Fracturas excepcionales

John Saxe-Fernández

De bien capitalizado calificó el secretario de Hacienda a un sistema bancario dominado por sucursales extranjeras lideradas por Bancomer BBVA, Banamex (Citigroup), Santander, HSBC y el nacional Banorte. El informe Conclusiones de la séptima visita anual de Citigroup a los bancos de México en 2012 dice que cinco de los siete bancos más grandes de México tienen compañías matrices extranjeras, característica que diferencia al sistema bancario mexicano frente al de otros mercados emergentes o en desarrollo (La Jornada, 4/4/12 p.22). Esa proeza anti-nacional que secó de crédito al aparato productivo, devastando el empleo, se gestó a lo largo de 30 años de cómplice sumisión de la cúpula político-empresarial a los programas de ajuste estructural (PAE) con su disciplina y reforma fiscal, recortes y canalización de la gestión –e inversión– pública a favor de lo privado.

Agréguese al recetario la liberalización de las tasas de interés, competitividad de los tipos de cambio, liberalización y apertura comercial, a la inversión extranjera directa (IED) y a los flujos de capital, desregulación, seguridad y apapache jurídico a bancos e inversionistas y se entenderá por qué, bajo impulso de la diplomacia económica y de seguridad de Estados Unidos, el diseño es algo más que el ilimitado acceso extranjero a la base agrícola, industrial, bancaria y de recursos y servicios estratégicos de México: petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones, etcétera. Se trata de la desestructuración y desnacionalización sistemática de los pivotes económicos y de seguridad de un Estado nacional ¿hacia una condición colonial y de Estado colchón migratorio?

Los PAE, manejados por el Tesoro (y sus entes subrogados: FMI-BM-BID) y la Iniciativa Mérida (IM) bajo el Comando Norte, son pócima fatal al pacto social formalizado en la Constitución. Los primeros, al promover la informalidad económica, alientan el despertar estructural del México bronco: desintegran encadenamientos productivos y la generación de empleo, frenan el papel del Estado en decisiones económicas y de política exterior mientras bajo la IM se binacionaliza el aparato de seguridad. En el Distrito Federal y Monterrey están instaladas, e incautando la toma de decisiones en materia de seguridad, las Oficinas Binacionales de Inteligencia: centros de espionaje al mando de Estados Unidos donde operan la CIA, DEA, FBI, DIA, Oficina Nacional de Reconocimiento, Agencia de Seguridad Nacional, Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Inteligencia de la Guardia Costera, Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio y la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (Proceso, 5/5/13 p.30). El mando e influencia se perciben en la semejanza del modus operandi del FBI para criminalizar y reprimir el movimiento Ocupa-WS en Estados Unidos y la actuación policial acá el primero de diciembre.

En contraste Estados Unidos, promotor de la IED, cuida su soberanía y practica un intenso nacionalismo económico. Sus voceros se ufanan que la IED aumenta (en 2011 fue de 234 mil millones de dólares) pero callan sobre las estrictas regulaciones en sectores o servicios estratégicos. Según el Servicio de Información Legislativo (CRS) Estados Unidos ya prohíbe la IED en industrias como la marítima, aviación, banca, recursos naturales y sector energético (RS22197). A la enmienda Exon-Florio de 1988 que otorgó al presidente poderes amplios para anular cualquier inversión o actividad extranjera que amenace o afecte la seguridad nacional se agrega la Ley de Inversión Extranjera y Seguridad Nacional FINSA, puesta en operación por Bush con la Ordenanza Ejecutiva 13456 (2008) según la cual “el presidente dará la información requerida por ley –sobre si autoriza o no una inversión u operación extranjera– siempre y cuando sea ‘consistente’ con: 1) la autoridad presidencial de conducir la política exterior de Estados Unidos, 2) la autoridad de restringir información que afecte la política exterior, la seguridad nacional, las deliberaciones internas en el desahogo de los deberes constitucionales del ejecutivo; o 3) la capacidad de supervisar a la presidencia unitaria” (ibid).
Ya el ajuste dejó a México sin banca y saqueado por el Fobaproa, pero dicen que somos excepcionales: en medio de la carnicería no hay estallido social. Tampoco asomo de crisis. Para el Banco de México no existe evidencia que el colosal ingreso de capitales golondrinos sea pernicioso en México y Hacienda afirma que la banca está bien capitalizada. Pero las matrices de las sucursales no están bien capitalizadas. Lejos de ello. Datos y esclarecedores análisis ofrecidos por A. Admati y M. Hellwig en The Bankers New Clothes (Princeton, 2013) indican que el panorama bancario signado por subsidios y rescates, anida más crisis.

Los riesgos para el futuro de un México soberano son graves. Es que, como sintetizó un analista: nunca tan pocos prestaron tanto tan irresponsablemente a tantos, evadiendo los costos, cargándolos a todos los demás.
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