Saltillo, Coah. La coordinadora del Comité
Fronterizo de Obreras en Coahuila, Julia Quiñones, señaló que las
mujeres que trabajan en la industria maquiladora en los municipios de
Ciudad Acuña y Piedras Negras, se encuentran en una situación económica
difícil, ya que las empresas frente a la pandemia del COVID-19
decidieron primero adelantar vacaciones y después, al ampliarse la
contingencia, se les redujo su salario en un 50 por ciento, más no así
los pagos al Infonavit y el Fonacot. Hubo casos donde se percibían menos
de cien pesos.
La defensora de derechos laborales sostuvo que en la frontera norte
de Coahuila laboran 35 mil personas en la industria maquiladora y 55 por
ciento son mujeres, quienes para completar sus gastos familiares tienen
que laborar los fines de semana en otras actividades debido a la
suspensión de actividades en las maquilas por la pandemia.
En el caso de las empresas que no suspendieron labores, el Comité
Fronterizo de Obreras recibió varias quejas porque al interior de las
maquilas no se respetaban las medidas sanitarias. Existe hacinamiento y
jamás las autoridades, ni federales ni estatales, llevaron a cabo
supervisiones.
Quiñones indicó que una de las empresas es Transformadores, donde las
operarias fueron obligadas a seguir trabajando sin estas medidas de
sana distancia y presentaron algunas problemas de dolor de cabeza, que
no fueron grandes pero tampoco hubo respuesta de los ejecutivos para
revisar su condición de salud o aplicar pruebas de COVID-19.
La organización tiene la preocupación que al reactivarse las labores
de todo el sector maquilador, las trabajadoras estén expuestas a
contagios de coronavirus, debido a que en muchas de las empresas no hay
jabón en sanitarios o el comedor.
El Comité Fronterizo lanzó el pasado 27 de abril el documento “Adentro estamos amontonados… en los baños ni jabón hay” que
a través de entrevistas documentan cómo las trabajadoras y trabajadores
de las maquiladoras de la frontera norte están viviendo la contingencia
sanitaria por el COVID-19.
Entre las experiencias de quienes siguen laborando bajo el argumento
que son servicios esenciales, narran que adentro de las fábricas la
producción sigue en un ritmo acelerado, “no ha cambiado nada o muy
poco”, aseveran.
Aunque hubo trabajadoras que pudieron pasar la cuarentena en sus
hogares, esto tampoco les aseguró su seguridad debido a que algunas han
experimentado violencia familiar y consecuencias como la falta de acceso
a alimentos básicos más baratos que ha producido el cierre de la
frontera con Estados Unidos en la comunidad en general.
“Aunque hay instancias de gobierno u ONG de protección a las mujeres,
no es fácil que las trabajadoras se enteren o se atrevan a ir. Muchas
no tienen dinero para comprarse un teléfono inteligente, apenas tienen
uno básico. Muchas pueden tener temores bien fundados respecto a su
pareja y además está el hecho de que se supone que no hay que salir de
casa. Otras veces no tienen confianza o simplemente desconocen cómo una
oficina para la protección de la mujer les podría ayudar”, relata un
testimonio.
De acuerdo con el Comité las trabajadoras se han organizado, están
atentas a casos de violencia de sus comparñeras para ofrecer ayuda y
canalizarlas con personas de confianza o instancias encargadas de la
protección de mujeres.
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