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Ciudad de México. México presume a otros países su
política exterior feminista, pero desde 2019 la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) no tienen
ningún programa con acciones para mujeres en contextos de migración,
incumplen los tratados internacionales en esta materia y favorecen
acuerdos binacionales que violan los Derechos Humanos. En ello coinciden
especialistas de organizaciones civiles que acompañan a migrantes en
México y países colindantes, y mujeres y niñas en tránsito por nuestro
país, y solicitudes de información a la SRE, la Segob y el Instituto
Nacional de Migración (INM).
Política feminista deja fuera a las migrantes y no tiene plan operativo
Otros países del norte global, como Francia, Canadá, Noruega y
Suecia, tienen una política exterior “feminista” basada en acciones de
protección para las mujeres y las niñas migrantes y refugiadas. La
política mexicana, sin embargo, no incluye a este grupo sino que se centra en elevar el “liderazgo” de las mujeres al interior de la dependencia y en espacios internacionales.
La SRE aseguró que la política “feminista” de México se distingue de
otros países por transversalizar los Derechos Humanos y el género en
todas las áreas de la política exterior, sin embargo Cimacnoticias
constató en un documento enviado por la cancillería (que puedes consultar aquí), que carece de una estructura programática formal, lo que hace imposible evaluar sus resultados.
Su coordinación quedó a cargo de la Subsecretaría para Asuntos
Multilaterales y Derechos Humanos, de la SRE, (encabezada por Martha
Delgado) cuya función es el diseño e instrumentación de la política
exterior de México, la cooperación con el sistema internacional de DH y
el diálogo con organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo, para la elaboración de esta política la SRE no consultó a
ninguna organización civil que trabaja con mujeres migrantes en México y
que en años anteriores impulsaron varias políticas en materia
migratoria y DH. Cuando las organizaciones presentaron críticas y
propuestas directas al canciller por este plan, fueron ignoradas y las
puertas se cerraron para ellas.
La directora general de Formación y Capacitación (FOCA A.C) y
coordinadora de la Red Nacional Mesoamericana Mujer, Salud y Migración
(integra por 25 colectivos de México, Honduras, Guatemala y El
Salvador), Diana Damián, relató que luego de hacerse pública la política
feminista, la delegación de la SRE en Chiapas reunió a un grupo muy
reducido de organizaciones civiles para mostrarla. En esa reunión, la
defensora les criticó que no tenía fundamento, plan de acción,
estrategias feministas o redes de aliadas que pudieran monitorearla. “Es
sólo un discurso”, les dijo.
De acuerdo con Damián, los funcionarios argumentaron que pasaría del
discurso a la práctica después. Lejos de abstenerse de presentar una
política no acabada, la SRE la presentó en Quito, Ecuador, durante una
reunión del Pacto Global para una Migración Segura y Ordenada, uno de
los foros de más alto nivel en la materia. Damián expresó ahí que era
irresponsable que a nivel internacional promuevan una posición feminista
cuando el gobierno federal no comparte esa visión.
En otros encuentros, la defensora solicitó directamente a Marcelo
Ebrard Casaubón que garantice espacios exclusivos para mujeres en las
estaciones migratoria para evitar violaciones y que deje de detenerlas,
pero la política “feminista” no alcanzó para ello. Por el contrario,
esta administración, dijo Damián, se ha caracterizado por no tener
puentes de diálogo reales entre sociedad civil y cancillería. “El
gobierno hizo de lado a la sociedad civil y no tomó en cuenta todo el
bagaje que se traía de años anteriores”.
La política exterior feminista “es muy discursiva. Han tomado estas
palabras para posicionarse a nivel internacional como un gobierno de
avanzada, pero no es cierto”. Damián explicó que, con base en los 80
acompañamientos jurídicos y psicológicos que actualmente hacen a mujeres
migrantes en el sur del país, se puede constatar que México no cuenta
con una estrategia o un plan de acción para ellas.
