Editorial La Jornada
Entre las muchas
señales de que México atraviesa un punto de inflexión histórico en torno
a la lucha de las mujeres por la plena igualdad de derechos y el fin de
la violencia ejercida en su contra, las semanas recientes se han visto
marcadas por la irrupción de una nueva forma de protesta que busca crear
conciencia mediante un vigoroso
¡Ya basta!: la convocatoria a un paro nacional bajo la etiqueta #UnDíaSinNosotras, el cual ha recibido una adhesión creciente y habrá de efectuarse el lunes 9, un día después de que se realicen las marchas y otros actos con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Se trata de un llamado cuya justificación se encuentra fuera de duda,
pues resulta inocultable que las mujeres mexicanas enfrentan la amenaza
de una violencia de género creciente y multidimensional, de la cual
forman parte expresiones que van desde los denominados micromachismos
hasta las agresiones extremas que son la violación y el feminicidio. La
urgencia de organizarse para atajar la misoginia también queda
demostrada con declaraciones revulsivas como la difundida ayer por el
cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, cuyos intentos
de relativizar la violencia que sufren las mujeres y descalificar la
lucha por la igualdad son un recordatorio de que todavía hay amplios
sectores sociales y factores de poder carentes de cualquier comprensión o
empatía y dispuestos a usar su influencia para boicotear el progreso
hacia una sociedad plural, incluyente, igualitaria y respetuosa de los
derechos en general.
Por otra parte, la irrupción de la lucha de las mujeres en el primer
plano de la agenda pública ha empujado un visible viraje en las posturas
gubernamentales, cambio positivo en cuanto refleja que el equipo
gobernante ha cobrado conciencia de las dimensiones del problema y que a
dicho reconocimiento lo acompaña la voluntad de establecer compromisos.
Es necesario plantear dos consideraciones en lo que toca a la
relación entre el movimiento feminista y las instituciones de cara a las
actividades de protesta que habrán de efectuarse los próximos domingo 8
y lunes 9. Por un lado, cabe saludar que el Presidente de la República
comunicara sin ambages el respeto del gobierno federal al paro y que
reiterara que las trabajadoras del sector público que deseen sumarse se
encuentran en total libertad de hacerlo. Por otro, no puede pasarse por
alto el señalamiento del director general del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, en el sentido de que parar las
actividades en el mayor proveedor de servicios de salud a escala
nacional supondría un perjuicio para miles de pacientes de ambos sexos,
pero en especial mujeres que recibirán atención médica ese día, para el
cual ya hay programados mil partos, 200 mil consultas de alta
especialidad y 25 mil cirugías. En el mismo supuesto se encuentran las
corporaciones de seguridad pública, cuya inactividad durante una jornada
redundaría en una afectación mayor para la población en general. En
casos como éstos, parece necesario encontrar un equilibrio que permita a
las mujeres que lo deseen integrarse a las expresiones de protesta sin
que otras mujeres se vean perjudicadas.
Cabe, por último, hacer votos porque los actos de repudio a la
violencia logren impactar y conmover a las instituciones –tanto públicas
como del sector privado– y al conjunto de la sociedad, ninguno de cuyos
sectores puede permanecer indiferente ante la crisis de violencia que
padecen las mujeres, así como expresar un rechazo enérgico a los
intentos de instrumentación política de esta lucha.
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