Es como un relanzamiento. Un segundo aire cuando parecía que el oxígeno político le faltaba. Un fantasma de peores horrores por venir, para justificar y apuntalar sus planes de continuismo (con elecciones, sin ellas o con ellas a medias) mediante borregos apellidados Cordero u otras formas de suplantación política a las que obligaría la terrible realidad. Una manera de reordenar y aprovechar a sus críticos civiles institucionalizados, de por sí ya bastante difuminados y alineados (con besos y sin ellos). Una justificación oportuna para reanudar caravanas policiacas y militares efectistas rumbo al norte (de donde otros pobladores, como los juarenses, han pedido fundadamente su expulsión por ser causantes de peores males que los presuntamente combatidos). Un revitalizador energético para sus discursos que pueden seguir siendo los mismos, pero ahora dichos con más vehemencia y con rostro y manos de más dureza expresiva. Una recarga argumental de chantajismo patriótico para impulsar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Y una nueva ocasión para insistir en la cantaleta de todo lo que va del sexenio: la unidad nacional, entendida como cierre de filas en torno a él, Felipe W. Calderón, esta vez a causa de las Torres Gemelas que en la versión nativa han sido un estadio torreonense y un casino regiomontano.
Tres días de luto nacional inmediato cuando el mismo declarante tardó un año para decretarlo en el caso de los 49 niños muertos en la guardería ABC. Instalación apresurada, contundente y repetitiva del concepto de terrorismo que habrá de justificar los excesos cometidos por una administración bélica que así cree contar con una coartada o atenuante en razón de ese nuevo eje del mal. Felipe y su vocero Poiré, que se muestran ante cámaras con grandes enojos y sus parlamentos salen cargados de adjetivos descalificatorios, que pueden ser entendidos y compartidos si se escuchan en labios de los familiares de las víctimas, pero que en voz de los altísimos funcionarios públicos mencionados suenan más a enjundia en busca de exculpación mediante la teatralidad y que a oídos de los mexicanos, largamente especializados en detección de sospechosismos, parecieran encubrir propósitos proporcionalmente inversos a la vehemencia escenográfica.
Recomposición oportunista a la que en nada sustancial afectarán los incidentes y vericuetos de las investigaciones oficiales (ya anoche se anunciaba la detención de dos presuntos responsables del ataque al casino regiomontano). Lo importante era y es colocar en la marquesina social el arranque de la nueva temporada, la del terrorismo como justificación, discurso y proyecto. Por lo pronto, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones pide acompañar al licenciado Calderón en este trayecto difícil (tejedor, el sonorense, de presuntos puntos finos que pudieran ayudarle a ver la caída del copete delantero, por errores de él mismo o por metralla política de Los Pinos). Y la violencia política como amenaza, natural o fabricada, alcanza incluso un acto de Andrés Manuel López Obrador en el delicadísimo Nuevo Laredo, donde un presunto grupo de choque de la directiva estatal perredista golpeó con bates y manoplas a asistentes a un mitin del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuando éste había terminado, según eso en represalia por las denuncias hechas en el curso de esa reunión contra el dirigente estatal del sol azteca. Dato aparentemente menor, circunstancial, enteramente local, pero que da cuenta de los riesgos constantes que corre el ejercicio cívico y político desde posturas críticas.
