Los
movimientos contra el neoliberalismo y sus impactos en las clases
medias y populares que se dieron por toda América Latina en 2019: Chile,
Ecuador, Haití y otros países, no se dieron en México. La hipótesis más
plausible puede ser porque la inconformidad con el modelo de
globalización excluyente se expresó de manera político electoral, con el
impresionante tsunami que le dio el triunfo absoluto en las
elecciones presidenciales de julio de 2018 a Andrés Manuel López Obrador
y su partido, MORENA.
López Obrador sabe bien que el
mandato de las urnas y su compromiso con el pueblo de México lo obligan a
terminar de tajo con el modelo neoliberal que aún mantiene al 57% de la
población del país en extrema pobreza, y poner en marcha un nuevo
modelo de desarrollo que ponga a quienes han sido más excluidos por
delante. No por nada, su slogan machacón ha sido; Por el bien de todos, primero los pobres.
La
pandemia del COVID-19 y sus consecuencias en el empleo: a la fecha ya
se han perdido 550 mil puestos de trabajo, y en la pobreza: se calcula
que habrá entre 8 y 10 millones de pobres nuevos al final del año, han
planteado la necesidad de acelerar y profundizar la transformación del
modelo de desarrollo. En un documento dado conocer el domingo 10 de mayo
titulado “La nueva política económica en tiempos de Coronavirus” López Obrador plantea el núcleo duro de dicho modelo:
Es
un modelo económico “todo nuevo” basado en un “Estado de bienestar
igualitario y fraterno”. Rompe de cuajo con el neoliberalismo y los
modelos anteriores. Tiene una fuerte carga ética: sus valores
orientadores son: democracia, justicia, austeridad y honestidad. Surge
de la propia nación, no de las recetas del sistema financiero
internacional. El financiamiento para el desarrollo provendrá de los
fondos que se liberen de la lucha contra la corrupción y la impunidad,
no de las líneas de crédito que endeuden al país con organismos
internacionales, y lo sometan a sus condiciones.
Su eje
básico: el Estado promoverá el desarrollo para garantizar el bienestar
del pueblo, dando preferencia a la población pobre. Ésta será la
protagonista de un desarrollo incluyente, después de haber sido negada o
despojada por el modelo anterior, concentrador de la riqueza. La meta
es otorgar apoyos al 70% de la población en pobreza y al 30% restante
darle la oportunidad de hacer negocios, obtener ganancias lícitas,
progresar sin ataduras.
Se ubica en la globalidad
económica; empleará al Tratado de Libre Comercio México-Estados
Unidos-Canadá, TMEC como palanca para atraer más inversión extranjera y
crear empleos. Se basa en la pluralidad: de posturas políticas, de
condiciones socioeconómicas, de creencias, de regiones, de ideologías,
de identidades, de preferencias sexuales.
Este plan de
recuperación económica desecha la obsesión tecnocrática de medirlo todo
en función del mero crecimiento, lo fundamental es la distribución
equitativa del ingreso y de la riqueza. De ahí la insistencia de López
Obrador en cuestionar los indicadores convencionales del desarrollo de
la economía como el crecimiento del PIB y encontrar otros que midan el
bienestar de las personas y la inclusión.
Una semana
después del plan de López Obrador, el presidente del comité ejecutivo
nacional de MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar da a conocer un comunicado
titulado El bienestar social y la lucha contra la desigualdad. Hay que resaltar que Ramírez Cuéllar es cofundador desde 1993 y dirigente de El Barzón, organización que desde esa fecha ha encabezado la lucha de las y los deudores de la banca contra el anatosismo y atropellos legalizados de los bancos.
El actual dirigente morenista tiene experiencia como pocos en dos
temas muy relacionados: el empobrecimiento de las clases medias y
populares por el abuso de los bancos y de los monopolios y, como
consecuencia de eso, la cada vez más obscena concentración de la riqueza
en México. A partir de esa experiencia y en el contexto de los
compromisos de López Obrador por un nuevo modelo económico, plantea
cinco reformas básicas:
Establecer en la constitución el Estado de Bienestar como concepto y propósito básico que garantice los derechos básicos de la población. Adoptar un modelo de medición, no sólo de la pobreza, sino también de la riqueza
y su concentración con una metodología adecuada que aplique
bianualmente el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI). Establecer y poner en marcha un sistema fiscal progresivo
que tase más a quienes más tienen y financie el nuevo Estado de
Bienestar, proveyendo los sistemas de salud, educación y protección del
empleo. Constituir un Consejo Fiscal, como organismo autónomo y
profesional, dependiente del Congreso de la Unión que anualmente
muestre si las contribuciones y los gastos del gobierno están
efectivamente favoreciendo a los sectores más vulnerables de la
población Y, darle más facultades a la Comisión de Competencia Económica
para detectar e impedir todos los abusos en la comercialización de
bienes y servicios que encarecen la vida y merman el patrimonio de las
clases medias y populares,
La oposición al cambio de
modelo económico, tanto de algunos medios empresariales como de la
derecha partidista aprovechó un desliz en la segunda propuesta de
Ramírez Cuéllar para tender una cortina de humo y tratar de desvalorizar
la sustancia del planteamiento. Al decir que se requiere también una
medición de la riqueza, sobre todo de la concentración de la misma,
señaló que se faculte al INEGI para “entrar” a revisar los datos que
revelan la riqueza. Esto fue entendido como una intrusión del instituto
en los domicilios particulares, y fue difundido creando una especie de
psicosis contra un estado intervencionista en la vida privada. Tuvo que
intervenir el propio Presidente de la República para asentar de que
ninguna manera se trata de hacer eso. El mismo Ramírez Cuéllar aclaró
que de lo que se trata es de diseñar una metodología que dé cuenta cómo
se va incrementando y concentrando la riqueza.
A pesar de
los tropiezos discursivos que tratan de ser aprovechados con oportunismo
por quienes siguen aferrados al anterior modelo concentrador de la
riqueza y generador de más y más desigualdad, es indudable que la
presidencia de López Obrador está marcando un hito en la orientación de
la economía del país. Bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940)
y hasta fines de los años 70 el país fue uno de los pioneros en el
modelo de “desarrollo establilizador” de sustitución de importaciones,
con ampliación del mercado interno. A partir de 1982 ese modelo fue
violentamente sustituido por el neoliberal, impuesto por el llamado
“Consenso de Washington”. Ahora, comienza la era del “Estado de
bienestar, igualitario y fraterno”. El rumbo está trazado, lo mismo que
la opción por seguirlo está tomada. Bases sociales y justificaciones
tiene, habrá que fortalecerlas y ampliar aún más el consenso en torno a
él.
https://www.alainet.org/es/articulo/206752
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