Ciudad de México. Los Congresos de 14 estados del
país deben aprobar reformas electorales para reconocer y sancionar la
violencia política contra las mujeres antes del 31 de mayo, a fin de que
apliquen en el proceso electoral 2020-2021.
Así lo dijeron
legisladoras, militantes de partidos políticos y expertas en Derecho
electoral durante del foro virtual “Legislando por la Igualdad, reformas
en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y
paridad”, organizado el 26 y 28 de mayo por las comisiones unidas de
Igualdad de Género y de Gobernación y Población, de la Cámara de
Diputados.
Las especialistas coincidieron en que los estados
deben armonizar su legislación con las reformas publicadas el pasado 13
de abril en el Diario Oficial de la federación (DOF), por las que se
reformaron las leyes generales en materia electoral para definir la
violencia política contra las mujeres.
La presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadien Gasman Zylbermann
señaló que es indispensable tener una agenda común en materia de paridad
para que en el proceso electoral de 2021 las mujeres tengan más
oportunidades de ganar espacios de poder y los partidos políticos se
involucren más en este tema.
La reforma en la materia modificó la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la
Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos
Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
A su vez la consejera del
Instituto Estatal Electoral de Sonora, Guadalupe Taddei Zavala, precisó
que gracias al trabajo de las mujeres y la voluntad de diferentes
actores los Congresos de Michoacán, Campeche y Querétaro ya aprobaron
las reformas y este jueves lo harían los Congresos de Oaxaca, Sonora y
Guanajuato.
La diputada por Oaxaca, Hilda Graciela Pérez Ruiz,
dijo que la destitución de la directora del Instituto Municipal de la
Mujer del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Jaqueline Escamilla
Villanueva es un ejemplo de la violencia que enfrentan las mujeres aun
cuando el cargo que ocupan no emana de un proceso electoral.
La
magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Gabriela Villafuerte Coello, señaló que los
procesos electorales deben iniciar en septiembre aunque hay una
iniciativa de reforma para que los plazos se recorran y comiencen en
octubre, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19.
La
magistrada mencionó que, en este contexto, en los estados las reformas
consideran diferentes supuestos, por ejemplo, en Campeche una hipótesis
para acreditar violencia política es la violencia digital y además
propone que las mujeres violentadas accedan a refugios; mientras que en
Sonora la reforma plantea amplios plazos para otorgar medidas
cautelares.
La experta consideró que si bien los estados deben
tener libertad en sus legislaciones, la violencia se da en todo el país y
ahora en redes sociales, por lo que aseguró que se necesita una base de
datos para conocer quiénes son las y los agresores, porque quizás éstos
busquen la reelección o sea necesario conocer quiénes son en todo el
país.
La diputada federal Nayeli Arlen Fernández Cruz agregó
que las adecuaciones normativas serán para materializar la paridad en
cargos electivos, por ello 18 estados deben hacer los ajustes normativos
a más tardar el 7 de junio, y 14 lo tienen que hacer a más tardar el 31
de mayo, por lo que dijo que el reto apremia.
El artículo 115
constitucional dice que el límite para modificar las leyes electorales
es 90 días antes del inicio del proceso electoral. Los estados que deben
modificar su legislación este mes son Michoacán, Campeche, Querétaro,
Oaxaca, Sonora, Guanajuato, Morelos, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa,
Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
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