Astillas
El asesinato del periodista sinaloense Humberto Millán constituye una ofensa y una amenaza para el honesto ejercicio crítico desde los medios de comunicación. A diferencia de otros casos en los que asoman o son colocados ciertos ribetes polémicos para incluir entre las posibles causas de la autoría de esos crímenes alguna forma de relación de periodistas con el poder corruptor y vengativo del narcotráfico, en el caso de Millán hay una extendida convicción de que su muerte tiene como contexto único el ejercicio crítico respecto de la clase política estatal. Así lo han entendido la inmensa mayoría (por no decir la totalidad) de sus propios compañeros de oficio, el dirigente estatal del PAN y el propio gobierno estatal, además de que un compañero del difunto Millán ha hecho saber que cuenta con un video en el que el periodista, ya bajo amenaza, dejó constancia de sus sospechas respecto a quienes desde el poder político podrían atentar contra su vida. Por lo pronto, el secretario general del gobierno de Sinaloa ha acudido ante la procuraduría estatal para declarar en torno a las presunciones (que ha negado categóricamente) de que él, ampliamente criticado por Millán e incluido en la lista de sospechosos, según la versión del amigo depositario del video de denuncia, podría ser autor intelectual del levantón y posterior ejecución del periodista sinaloense. Sabido es que el narcotráfico ha infiltrado también ciertos segmentos del ejercicio periodístico, y que en varios estados del país hay redacciones donde los grupos delincuenciales dominantes tienen virtuales jefes de prensa que reparten gratificaciones y proponen enfoques noticiosos o sugieren censuras siempre acatadas, además de servir como halcones internos para denunciar ante sus patrones informales a aquellos que aun sin firmar sus notas o reportajes escriban de manera adversa al interés de los jefes. Pero, en una zona minada como es Sinaloa, el asesinato de Humberto Millán –sin nexo conocido o sugerido con esos asuntos oscuros– es una forma de acrecentar la violencia contra quienes analizan y critican los asuntos públicos, en especial los políticos, sin dejarse contaminar por el narco. Con lo sucedido en Monterrey el país ha sido llevado por el calderonismo a una fase superior del control social mediante el miedo. Con lo sucedido en Culiacán también se ha avanzado un paso en el ataque a las posturas críticas en los medios de comunicación. ¡Hasta mañana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Tres días de luto nacional inmediato cuando el mismo declarante tardó un año para decretarlo en el caso de los 49 niños muertos en la guardería ABC. Instalación apresurada, contundente y repetitiva del concepto de terrorismo que habrá de justificar los excesos cometidos por una administración bélica que así cree contar con una coartada o atenuante en razón de ese nuevo eje del mal. Felipe y su vocero Poiré, que se muestran ante cámaras con grandes enojos y sus parlamentos salen cargados de adjetivos descalificatorios, que pueden ser entendidos y compartidos si se escuchan en labios de los familiares de las víctimas, pero que en voz de los altísimos funcionarios públicos mencionados suenan más a enjundia en busca de exculpación mediante la teatralidad y que a oídos de los mexicanos, largamente especializados en detección de sospechosismos, parecieran encubrir propósitos proporcionalmente inversos a la vehemencia escenográfica.
Recomposición oportunista a la que en nada sustancial afectarán los incidentes y vericuetos de las investigaciones oficiales (ya anoche se anunciaba la detención de dos presuntos responsables del ataque al casino regiomontano). Lo importante era y es colocar en la marquesina social el arranque de la nueva temporada, la del terrorismo como justificación, discurso y proyecto. Por lo pronto, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones pide acompañar al licenciado Calderón en este trayecto difícil (tejedor, el sonorense, de presuntos puntos finos que pudieran ayudarle a ver la caída del copete delantero, por errores de él mismo o por metralla política de Los Pinos). Y la violencia política como amenaza, natural o fabricada, alcanza incluso un acto de Andrés Manuel López Obrador en el delicadísimo Nuevo Laredo, donde un presunto grupo de choque de la directiva estatal perredista golpeó con bates y manoplas a asistentes a un mitin del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuando éste había terminado, según eso en represalia por las denuncias hechas en el curso de esa reunión contra el dirigente estatal del sol azteca. Dato aparentemente menor, circunstancial, enteramente local, pero que da cuenta de los riesgos constantes que corre el ejercicio cívico y político desde posturas críticas.
