Ciudad de México. Organizaciones civiles urgieron a
la Secretaría de Gobernación (Segob) a declarar la Alerta de Violencia
de Género (AVG) en Guerrero por agravio comparado, toda vez que las
autoridades estatales han incumplido en garantizar el acceso a la salud y
a la justicia a víctimas de violencia sexual.
De cara a este 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud
de las Mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio
(OCNF) organizó una conferencia de prensa virtual para informar los
obstáculos que han enfrentado las distintas organizaciones peticionarias
durante el proceso para la declaratoria de la segunda AVG en Guerrero.
Desde 2017, ocho municipios de la entidad guerrerense ya cuentan con
una AVG por violencia feminicida. Ante el fracaso en la reducción de la
violencia en la entidad, las organizaciones se vieron orilladas en 2019 a
exigir una segunda AVG, pero por agravio comparado, es decir, porque un
ordenamiento jurídico vigente o una política pública transgreda los
Derechos Humanos de las Mujeres.
En el caso de Guerrero, el agravio comparado existe porque su
artículo 159 del Código Penal, sobre las causales en caso de aborto,
establece que cuando el embarazo es resultado de una violación el
Ministerio Público debe comprobar los hechos para autorizar su práctica.
Esto va en contra de la Norma Oficial Mexicana 046, sobre criterios
para la atención para víctimas de violencia familiar, sexual y contra
las mujeres, que señala que este documento no es necesario.
En la conferencia de hoy, las peticionarias –entre ellas Justicia,
Derechos Humanos y Género, A.C.– aseguraron que a un año de haber
solicitado la segunda Alerta, desconocen si la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) ha
solicitado al gobierno del estado información sobre la implementación de
las recomendaciones durante el plazo de seis meses establecido en el
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia.
Asimismo, dijeron, se desconoce si esta información ya ha sido
presentada por las autoridades estatales y si fue remitida al Grupo
Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) para la realización del
dictamen sobre la implementación de las propuestas emitidas en el
Informe de la Alerta de Género.
Las ausencias y omisiones de las autoridades, de acuerdo con las
organizaciones, ha profundizado el contexto de violencia en la entidad.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, de enero de 2019 a abril del 2020 se registraron en
la entidad 312 casos de violación, 389 casos de abuso sexual y 11
denuncias por aborto.
De igual manera, las autoridades sanitarias siguen obstaculizando el
acceso a un procedimiento de aborto seguro a las víctimas de violación,
ya que aún exigen a las mujeres que pidan documentos probatorios de la
agresión, a las autoridades judiciales o al Centro de Justicia para las
Mujeres antes de realizarles el procedimiento, de acuerdo con las
organizaciones.
Aunque no hay cifras oficiales sobre el nivel de incumplimiento de la
NOM046, hay muchos casos documentados por las organizaciones de la
sociedad civil que lo demuestran. Un ejemplo, señalaron, es el caso de
Esmeralda, una niña de 14 años de edad con discapacidad intelectual, que
presentó un embarazo después de haber sido víctima de violación sexual.
A pesar que el embarazo ponía en riesgo la vida de Esmeralda, no se le
realizó una interrupción legal del embarazo (ILE). La hija de Esmeralda
murió al nacer por complicaciones de salud. Hace un mes, tras realizar
una visita de seguimiento, el personal de salud pudo constatar que la
hermana menor de Esmeralda, quien también tiene discapacidad cognitiva,
es víctima de violación.
Aun cuando el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las
Mujeres en Guerrero (OBVIO) insistió a la Procuraduría del Menor del DIF
estatal y al Instituto Municipal de la Mujer en Acapulco para que
brinden atención a la hermana de Esmeralda, la visita domiciliaria se
realizó sin respetar el protocolo de atención a víctimas de violencia y
no fue inmediata bajo el pretexto de la pandemia por COVID-19.
La integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, reveló
que las autoridades estatales con responsabilidades establecidas en la
solicitud de la segunda AVG y la Conavim, han celebrado sesiones para el
seguimiento de la AVG sin la presencia del Sistema, han incumplido los
plazos para la entrega de información y avances, el Grupo
Interdisciplinario ha retrasado o dilatado los procesos y la información
ha sido opaca. Esto a pesar de que Reyna, como parte del Sistema
Estatal, ha enviado oficios y comunicaciones constantes para exigir
información.
Por su parte, la integrante del OBVIO, también peticionaria de la
segunda AVG, Viridiana Gutiérrez Sotelo, señaló que la NOM046 no se
aplica en Guerrero por el candado al aborto que persiste en el Código
Penal y recordó que, desde el inicio de la solicitud, Conavim puso
trabas para esta Alerta.
La defensora señaló que aunque la Secretaría de Salud estatal dice
que su personal está capacitado para atender a víctimas de violencia
sexual, en la práctica las organizaciones han encontrado que desconocen
los protocolos, además de que muchas médicas y médicos aún se resisten a
practicar abortos legales o tomar los talleres. En el caso de la
Fiscalía del estado, las organizaciones se percataron por medio de
reuniones que el personal judicial no estaba informado sobre las
recomendaciones que se le hicieron a la entidad tras la solicitud de la
segunda AVG.
El abogado e integrante de la organización Justicia, Derechos Humanos
y Género, Rodolfo Domínguez, dijo que se observa retardo injustificado y
omisiones por parte de autoridades estatales pero también federales, ya
que la Conavim es la instancia responsable de dar seguimiento y evaluar
el cumplimiento de las acciones pero ha ido invisibilizando su papel
con respecto a las AVG, pues no da seguimiento ni evalúa su
cumplimiento.
Por todo esto, las organizaciones pidieron a la Secretaría de
Gobernación declarar de manera urgente la AVG para el Estado de Guerrero
por Agravio Comparado; al gobierno de Guerrero pidieron hacer públicos
los avances e indicadores de cumplimiento de la Alerta de Género previa;
y al Congreso del estado exiguieron reformar el artículo 159 del Código
Penal del Estado, fracción I, con relación a La Ley General de
Víctimas, la NOM-046 y el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud,
para que se garantice el acceso de las mujeres a la ILE de manera
segura.
Asimismo, pidieron a la Secretaría de Salud fortalecer el Programa de
Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género en el estado
de Guerrero. En particular, se deben fortalecer las vertientes de
prevención por violencia sexual, embarazos no deseados, VIH, Infecciones
de Transmisión Sexual (ITS), prevención del suicidio, así como la
vertiente de atención para la violencia sexual (tratamiento
especializado médico, kit profiláctico, tratamiento psicológico
especializado para la violencia extrema, psicológico y psiquiátrico),
teniendo como uno de los indicadores de cumplimiento, la elaboración e
implementación de una guía de atención a solicitudes de ILE.
Las organizaciones también pidieron a la Fiscalía del Estado
fortalecer la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual,
reorientar recursos económicos y materiales para la mejor operación de
la fiscalía especializada. Capacitar sobre la NOM-046 -desde el marco de
los Derechos Humanos, con enfoque de género y multicultural- a las y
los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia
encargados de atender a mujeres víctimas de violencia sexual, revisar y
dar seguimiento a las carpetas de investigación (en proceso) de casos de
mujeres consignadas por el delito de aborto en la entidad.
20/AJSE/LGL
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