Con 30 votos a favor y 10 en contra, el Congreso de Nuevo León aprobó
reformas a la Ley de Educación para proteger la vida desde la
concepción hasta la muerte natural, llamada
ley antiaborto.
La modificación fue impulsada por el legislador sin partido Juan
Carlos Leal y aprobada por la mayoría panista, pese a existir una
controversia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos interpuesta
por la legisladora independiente Claudia Tapia.
Sólo pedíamos ampliar el rango para la inclusión, nuestra propuesta estaba un poquito más enfocada a personas con Síndrome de Down, explicó Leal.
Puntualizo que
se incluyó un tema en el cual se concientiza en el tema de la vida y no tiene nada de inconstitucional. Se modifican varios artículos de la Ley de Educación, nada más mencionamos que a los alumnos se les debe de concientizar en el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no se reforma ninguna cuestión educativa, queremos que se imparta algo más de educación, no tiene nada que ver con la cuestión de las materias.
Explicó que con las reformas aprobadas se reforma el artículo 7 de la
Ley de Educación, por lo que ahora se establece que la enseñanza
impartida por el estado y los particulares con autorización oficial,
promuevan el respeto a la vida.
En ese contexto, el Congreso de San Luis Potosí rechazó por mayoría
despenalizar el aborto en la entidad antes de las 12 semanas de
gestación. En sesión virtual realizada este jueves, el pleno de la
legislatura estatal discutió dos iniciativas presentadas por activistas y
diputados de Morena.
La primera iniciativa que se votó fue la que planteaba modificar
diversos artículos del Código Penal estatal y la Ley de Salud a fin de
despenalizar el aborto y poner en marcha de mecanismos sanitarios para
la práctica libre y segura de la interrupción del embarazo.
Dicha propuesta fue presentada por la diputada por Morena Alejandra
Valdés Martínez y la ciudadana Arely Torres Miranda, el pasado 21 de
marzo. Después se votó la iniciativa que planteaba reformar la
Constitución del estado para que las mujeres tengan derecho a
interrumpir voluntariamente su embarazo en un tiempo máximo de 12
semanas de gestación.
Periódico La Jornada
Sábado 23 de mayo de 2020, p. 28
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