Astillas
El asesinato del periodista sinaloense Humberto Millán constituye una ofensa y una amenaza para el honesto ejercicio crítico desde los medios de comunicación. A diferencia de otros casos en los que asoman o son colocados ciertos ribetes polémicos para incluir entre las posibles causas de la autoría de esos crímenes alguna forma de relación de periodistas con el poder corruptor y vengativo del narcotráfico, en el caso de Millán hay una extendida convicción de que su muerte tiene como contexto único el ejercicio crítico respecto de la clase política estatal. Así lo han entendido la inmensa mayoría (por no decir la totalidad) de sus propios compañeros de oficio, el dirigente estatal del PAN y el propio gobierno estatal, además de que un compañero del difunto Millán ha hecho saber que cuenta con un video en el que el periodista, ya bajo amenaza, dejó constancia de sus sospechas respecto a quienes desde el poder político podrían atentar contra su vida. Por lo pronto, el secretario general del gobierno de Sinaloa ha acudido ante la procuraduría estatal para declarar en torno a las presunciones (que ha negado categóricamente) de que él, ampliamente criticado por Millán e incluido en la lista de sospechosos, según la versión del amigo depositario del video de denuncia, podría ser autor intelectual del levantón y posterior ejecución del periodista sinaloense. Sabido es que el narcotráfico ha infiltrado también ciertos segmentos del ejercicio periodístico, y que en varios estados del país hay redacciones donde los grupos delincuenciales dominantes tienen virtuales jefes de prensa que reparten gratificaciones y proponen enfoques noticiosos o sugieren censuras siempre acatadas, además de servir como halcones internos para denunciar ante sus patrones informales a aquellos que aun sin firmar sus notas o reportajes escriban de manera adversa al interés de los jefes. Pero, en una zona minada como es Sinaloa, el asesinato de Humberto Millán –sin nexo conocido o sugerido con esos asuntos oscuros– es una forma de acrecentar la violencia contra quienes analizan y critican los asuntos públicos, en especial los políticos, sin dejarse contaminar por el narco. Con lo sucedido en Monterrey el país ha sido llevado por el calderonismo a una fase superior del control social mediante el miedo. Con lo sucedido en Culiacán también se ha avanzado un paso en el ataque a las posturas críticas en los medios de comunicación. ¡Hasta mañana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
A veces resulta sugerente escribir una línea de puntitos entre sucesos aparentemente desconectados. 2001: En los primeros días del gobierno de Fox se fuga de la cárcel El Chapo. 2004: Fox permite abrir casinos. 2011: Fox propone tregua con mafias, legalizar drogas y amnistía a los responsables de más de 50 mil ejecuciones –incluyendo las que ocurrieron en su sexenio. Dejo a su reflexión esta pregunta: ¿a qué intereses sirve el ex presidente?
La prohibición
Hay circunstancias que conviene recordar, aunque no faltará quienes quisieran que no las recordáramos. Existía una prohibición de instalar y operar casinos en México desde 1938. El entonces presidente Lázaro Cárdenas los prohibió porque son focos de atracción de vicio y de mafias. Los mafiosos de Las Vegas se estaban extendiendo a Baja California, donde ya operaban cuatro hipódromos, entre ellos el de Aguacaliente, hoy operado por Jorge Hank Rhon. Fue clausurado. En 1947, el presidente Alemán dio un paso atrás. Publicó la Ley Federal de Juegos y Sorteos; su primer artículo ratifica la prohibición, pero dejó abiertos muchos agujeros por los cuales se colaron hipódromos, galgódromos y casas de apuestas. Fue reabierto el Hipódromo de Aguacaliente y un famoso personaje a quien se ligaba con la mafia, Johnny Salvatore Alessio, se convertiría en director, hasta el incendio que lo destruyó. En el sexenio de Fox fueron presentadas algunas iniciativas en la Cámara de Diputados para modificar radicalmente la prohibición. Se desató una discusión pública; incluso la sociedad civil creó un organización llamada Di no a los casinos y hubo desplegados en los periódicos. Los grupos que abogaban por los casinos encontraron en la ex senadora y ex secretaria de Turismo Silvia Hernández, del PRI, a una activa promotora. En la Cámara de Diputados los combatió Martí Batres. Se movieron dinero e influencias. El tema se atoró en la Cámara y entonces el presidente Fox y su secretario de Gobernación, Santiago Creel, pasando por encima de la Cámara, publicaron un decreto que abrió las puertas de par en par al juego. Luego se conocería que tenía destinatario: Televisa. Había solicitado 130 permisos, y Fox y Creel se los entregaron. Fox quería asegurarse la protección de la televisora para él, la señora Marta y los Bribiesca, sus hijos; Creel quería ser presidente. La Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte, argumentando que Fox se había extralimitado en sus funciones. Y la Corte, en una de sus más lamentables actuaciones –ha tenido muchas–, dejó en pie el reglamento. Las ministras Margarita Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero defendieron la seriedad y profesionalismo con que la Suprema Corte trató el tema. Los hechos de hoy comprueban la verdad de lo que en 1938 dijo el presidente Cárdenas: los casinos son centro de atracción de las mafias.
Opciones
¿Es posible cancelar los permisos a los centros de apuestas que operan hoy? Difícilmente. Se puede legislar para impedir la apertura de otros, pero en cuanto a los que existen, ¿quién va a enfrentar a Televisa, a los Hank o a los Aguirre? Los tribunales se llenarían de amparos. Sin embargo, hay una ruta posible y se parece mucho a la que siguieron Los Intocables en el Chicago de Al Capone: atacarlos fiscalmente. La Secretaría de Hacienda emitió ayer un comunicado, del cual extraigo sus puntos esenciales:
“El gobierno federal informa de los resultados obtenidos durante el operativo de verificación de cumplimiento de obligaciones fiscales y de comercio exterior de casinos en Nuevo León.
