certeza de que estamos
cambiando la ruta del barco antes de caer al precipicio al que vamos”.
La
iniciativa incluye la creación de un consejo consultivo con académicos,
empresarios, organizaciones civiles y de derechos humanos y sociedad
civil. Le deja a la ALDF las facultades de aprobar las tarifas
propuestas por la Junta de Gobierno y definir la aplicación de
subsidios. La diferencia de recursos la entregarán al Sacmex en un
Fondo de Compensación.
Violación constitucional
Rodrigo
Gutiérrez Rivas, especialista en derecho fundamental del agua del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, alerta que con esta
iniciativa se le pondría un precio al agua y se convertiría en
mercancía sujeta a la lógica del negocio –ganancia y competencia–, aun
cuando es un derecho humano que debe ser gestionado públicamente por el
Estado.
En entrevista, asienta que el nuevo esquema significaría
el primer paso a la privatización del servicio, con consecuencias
peligrosas. “Lo que quieren es que le demos autonomía (al Sacmex) para
que no tenga trabas. Esta es una perspectiva tecnocrática. Es increíble
que un gobierno que se dice de izquierda quiera aplicar un programa de
ultraderecha”.
El también coordinador del proyecto El derecho al
agua: análisis desde la exigibilidad e interdependencia de los derechos
fundamentales, explica que el derecho humano a este líquido está
consagrado en los artículos 1 y 4 constitucionales y está protegido por
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
Ese ordenamiento mundial asegura que el agua debe ser tratada como un
bien social y general, no como uno económico y negociable.
Pedro
Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa de Investigación
Sierra Nevada de la UAM Iztapalapa, secunda esa postura, al subrayar
que la iniciativa entregaría el Sacmex a las empresas transnacionales.
Afirma que, desde 1996, se quiere legalizar la concesión del servicio
público en el Distrito Federal y otras ciudades del país.
Detalla
que desde entonces se han dado concesiones a empresas francesas,
británicas y españolas, como Vivendi Général des Eaux y Suez-Lyonnaise
des Eaux que, aliada con la mexicana Preactiva Medio Ambiente y Peñoles
(causante de estragos en la industria minera de Torreón), provee
servicios de agua corriente, electricidad y gas en diversos países.
También se han dado contratos a United Utilities, que labora con Grupo
Aguas de México, creado por Grupo Gutsa.
Ofrece otros ejemplos:
Veolia, asociada con ICA, opera la compañía Proactiva Medio Ambiente
S.A. de C.V.; otra es Industriales del Agua de la Ciudad de México,
filial de la francesa Suez.
“Estas compañías tienen contratos que
se vencen el año que entra. De ahí el debate sobre cuál es el futuro de
la gestión del agua”, alerta.
El promotor de la campaña “Agua
para todos, Agua para la Vida”, asegura que al aprobar un sistema de
abastecimiento con fines de lucro, la dotación de agua “deja de ser
sustentable, no hay calidad ni equidad, sino puras ganancias económicas
para las empresas”.
Alerta que el conflicto de la privatización
se agrava cuando las empresas incumplen contratos, afectan los derechos
humanos de sus clientes o causan problemas ambientales. Sus casos
suelen terminar en tribunales internacionales obligando al gobierno
mexicano a pagarles “ganancias esperadas” por un bien todavía no
explotado.
Especialista en protección del medio ambiente y
desarrollo sustentable, Moctezuma Barragán comenta que la tendencia
mundial es remunicipalizar el servicio, pues no funcionó concesionarlo
al sector privado. Así se ha hecho, afirma, en Berlín, Atlanta y París.
En
México, abunda, la remunicipalización se hizo en Ramos Arizpe,
Coahuila. Ahí, Aguas de Saltillo, filial de Aguas de Barcelona,
introdujo prácticas de cobro excesivo y generó repudio en la población.
“Aguas de Saltillo compró el Sistema de Aguas de Ramos Arizpe en 8
millones de pesos, pero el municipio tuvo que pagar 24 millones de
pesos para remunicipalizar. ¿Para qué entrar en un terreno tan
desventajoso cuando hay técnicos, programas, prácticas, instituciones
que se pueden hacer cargo del servicio de manera eficaz y con
participación ciudadana?”, cuestiona.
En el caso de la Ciudad de
México y el Plan Hídrico, asevera que se pretende concesionar a estas
empresas la instalación de medidores de agua, tuberías, facturación y
cobro con contratos a 15 años, “cuando en muchos países se hacen a dos
o tres años y se renuevan evaluando los resultados. Eso es preocupante”.