Una burla que un gobierno con feminicidio se autonombre feminista
Por su parte, la coordinadora de política pública del no
gubernamental Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI),
Berenice Valdez Rivera, criticó que los gobiernos se autoproclamen
feministas. “Tiene que haber toda una lucha, líneas rectoras más allá de
la incorporación de la perspectiva de género en políticos. Se tiene que
ver traducido en la población, en la igualdad social y en el acceso a
derechos, y todos eso son números rojos en México. La verdad es un
absurdo, suena a burla”.
Valdéz confirmó que ninguna organización fue invitada a participar en
el proceso de elaboración de esta política y, en su caso, nunca se les
presentó de manera particular. “Lo que nos parece extraño porque
nosotras hemos participado en procesos internacionales y recibimos
noticias de la cancillería, pero jamás recibimos un aviso previo sobre
esta política hasta que se anunció mediaticamente”, precisó.
Antes de que se presentara la propuesta, Imumi buscó a cancillería
para hablar sobre cómo la movilidad y los acuerdos internacionales con
EU y Centroamérica impactaban negativamente la vida de las mujeres, pero
“hemos encontrado puertas cerradas”. No hemos podido tener una sola
reunión con la subsecretaria (Martha Delgado). Hemos sentido que se han
cerrado canales que antes sí había. Ni en lo que ellos llaman política
feminista ni de migración hemos podido incluir nuestras propuestas”,
declaró la experta.
De acuerdo con Valdéz, Imumi ha hecho llegar sus propuestas de
política pública al Subsecretario de DH, Población y Migración,
Alejandro Encinas, a Martha Delgado, al subsecretario de América del
Norte, al consejo Consultivo de Migración y al Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres), pero no han tenido ninguna devolución ni se han
incorporado las propuestas.
AMLO inicia administración sin políticas para las migrantes
Andrés Manuel Obrador asumió la presidencia de México en diciembre de
2018, apenas un mes después de que llegaran a México éxodos masivos de
personas migrantes, especialmente mujeres embarazadas, con sus familias,
adultas mayores, adolescentes y menores de edad que atravesaron de
manera irregular y colectiva la frontera sur del país.
Exactamente en esa fecha se venció la vigencia del Programa Especial
de Migración (PEM), la única política migratoria que planteaba objetivos
y acciones específicas para cada dependencia de gobierno a favor de las
mujeres migrantes. El programa contenía líneas de acción específicas
para, por ejemplo, impulsar acciones afirmativas que garanticen a las
mujeres migrantes obtener documentos migratorios con independencia de su
pareja; implementar un protocolo específico para la repatriación segura
y ordenada de mujeres, niñas, niños y adolescentes mexicanos no
acompañados; o asegurar la atención médica a mujeres migrantes víctimas
de violencia sexual y a migrantes embarazadas durante su tránsito por
México.
Valdez Rivera, de Imumi, explicó que la propuesta de sociedad civil
era que la administración de López Obrador retomara en un programa
reforzado los pendientes que dejó la administración pasada con el PEM,
para el cual sólo se cumplió con algunas adecuaciones legislativas o
marcos normativos, principalmente porque no tenía presupuesto, la
autoridad local actuaba a discreción y los indicadores no eran de
impacto.
Para ello, explicó Valdéz, las organizaciones se reunieron desde el
inicio de la administración con la Unidad de Política Migratoria, que
forma parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y
Migración, de la Segob, quien por ley está a cargo de la política
migratoria.
La Unidad organizó tres foros para revisar la política migratoria,
pero no invitó a la sociedad civil. Imumi acudió a uno de esos foros en
Tijuana y observó, de acuerdo con Valdéz, que no hubo seriedad ni
transparencia. El gobierno dejó de comunicar a Imumi sobre este proceso y
más tarde supieron que ahora habría un Programa de Política Migratoria.
Imumi propuso hacer un grupo con organización civil y gobierno para
conocer el contenido, pero la unidad no las volvió a recibir.