“El operativo inició el viernes 26 de agosto y culminó la tarde de este sábado 27; durante las acciones se verificó la legal estancia y tenencia en el país de más de 5 mil máquinas de juego y apuestas, embargándose más de 3 mil 500 que presentaron irregularidades en materia de comercio exterior. También se detuvo a tres personas a quienes se les aseguraron tres armas de fuego. En el evento se contó con la participación de alrededor de 700 elementos del Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República. El jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, agradeció a las instituciones participantes y citó al presidente Felipe Calderón en el sentido de que es fundamental debilitar de manera sistemática la estructura financiera y operativa de grupos criminales.”
Ese es el camino y es más efectivo que el de las balas.
La prohibición
Hay circunstancias que conviene recordar, aunque no faltará quienes quisieran que no las recordáramos. Existía una prohibición de instalar y operar casinos en México desde 1938. El entonces presidente Lázaro Cárdenas los prohibió porque son focos de atracción de vicio y de mafias. Los mafiosos de Las Vegas se estaban extendiendo a Baja California, donde ya operaban cuatro hipódromos, entre ellos el de Aguacaliente, hoy operado por Jorge Hank Rhon. Fue clausurado. En 1947, el presidente Alemán dio un paso atrás. Publicó la Ley Federal de Juegos y Sorteos; su primer artículo ratifica la prohibición, pero dejó abiertos muchos agujeros por los cuales se colaron hipódromos, galgódromos y casas de apuestas. Fue reabierto el Hipódromo de Aguacaliente y un famoso personaje a quien se ligaba con la mafia, Johnny Salvatore Alessio, se convertiría en director, hasta el incendio que lo destruyó. En el sexenio de Fox fueron presentadas algunas iniciativas en la Cámara de Diputados para modificar radicalmente la prohibición. Se desató una discusión pública; incluso la sociedad civil creó un organización llamada Di no a los casinos y hubo desplegados en los periódicos. Los grupos que abogaban por los casinos encontraron en la ex senadora y ex secretaria de Turismo Silvia Hernández, del PRI, a una activa promotora. En la Cámara de Diputados los combatió Martí Batres. Se movieron dinero e influencias. El tema se atoró en la Cámara y entonces el presidente Fox y su secretario de Gobernación, Santiago Creel, pasando por encima de la Cámara, publicaron un decreto que abrió las puertas de par en par al juego. Luego se conocería que tenía destinatario: Televisa. Había solicitado 130 permisos, y Fox y Creel se los entregaron. Fox quería asegurarse la protección de la televisora para él, la señora Marta y los Bribiesca, sus hijos; Creel quería ser presidente. La Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte, argumentando que Fox se había extralimitado en sus funciones. Y la Corte, en una de sus más lamentables actuaciones –ha tenido muchas–, dejó en pie el reglamento. Las ministras Margarita Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero defendieron la seriedad y profesionalismo con que la Suprema Corte trató el tema. Los hechos de hoy comprueban la verdad de lo que en 1938 dijo el presidente Cárdenas: los casinos son centro de atracción de las mafias.
Opciones
¿Es posible cancelar los permisos a los centros de apuestas que operan hoy? Difícilmente. Se puede legislar para impedir la apertura de otros, pero en cuanto a los que existen, ¿quién va a enfrentar a Televisa, a los Hank o a los Aguirre? Los tribunales se llenarían de amparos. Sin embargo, hay una ruta posible y se parece mucho a la que siguieron Los Intocables en el Chicago de Al Capone: atacarlos fiscalmente. La Secretaría de Hacienda emitió ayer un comunicado, del cual extraigo sus puntos esenciales:
“El gobierno federal informa de los resultados obtenidos durante el operativo de verificación de cumplimiento de obligaciones fiscales y de comercio exterior de casinos en Nuevo León.
“El operativo inició el viernes 26 de agosto y culminó la tarde de este sábado 27; durante las acciones se verificó la legal estancia y tenencia en el país de más de 5 mil máquinas de juego y apuestas, embargándose más de 3 mil 500 que presentaron irregularidades en materia de comercio exterior. También se detuvo a tres personas a quienes se les aseguraron tres armas de fuego. En el evento se contó con la participación de alrededor de 700 elementos del Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República. El jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, agradeció a las instituciones participantes y citó al presidente Felipe Calderón en el sentido de que es fundamental debilitar de manera sistemática la estructura financiera y operativa de grupos criminales.”
