Napoleón Gómez Urrutia
La semana pasada se anunció el
regreso a las labores a partir del 25 de mayo en algunos sectores, en
otros desde el primero de junio y en algunos más después. Se anunció que
se haría en forma gradual, con respeto a la totalidad de las medidas y
protocolos establecidos por las autoridades laborales y de salud, con la
finalidad de garantizar que no existan riesgos sanitarios para los
trabajadores en ningún centro de actividad productiva. Hasta ahí todo
parecía normal, con las precauciones necesarias con el propósito de no
exponer a nadie al contagio del Covid-19.
Lo que ha sucedido en la práctica es contradictorio en algunos casos,
lo cual nos viene a demostrar que en una situación de crisis sanitaria y
de pandemia mundial, si no se aplican y respetan seriamente las
recomendaciones, entonces se puede incurrir en irresponsabilidades y
muchos riesgos innecesarios para la salud y la vida. En el Sindicato
Nacional de Mineros y probablemente en otras organizaciones sindicales
de trabajadores, tenemos un lema que aplicamos y respetamos, el cual
dice:
con la seguridad y la salud no se juega. En última instancia es mejor perder un empleo que poner en riesgo una vida humana.
Hace unos días nos enteramos, después de que oficialmente se
anunciaron las propuestas y recomendaciones para el regreso, que las
minas de dos empresas canadienses en la Sierra de Oro de Guerrero,
Equinox Gold y Torex Gold Resources enviaron a un grupo de 200
trabajadores contratistas de compañías outsourceras para
continuar sus operaciones, pues para ellos las utilidades son primero,
los cuales provenían del centro y norte del país, de Coahuila,
Zacatecas, Durango y San Luis Potosí, sin haberles hecho ninguna prueba
sanitaria. Afortunadamente, los dirigentes de las secciones sindicales
de mineros y las comunidades se mostraron exigentes y demandaron que los
pusieran en cuarentena y al final les hicieran la prueba del Covid-19.
El resultado fue que 44 de los 200 contratistas estaban contaminados con
el virus, y dieron positivo. No hace falta mucha imaginación para
pensar lo que podría haber ocurrido si hubieran entrado a los centros de
trabajo sin ningún protocolo; la epidemia ya estuviera extendida a toda
esa zona.
Dos lecciones de estos ejemplos: uno, los trabajadores deben
mostrarse intransigentes y exigir que se cumplan las normas sanitarias
en cualquier lugar, y más en estos tiempos, si existe el mínimo riesgo.
Dos, las autoridades deben responsabilizar con todas las consecuencias
establecidas en la ley, a las empresas que, por sus intereses, estén
presionando para reabrir, porque de otra manera, a falta de vigilancia y
de inspectores para cada caso que reinicie actividades, ambos estarán
asumiendo una seria responsabilidad. Debemos evitar a toda costa que
también se repita el caso de un empleado de Elektra, que pertenecía a
una entidad dedicada al outsourcing, a quien presionaron tanto
para que fuera a trabajar, aun enfermo del virus, que murió sin recibir
ninguna ayuda o apoyo para él o su familia. Y todo por no tener una
organización sindical seria y responsable que protegiera sus derechos
fundamentales.
Existe otro caso que también demuestra que las empresas, sobre todo
las consideradas más grandes, no toman en serio las consecuencias de la
pandemia de Covid-19, ni obedecen lo que establecen las autoridades, ni
lo que incluso está contemplado en la Ley Federal del Trabajo y en la
Constitución, que inevitablemente se refleja en el cumplimiento de las
leyes sanitarias. Los trabajadores de la mina de Francisco I. Madero, en
el estado de Zacatecas, cuyo dueño es el Grupo Peñoles, de Alberto
Baillères, decidieron hacer un paro de labores porque la compañía no
quería pagar lo que les correspondía por concepto de reparto de
utilidades, ni tampoco quiso reconocer el derecho de los trabajadores a
escoger a la organización sindical que ellos habían elegido porque
estaban cansados de las traiciones de un sindicato charro,
sometido total e incondicionalmente por Peñoles, pero además porque así
está establecido en la nueva Ley Federal del Trabajo, la cual señala que
los trabajadores pueden ejercer su voto libre, personal y secreto para
elegir a la organización sindical a la que ellos desean pertenecer y a
sus líderes, y no que se los impongan.
El Grupo Peñoles respondió en forma ilegal cerrando la mina, con tal
de no reconocer ese derecho a la libertad de asociación de los
trabajadores. Envió a su casa a más de 500 personas, sin ninguna
consecuencia legal o política en contra de la empresa. Ésta argumentó
que los precios de los metales estaban bajos y que el mercado es
complicado, de lo cual pareció ser que no se habían dado cuenta hasta
que los trabajadores iniciaron una huelga en señal de protesta, pero
sobre todo tomaron la decisión de aplicar el derecho a la libertad de
asociación, garantizado en los convenios 87 y 98 de la Organización
Internacional del Trabajo que el gobierno de México tiene firmados como
obligación desde hace muchos años.
Estos casos contradicen la buena fe y la disposición de los
funcionarios gubernamentales, lo cual es un gran factor de riesgo cuando
se aplica a las situaciones sanitarias, pero también exhiben la
arrogancia, la prepotencia y la impunidad con la que actúan los
integrantes del poder económico que se sienten intocables y a salvo de
sus obligaciones para cumplir con la ley, con México y con los
mexicanos.
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