“Creemos que con esta administración se ha debilitado la rendición de
cuentas: no es posible hacer un monitoreo, no hay información básica de
correos electrónicos y números telefónicos de funcionarios y las
páginas están desactualizadas. Cuando pedimos información vía
transparencia nos hacen llegar presentaciones PPT en PDF con información
somera, no es una información de planeación de una administración
pública”, criticó la experta. No sólo no hay programas, tampoco hay
recursos para la atención de las mujeres. El gobierno federal quitó del
presupuesto público el programa 3X1, que era para apoyo comunidades a
migrantes.
Cancillería manda en política migratoria y Segob opera para violar DH de migrantes
Al inicio de la administración morenista, las expertas también
pidieron que hubiera una reestructura entre las dependencias y que se le
diera más vinculación jurídica a la Unidad de Política Migratoria para
que la actuación del INM se apegara a los programas, pero eso tampoco se
hizo.
“Es claro que en esta administración quien ha asumido la batuta y la
política de facto en migración es Cancillería y Presidencia, y
Gobernación no está haciendo realmente ningún papel más que el operativo
violatorio de DH que hace el INM”, declaró Valdéz.
México no tiene un marco de política pública paras las mujeres en la
migración el peor momento, ya que nunca antes había albergado a
diferentes grupos de personas migrantes como hasta ahora. Además de las
caravanas migrantes que siguieron llegando al país hasta antes de la
pandemia, México aceptó recibir a las personas solicitantes de refugio
en EU y, durante la contingencia sanitaria nuestro país empezó a recibir
deportaciones de personas no mexicanas.
Esta relación bilateral que ha hecho México con EU ha ido en contra
de los DH de las migrantes, ya que, de acuerdo IMUMI, muchas
solicitantes de asilo en EU viven en condición de indigencia en los
estados del norte del país sin posibilidades de acceder al empleo por su
solicitud; asimismo, el resto de las mujeres migrantes, incluyendo
mexicanas deportadas, no pueden acceder a los programas sociales por
falta de documentos de identidad y los rezagos en el tiempo de respuesta
para acceder a la condición de refugiada.
“Las mujeres migrantes olvidadas en la programática nacional como en
los programas existentes generales en los que deberían estar incluidas”,
explicó Valdéz, quien detalló que sus propuestas que el gobierno
federal se niega a recibir e incluir no son más que acciones para
cumplir con lo que ordenan los tratados vinculantes sobre derechos de
las mujeres y migrantes, como la CEDAW, a México. Paradójicamente,
cumplir estos tratados es el primer objetivo que tiene la política
exterior “feminista”.
Entre los únicos cuatro puntos que describe la política exterior
feminista sobre servicios consulares para las mujeres, está la llamada
Ventanilla Integral de atención a la Mujer, que adoptó la SRE desde
2017, pero de acuerdo con ambas expertas consultadas, las mujeres
migrantes y las promotoras con las que trabajan no las conocen.
En marzo pasado, Cimacnoticias conversó con dos familias, una de
Honduras y otras de El Salvador, cuando fueron liberadas de la Estación
Migratoria en Comitán, Chiapas. Las familias estaban integradas
principalmente por mujeres de diferentes edades que iban desde adultas
mayores hasta niñas. Todas ellas se vieron presionadas para salir de sus
países por hechos de violencia que impactaron directamente sus vidas,
como el asesinato de un integrante de sus familias.
Las familias, evidentemente afectadas emocionalmente, relataron que
fueron detenidas de manera intimidatoria por la Guardia Nacional. Esto
produjo estrés en las y los niños que iban con ellas. Contrario a lo que
marca la ley, las familias enteras, incluyendo a las menores de edad,
fueron recluidas en una estación migratoria. Las y los niños relataron
que enfrentaron hambre, porque no recibieron una alimentación adecuada.
También se contagiaron de una gripe y les dio un sarpullido producido
por dormir en colchonetas sucias.
Si bien las personas no deben permanecer más de siete días, de
acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, en diciembre de 2019 hubo
decenas de mujeres, principalmente hondureñas, que pasaron hasta 150
días en las Estaciones Migratorias. En dos casos, las mujeres
permanecieron 250 días.
Cimacnoticias buscó a la SRE para que explique cuáles son sus
acciones para la atención a las mujeres migrantes, pero nos remitió al
INM.
20/AJSE/LGL
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