Ese es el camino y es más efectivo que el de las balas.
Como siempre, la autoridad ejerce sus funciones sólo cuando ya es demasiado tarde. Después de los trágicos sucesos del pasado jueves en Monterrey, todas las instancias de gobierno –federal, estatal y municipal– no sólo practicaron el juego de aventarse la pelota entre sí, sino que se apresuraron, según su propio dicho, a ejercer sus facultades legales para atrapar a los responsables del acto terrorista y detectar irregularidades en los miles de casinos que, regular e irregularmente, operan en el país.
De entrada, la Secretaría de Gobernación, responsable legal del discrecional otorgamiento y supervisión de permisos para juego, rápidamente se puso a investigar algo que, se supone, sabía desde el momento en que autorizó el funcionamiento del Casino Royale en Monterrey, es decir, el o los nombres de los titulares de la licencia. Por su parte, el gobierno de Nuevo León de inmediato se puso a investigar probables anomalías en otros centros de apuesta que funcionan en el estado, mientras la presidencia municipal de Monterrey comenzó a denunciar las prácticas corruptas de los jueces que otorgan amparos a los malosos a cambio de gruesas talegas, actuaciones que las tres instancias (federal, estatal y municipal) estaban obligadas a hacer desde el momento en que detectaron anomalías y corruptelas, esto es, mucho antes de los trágicos sucesos del 25 de agosto en la sultana del norte. Pero no actuaron así. Esperaron pacientemente a que se registrara un acto terrorista y murieran más de 50 personas para hacer pública su denuncia. Sólo así, según ellos, tenían elementos para ponerse a trabajar.
En este contexto llama la atención la velocidad del Servicio de Administración Tributaria: como resultado del operativo a diversos casinos en Nuevo León, autoridades federales reportaron la detención de tres personas, a quienes se les aseguraron tres armas de fuego, y el embargo de más de 3 mil 500 máquinas de juego y apuestas que presentaron irregularidades en su internación al país (¿y dónde estaba la Dirección de Aduanas?). Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, jefe del SAT, explicó que este operativo coordinado, planeado con 10 días de anticipación (¡¡¡!!!), se llevó a cabo (¡oh casualidad de la vida!) el viernes 26 y el sábado 27 de agosto (o lo que es lo mismo al día siguiente del incendio en el Royale). Durante estas acciones se verificó la legal estancia y tenencia en el país de más de 5 mil máquinas de juego y de apuestas en el estado de Nuevo León. El operativo contó con la participación de alrededor de 700 elementos del SAT, de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública Federal, y de la Procuraduría General de la República. Para que procedieran, debieron registrarse un acto terrorista y más de 50 muertos.
Tras los sucesos en el Royale, panistas y priístas se muestran sorprendidos por la irregularidad y abierta ilegalidad con la que operan miles de casinos en el país. Ahora sorprendidos, son los mismos que de mucho tiempo atrás, pero especialmente desde 2004, empujaron desde el Congreso para sacar adelante una ley que permitiera el abierto funcionamiento de los casinos en el país, aduciendo para ello los múltiples beneficios que acarrearía para México y los mexicanos: desde cientos de miles de empleos formales hasta una inimaginable catarata de recursos para el fisco, pasando por el crecimiento sostenido de la industria de la construcción, el fortalecimiento del poder adquisitivo de los habitantes de este país, y el río de turistas que fluiría hacia esta República, negando siempre la posibilidad de que el crimen organizado le metiera la mano, rápida y eficientemente, a esto que calificaron de industria del futuro. Eso dijeron siete años atrás, pero hoy muestran su sorpresa por acontecimientos como los de Monterrey.
En septiembre de 2004, el entonces inquilino de Los Pinos, Vicente Fox, con el refrendo de los secretarios de Gobernación (Santiago Creel) y de Hacienda (Francisco Gil Díaz), expidió el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor el 15 de octubre del mismo año. La Cámara de Diputados presentó un controversia constitucional, pero nada sucedió, mientras los tres poderes de la unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) echaron al bote de la basura la advertencia de Lázaro Cárdenas, quien el 24 de junio de 1938 prohibió (con claro mensaje para el ex presidente Abelardo L. Rodríguez, en ese entonces zar del juego y la prostitución en el país) la instalación y operación de casinos en México data del 24 de junio de 1938, ordenando en paralelo la abolición de los existentes, toda vez que por su propia naturaleza son focos de atracción del vicio, de mafias y explotación por parte de apostadores profesionales.
