Ciudad de México. Desde 2019 en la Ciudad de México
opera la Guardia Nacional, integrada por expolicías federales, navales y
militares y, de acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
Pardo, durante la pandemia de COVID-19 la Marina y el Ejército también
apoyan la vigilancia de los hospitales de la capital.
Así lo
recordó la mandataria el pasado 12 de mayo, a pregunta expresa de los
medios durante su conferencia de prensa. La precisión la hizo un día
después de que el 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el acuerdo para que las fuerzas armadas realicen
labores de seguridad pública en todo el país.
Aunque en 2018 la
jefa de Gobierno aseguró que no se necesitaba que la Guardia Nacional
entrara a la capital del país porque la inseguridad se podría atender
con la policía local; en julio de 2019 anunció que este cuerpo policiaco
comenzaría a operar en las alcaldías de Iztapalapa, Venustiano
Carranza, Iztacalco, Xochimilco, Tláhuax, Tlalpan y Milpa Alta.
Al
respecto, Sheinbaum aseguró que el actual gobierno “no es lo mismo” que
el gobierno federal del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien en
2006 desplegó al Ejército y a la Marina en todo el país como una
estrategia de combate al crimen organizado, lo que provocó violaciones a
Derechos Humanos cometidos por militares y marinos.
Sheinbaum
insistió en que el país no se está militarizando y agregó que la
Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia
capitalina estaban fortalecidas y coordinadas y agregó que se ha
fortalecido a la policía de la Ciudad de México, aun con la reducción de
recursos para atender la pandemia.
La decisión presidencial de
entregar, legalmente, a soldados y marinos la facultad de realizar
labores de seguridad pública hasta 2024, mientras se fortalece la
Guardia Nacional, ha sido criticada por organizaciones civiles que
sostienen que la actuación castrense no es extraordinaria, regulada,
fiscalizada ni subordinada, lo que podría acarrear violaciones a
Derechos Humanos.
Por ejemplo, las agrupaciones civiles han
documentado la detención arbitraria y tortura sexual de mujeres para que
se declaren culpables de delitos. Así lo han evidenciado Amnistía
Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, entre otras.
El pasado 13 de mayo el secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que a pesar de su corta vida,
la Guardia Nacional, creada por ley en mayo de 2019, ya contaba con un
despliegue de más de 80 mil elementos en todo el territorio nacional,
incluida la Ciudad de México, pero mientras se consolidaba se haría uso
de las fuerzas armadas.
En este contexto, la jefa de Gobierno
recordó que durante la pandemia, el Ejército realiza labores de
vigilancia alrededor de hospitales del IMSS y del ISSSTE. De acuerdo con
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los elementos han
sido desplegados para acciones como el reacondicionamiento de hospitales
del Insabi, la seguridad a almacenes e instalaciones estratégicas del
IMSS y controles migratorios
Cabe recordar que tras la
publicación del acuerdo, la ONU-DH recordó que ya ha reiterado en
numerosas ocasiones que la participación de las fuerzas militares en
tareas de seguridad debe ajustarse a criterios de estricta
excepcionalidad y ser el último recurso, asegurando el carácter civil de
las corporaciones de seguridad.
Lo anterior, dado que la
estrategia de seguridad instaurada desde 2006 ha evidenciado su
disfuncionalidad para reducir la violencia e incrementado las
violaciones de Derechos Humanos, por ejemplo, la violencia contra las
mujeres.
20/AGM/LGL
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