Fuera de la realidad, la nueva Ley de Amparo, consideran jueces y abogados

La legislación ordena sesiones públicas, pero se carece de instalaciones adecuadas

Concretar los juicios orales en el DF sólo requiere una inversión de $3 millones: Jorge Manrique

Alfredo Méndez 

Periódico La Jornada
Miércoles 15 de mayo de 2013, p. 14

La nueva Ley de Amparo ordena que sean públicas las sesiones de los tribunales colegiados que resuelven juicios de garantías, pero en los hechos la reciente disposición está comenzando a provocar dudas en los funcionarios judiciales y molestia entre abogados litigantes.

Por un lado, los juzgadores del Poder Judicial Federal (PJF) están preocupados porque las salas de sesión de los tribunales colegiados son muy pequeñas y no están aptas para recibir a más de cinco personas, ya que no rebasan los 24 metros cuadrados (6x4).

Por el otro, algunos abogados se han quejado por el hecho de que la mayoría de los magistrados de tribunales colegiados están poniendo trabas al momento de que un litigante solicita ingresar a las sesiones colegiadas, alegando que no cuentan con espacio suficiente.

Roberto Flores Meza y Rogelio Garza, especialistas en derecho constitucional y amparo, indicaron a La Jornada que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) limitó las audiencias públicas a aquellas donde se resuelvan asuntos que se desahoguen a partir del 3 de abril pasado, cuando entró en vigor la nueva Ley de Amparo.
En tanto, magistrados entrevistados por este diario pidieron a la Judicatura construir salas especiales para audiencias públicas.

En otro orden, Jorge Manrique, rector del Colegio Jurista de la ciudad de México, indicó que implementar juicios orales en el Poder Judicial del Distrito Federal implica una inversión menor de 3 millones de pesos y no de 10 mil millones de pesos como lo ha sostenido en diversos foros públicos el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.

En un discurso que dio con motivo del reconocimiento por haber obtenido el primer lugar en el Certamen Nacional de Juicios Orales, el rector de dicha casa de estudios sostuvo que el ahorro se posibilita con el apoyo de organizaciones civiles y de las universidades especializadas en derecho.

Manrique mencionó que la capacitación y entrenamiento en juicios orales representa 80 por ciento de las inversiones para implementar el nuevo sistema acusatorio en lugares como el Distrito Federal.
Respecto al debate desatado por la falta de salas para audiencias públicas en los tribunales colegiados, cabe mencionar que la nueva ley en materia prevé sesiones públicas, pero a partir de la entrada en vigor de esa norma.
El pasado 8 de abril, el pleno de la Judicatura emitió el oficio SECJACNO/CNO/1186/2013, para informar que sólo serán públicas las sesiones de los asuntos de competencia de los tribunales colegiados que deban tramitarse conforme a la nueva Ley de Amparo, del 2 de abril de 2013, y no así las que correspondan a aquellos juicios que deban continuar sustanciándose bajo normas aplicables de la hoy abrogada Ley de Amparo de 10 de enero de 1936, asuntos en los que rige la ultractividad normativa hasta su resolución.
Los magistrados de tribunales colegiados consultados dijeron que esta disposición de la Judicatura hace más problemático el cumplimiento de la ley, en cuanto al carácter público de las sesiones.
Uno de los juzgadores entrevistados explicó que en su tribunal se resuelven alrededor de 20 o más casos en cada sesión semanal y no todos se discuten, por lo que sería ocioso tener a litigantes en espera toda una mañana para que sólo se les dé acceso dos minutos para informarles que no se discutió su asunto.