En las iniciativas de ley que sobre el particular presentaron las bancadas panista y priísta en 2004, se proponía la autorización para ocho o diez casinos en las zonas turísticas, en las ciudades fronterizas y de alta densidad poblacional. Facultaban al Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, a otorgar discrecionalmente los permisos, y estimaban pertinente crear una comisión que sería un órgano administrativo desconcentrado de la Segob, con autonomía técnica y operativa, entre cuyas funciones estarían regular, autorizar, vigilar y controlar la actividad relacionada con los casinos.
También estimaban que el monto obtenido por el gobierno federal sería el equivalente a 9 por ciento de los ingresos brutos de los casinos, recursos que se distribuirían proporcionalmente entre los tres órdenes de gobierno. Cundo menos el 50-51 por ciento de la inversión tendría que ser nacional y el resto de procedencia foránea. En materia de lavado de dinero los mecanismos propuestos para regular esta práctica ilícita son en dos vías: por parte del inversionista y por parte del jugador. El primero estaba obligado a acreditar el origen lícito de los recursos a invertir, amén de proporcionar a la comisión un informe mensual o trimestral de sus ingresos brutos y netos, y las autoridades encargadas de regular esta actividad tendrían acceso a los libros contables de cada casino. Para los segundos, el tope de apuestas se limitaría al equivalente a 2 mil días de salario mínimo; intentos de jugar con más de 10 mil dólares serán investigados por la autoridades. Los trabajadores de los centros de apuestas tendrían que contar con una licencia de trabajo otorgada por la idílica comisión.
Las rebanadas del pastel
Lo anterior en el papel y en el discurso. En los hechos se concretó la visionaria advertencia cardenista de 1938. Pero los impulsores de los casinos hoy se dicen sorprendidos de la realidad… Un enorme abrazo a la dueña de mi sistema cardiaco, por el décimo tercer aniversario.
cfvmexico_sa@hotmail.com
De entrada, la Secretaría de Gobernación, responsable legal del discrecional otorgamiento y supervisión de permisos para juego, rápidamente se puso a investigar algo que, se supone, sabía desde el momento en que autorizó el funcionamiento del Casino Royale en Monterrey, es decir, el o los nombres de los titulares de la licencia. Por su parte, el gobierno de Nuevo León de inmediato se puso a investigar probables anomalías en otros centros de apuesta que funcionan en el estado, mientras la presidencia municipal de Monterrey comenzó a denunciar las prácticas corruptas de los jueces que otorgan amparos a los malosos a cambio de gruesas talegas, actuaciones que las tres instancias (federal, estatal y municipal) estaban obligadas a hacer desde el momento en que detectaron anomalías y corruptelas, esto es, mucho antes de los trágicos sucesos del 25 de agosto en la sultana del norte. Pero no actuaron así. Esperaron pacientemente a que se registrara un acto terrorista y murieran más de 50 personas para hacer pública su denuncia. Sólo así, según ellos, tenían elementos para ponerse a trabajar.
En este contexto llama la atención la velocidad del Servicio de Administración Tributaria: como resultado del operativo a diversos casinos en Nuevo León, autoridades federales reportaron la detención de tres personas, a quienes se les aseguraron tres armas de fuego, y el embargo de más de 3 mil 500 máquinas de juego y apuestas que presentaron irregularidades en su internación al país (¿y dónde estaba la Dirección de Aduanas?). Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, jefe del SAT, explicó que este operativo coordinado, planeado con 10 días de anticipación (¡¡¡!!!), se llevó a cabo (¡oh casualidad de la vida!) el viernes 26 y el sábado 27 de agosto (o lo que es lo mismo al día siguiente del incendio en el Royale). Durante estas acciones se verificó la legal estancia y tenencia en el país de más de 5 mil máquinas de juego y de apuestas en el estado de Nuevo León. El operativo contó con la participación de alrededor de 700 elementos del SAT, de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública Federal, y de la Procuraduría General de la República. Para que procedieran, debieron registrarse un acto terrorista y más de 50 muertos.