Por
eso considera que la iniciativa de ley “beneficiaría más a las
trasnacionales, les facilitaría el camino para elaborar contratos de
concesión y les daría más funciones para participar en el control de
fugas. Además de lo que ya tienen en facturación, cobro y medidores,
pueden poner sobreprecios a las tomas domiciliarias, a la reinstalación
y al cambio de medidores. Entonces la economía familiar se vería
afectada”.
Lo paradójico, dice, es que esto suceda en la capital del país, donde “se supone que el gobierno es de avanzada y progresista”.
Intentonas fallidas
La
idea de descentralizar el Sacmex no es nueva. De hecho, este es el
tercer intento de Ramón Aguirre para lograrlo. En el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, recuerda, la propuesta no cuajó “porque el
secretario de Finanzas (Gustavo Ponce) no quiso soltar los ingresos.
Dijo: ‘No, pérate, ¿cómo se van a ir los ingresos del agua? Me los
quedo yo’”.
Con Marcelo Ebrard el freno fue político. “Los grupos
de la Asamblea empezaron a querer negociarla, a condicionar su
aprobación a canonjías políticas. Gente que quería tener ciertas
posiciones a cambio de que pasara. La decisión fue ‘Bueno, entonces que
no pase’”.
Aguirre Díaz asegura que ahora “están todas las
condiciones dadas para que se resuelva. Hemos estado trabajando, hay un
consenso de todos los grupos para que la reforma salga”.
Esa
prisa no se refleja en la ALDF, adonde aún no es enviada para su
análisis y discusión. Además, cuando llegue, se deberá estudiar junto
con otras que hay del PRD, el PAN y el PVEM.
Ernestina Godoy,
priista integrante de la Comisión de Gestión Integral del Agua, está a
favor de la descentralización pero no de la intervención de la
iniciativa privada. Sugiere que el GDF contrate deuda pública para
invertir en infraestructura hidráulica, en vez de dar Proyectos de
Prestación de Servicios (PPS) a las empresas.
El presidente de la
comisión, Gabriel Godoy, del PRD, desmiente la existencia de un acuerdo
parlamentario. “Sí nos hemos reunido con Aguirre, pero debemos analizar
las otras propuestas”, reconoce. Se pronuncia por cuidar el carácter
público del Sacmex y avalar la participación directa de la iniciativa
privada sólo a través de lo que permite la Ley de Obras local.
El
legislador duda que la iniciativa se discuta y apruebe en el próximo
periodo extraordinario de sesiones, “pues ni siquiera se anunció entre
los temas a tratar”. Tal vez se retome en el siguiente periodo
ordinario, pronostica.
Aunque la aprobación de la iniciativa es
un tema local, involucra a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por
su relación con los sistemas Lerma y Cutzamala. No obstante, tampoco
ese organismo parece estar urgido por conocerla: “Estoy en espera de
que me la mande Ramón”, respondió el director del organismo, David
Korenfeld, a pregunta expresa.
De aprobarse la iniciativa de LAS,
el Distrito Federal se sumaría a otras ciudades cuyos congresos ya
aceptaron este esquema y en poco tiempo lamentaron las consecuencias.
En Aguascalientes el sistema se privatizó desde 1993 y hoy sus
habitantes pagan el servicio más caro del país.
Según la lista de
tarifas máximas de uso doméstico de la Conagua (2012), en esa ciudad se
pagan 19.16 pesos por metro cúbico. Le siguen Morelia, con 18.5;
Tijuana, con 17.95; León, con 16.82 y, en quinto lugar, la Ciudad de
México, con 16.17 pesos por metro cúbico.
En Saltillo el manejo
del agua potable se volvió un sistema mixto, pero a la postre los
beneficiados fueron los empresarios. Ellos han reportado ganancias, y
los habitantes han denunciado cortes del servicio.
Desde julio de
2013, Gloria Tobón, representante de la Asociación de Usuarios de Aguas
de Saltillo, alertó de las consecuencias de aceptar a la iniciativa
privada en el suministro municipal.
En el estudio La
participación privada en los organismos operadores y el derecho humano
al agua, advirtió que el proceso de privatización de los organismos
operadores avanzaba en siete ciudades bajo tres modalidades: contratos
de servicios, en el Distrito Federal y Puebla; concesiones, en
Aguascalientes, Cancún, Isla Mujeres y Navojoa, y empresas mixtas, en
Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.
Agregó que experiencias de
sistemas privatizados a escala nacional e internacional han dejado a su
paso cobros excesivos, beneficio para pocos, cortes del servicio, falta
de transparencia, mala calidad del líquido y despido de trabajadores.
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