Tras los sucesos en el Royale, panistas y priístas se muestran sorprendidos por la irregularidad y abierta ilegalidad con la que operan miles de casinos en el país. Ahora sorprendidos, son los mismos que de mucho tiempo atrás, pero especialmente desde 2004, empujaron desde el Congreso para sacar adelante una ley que permitiera el abierto funcionamiento de los casinos en el país, aduciendo para ello los múltiples beneficios que acarrearía para México y los mexicanos: desde cientos de miles de empleos formales hasta una inimaginable catarata de recursos para el fisco, pasando por el crecimiento sostenido de la industria de la construcción, el fortalecimiento del poder adquisitivo de los habitantes de este país, y el río de turistas que fluiría hacia esta República, negando siempre la posibilidad de que el crimen organizado le metiera la mano, rápida y eficientemente, a esto que calificaron de industria del futuro. Eso dijeron siete años atrás, pero hoy muestran su sorpresa por acontecimientos como los de Monterrey.
En septiembre de 2004, el entonces inquilino de Los Pinos, Vicente Fox, con el refrendo de los secretarios de Gobernación (Santiago Creel) y de Hacienda (Francisco Gil Díaz), expidió el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor el 15 de octubre del mismo año. La Cámara de Diputados presentó un controversia constitucional, pero nada sucedió, mientras los tres poderes de la unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) echaron al bote de la basura la advertencia de Lázaro Cárdenas, quien el 24 de junio de 1938 prohibió (con claro mensaje para el ex presidente Abelardo L. Rodríguez, en ese entonces zar del juego y la prostitución en el país) la instalación y operación de casinos en México data del 24 de junio de 1938, ordenando en paralelo la abolición de los existentes, toda vez que por su propia naturaleza son focos de atracción del vicio, de mafias y explotación por parte de apostadores profesionales.
En las iniciativas de ley que sobre el particular presentaron las bancadas panista y priísta en 2004, se proponía la autorización para ocho o diez casinos en las zonas turísticas, en las ciudades fronterizas y de alta densidad poblacional. Facultaban al Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, a otorgar discrecionalmente los permisos, y estimaban pertinente crear una comisión que sería un órgano administrativo desconcentrado de la Segob, con autonomía técnica y operativa, entre cuyas funciones estarían regular, autorizar, vigilar y controlar la actividad relacionada con los casinos.
También estimaban que el monto obtenido por el gobierno federal sería el equivalente a 9 por ciento de los ingresos brutos de los casinos, recursos que se distribuirían proporcionalmente entre los tres órdenes de gobierno. Cundo menos el 50-51 por ciento de la inversión tendría que ser nacional y el resto de procedencia foránea. En materia de lavado de dinero los mecanismos propuestos para regular esta práctica ilícita son en dos vías: por parte del inversionista y por parte del jugador. El primero estaba obligado a acreditar el origen lícito de los recursos a invertir, amén de proporcionar a la comisión un informe mensual o trimestral de sus ingresos brutos y netos, y las autoridades encargadas de regular esta actividad tendrían acceso a los libros contables de cada casino. Para los segundos, el tope de apuestas se limitaría al equivalente a 2 mil días de salario mínimo; intentos de jugar con más de 10 mil dólares serán investigados por la autoridades. Los trabajadores de los centros de apuestas tendrían que contar con una licencia de trabajo otorgada por la idílica comisión.
Las rebanadas del pastel
Lo anterior en el papel y en el discurso. En los hechos se concretó la visionaria advertencia cardenista de 1938. Pero los impulsores de los casinos hoy se dicen sorprendidos de la realidad… Un enorme abrazo a la dueña de mi sistema cardiaco, por el décimo tercer aniversario.
cfvmexico_sa@hotmail.com
Dado que Conapo (Consejo Nacional de Población) —organismo responsable de las proyecciones demográficas— aun no se repone de su pifia de errar por casi 4 millones la población de 2010 y que para este año aun no tiene proyecciones, el Inegi hizo su propia estimación poblacional interna preliminar para sustentar la actualización de su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Sin embargo, en el escenario de disfuncionalidad institucional generalizada que caracteriza al México actual, el Inegi no podía ser menos, y sus estimaciones parecen tener serias inconsistencias: la población total del país aumentó en promedio 1.1 millones de personas cada año entre 2000 y 2005 (2os trimestres), y en 1.7 millones entre 2005 y 2010, pero para 2011 el Inegi sólo la eleva, sin razón aparente, en 1.4 millones; o más extraño aun, la referencial Población Económicamente Activa (PEA) aumentó, según su clasificación, a un ritmo promedio de 646 mil personas (1.6%) al año entre 2000 y 2005, y de 1 millón 267 mil (2.8%) entre 2005 y 2010, incremento que el Inegi reduce a sólo 310 mil personas (0.6%) para 2011 (Gráfico 1).
Sin embargo, en el escenario de disfuncionalidad institucional generalizada que caracteriza al México actual, el Inegi no podía ser menos, y sus estimaciones parecen tener serias inconsistencias: la población total del país aumentó en promedio 1.1 millones de personas cada año entre 2000 y 2005 (2os trimestres), y en 1.7 millones entre 2005 y 2010, pero para 2011 el Inegi sólo la eleva, sin razón aparente, en 1.4 millones; o más extraño aun, la referencial Población Económicamente Activa (PEA) aumentó, según su clasificación, a un ritmo promedio de 646 mil personas (1.6%) al año entre 2000 y 2005, y de 1 millón 267 mil (2.8%) entre 2005 y 2010, incremento que el Inegi reduce a sólo 310 mil personas (0.6%) para 2011 (Gráfico 1).
Hernan Gonzalez G.: Aprender a morir
Quédate es hermosa palabra en el vocabulario de un amigo, dijo alguien. Quedarnos y qué darnos es el doble desafío de toda conciencia amorosa.
“Durante clases y ensayos –continúa el maestro Víctor Ortiz su evocación del maestro Manolo Vargas–, su palabra sabia llegó siempre al punto clave, de la manera precisa, en el momento justo, para permitirme una creciente apertura al mundo, al universo, a mis semejantes.”
“Más allá de la enseñanza de la danza, Manolo nos enseñó la belleza como camino de conocimiento y el amor como camino a la realización. Su maravilloso jardín, cuidado por él mismo, hasta donde pudo, es prueba de esa mano paciente, misma con que tocaba su pequeño tambor para llevar el ritmo de los ejercicios durante las clases.
El Correo Ilustrado
Nochixtlán solicitan ayuda a Gabino Cué
Solicito audiencia con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, para plantearle de manera directa los problemas que atraviesa mi comunidad, ya que desde el 14 de julio se encuentra bloqueado su acceso principal por la comunidad de San Miguel Tecomatlán y en cualquier momento puede estallar la violencia.
Víctor Flores Olea: Esperanza desde la UNAM
Algunos despistados han criticado a José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por sus mensajes de carácter público dirigidos no solamente a los universitarios, sino a la ciudadanía en general. En este sentido resulta una rara avis porque hacía tiempo que un rector de la máxima casa de estudios no se pronunciaba tan clara y frecuentemente sobre los problemas nacionales, siempre con extrema pertinencia. Y, cumpliendo una responsabilidad asumida, hacer las veces de real conciencia nacional pedagógica y orientadora.
Gonzalo Martínez Corbalá: El final tras cuatro décadas
Gonzalo Martínez Corbalá: El final tras cuatro décadas
Kadafi se desmorona, dice la cabeza de El País del martes 23 de agosto. El día anterior había destacado en su primera plana que los rebeldes habían roto la defensa de Muammar Kadafi y entraban a Trípoli. Persiguen y capturan a dos de los hijos del dictador, y van dejando las calles llenas de muertos. Sus ya pocos partidarios caen allí, después de ejecuciones sumarias que Naciones Unidas acaba por exigir el fin de las represalias.
Iván Restrepo: En pos de la revolución ciclista
Iván Restrepo: En pos de la revolución ciclista
Recientemente estuvo en México el multifacético David Byrne, al que muchos conocen por haber sido 17 años líder de la banda Talking Heads, o por ser un artista plástico reconocido que tiene tiempo hasta para dirigir películas. Algunos más lo conocen por sus escritos. Precisamente durante su estancia apareció en librerías su octavo libro: Diarios de bicicleta, editado por Sexto Piso con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Las noticias terribles, truculentas, se suceden una a la otra para asombro y preocupación de todos; no acaban los programas amarillistas de la televisión de hacernos ver, tres, diez, cien veces la escena de la gente corriendo en el estadio, por pánico explicable al escuchar tiroteo, cuando tienen que retirarlas para sustituirlas por otras, mucho más terribles, de un casino de juego del que salen llamas y humo y del que se retiran muertos y heridos por un incendio intencional y, otra vez, por salidas de emergencia bloqueadas.
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