Ciudad de México. El sistema de justicia mexicano, en Baja
California, juzgó y encarceló durante 13 años a Blanca, una mujer
indígena, migrante y con una condición de discapacidad, a la que no le
garantizó un traductor, una defensa adecuada, ni ninguna consideración
como víctima de violencia de género.
Ahora, con el acompañamiento de Asistencia Legal por los Derechos
Humanos (Asilegal A.C), Blanca consiguió su libertad condicional, pero
el Estado no le ha brindado oportunidades para escapar del círculo de
violencia en el que estaba cuando cayó en prisión.
Blanca es una mujer indígena y con una discapacidad física en la
pierna izquierda que le impide desplazarse. Ella nació en Michoacán,
pero cuando fue encarcelada estaba a casi tres mil kilómetros de
distancia de ese estado, pues para entonces migró a San Quintín, Baja
California, donde vivía con una pareja que se convirtió en su única red
familiar y en el perpetrador de varias formas de violencia contra ella.
A Blanca se le acusó en 2007 de homicidio en razón de parentesco tras
la muerte de su hija recién nacida. La niña se cayó accidentalmente.
Fue su pareja quien llevó a la niña, todavía con vida, al Hospital
General de San Quintín. Al morir, el personal médico avisó a las
autoridades para que iniciaran una investigación contra la madre y el
padre.
Sin Blanca presente, su pareja la acusó de haber causado la muerte de
la menor de edad. El Juzgado de Primera Instancia de San Quintín
decidió, sin tomar en cuenta el contexto de violencia, encarcelar a
Blanca por 21 años y 10 meses de prisión y pagar a su esposo 39 mil
pesos para la reparación del daño.
Cadena de omisiones
En esta caso hay una ausencia total de un juzgamiento con perspectiva
de género y hay criminalización y violencia institucional de la que
Blanca fue víctima desde el momento de su detención hasta que consiguió
su libertad provicional; todo esto derivado de una discriminación
constante por ser mujer y por ser indígena, explicaron en entrevista con
Cimacnoticias, Verónica Garzón, de incidencia; Alfredo Utreda, defensa
legal de Blanca; y Diego Martínez, de asuntos jurídicos de Asilegal.
La policía de San Quintín detuvo a Blanca el 22 de marzo de 2007 y la
presentó ante el Juzgado inicialmente por el delito de lesiones, pero
después la acusación se reclasificó como homicidio agravado por razón de
parentesco.
Como consta en el expediente que revisó Asilegal, aunque Blanca no es
originaria de un pueblo indígena en Michoacán y no sabía leer ni
escribir, nadie le brindó servicios de traducción durante todo el
proceso de enjuiciamiento, ni una defensa técnica y adecuada que le
permitiera entender de lo que se le estaba acusando.
Cuando fue detenida, Blanca relató a la autoridad judicial que la
caída de la niña sucedió en un contexto de violencia física y emocional
que ejercía su pareja contra ella y contra la hija de ambos. Tres
testigos que fueron citados por el Juzgado confirmaron los dichos de
Blanca y aseguraron que presenciaron, más de una vez, que el esposo
agredió físicamente a la niña.
El juzgado decidió desechar estas pruebas bajo el argumento de que
“no abonaban ni se relacionaban con los hechos” y sólo dio valor
probatorio a las declaraciones del esposo de Blanca, a quien condenó a
20 años de prisión en un Centro Penitenciario en la cabecera de
Ensenada, a cuatro horas de distancia de su hogar en San Quintín.
Pese a las pruebas de violencia de género que forman parte del
expediente de Blanca, la autoridad judicial no informó a otras
autoridades para que investigaran también a la pareja de ella. Durante
sus años en prisión, Blanca no recibió ninguna visita porque, tras la
acusación, decidió romper el vínculo con su pareja para que no pudiera
molestarla.
El caso de Blanca podría tratarse de un patrón. De acuerdo con
Asilegal. se tiene documentado que en Baja California prevalecen
patrones de violencia y de discriminación hacia las mujeres acusadas de
delitos.
“En todos los casos y todos los delitos, las mujeres han sido
víctimas de manera desproporcionada de los sistemas punitivos estatal:
tortura y malos tratos, violencia institucional, sentencias con carga o
prejuicios de género; jueces castigan a las mujeres por no haber
cumplido con su rol como mujer”, observó Verónica Garzón.
Asilegal, dedicada a la defensa de las personas en situación de
reclusión, conoció a Blanca hasta 2019, mientras hacía brigadas
judiciales en los centros penitenciarios. Tras conocer su caso, decidió
buscar un beneficio preliberatorio, un derecho reconocido en la Ley
Nacional de Ejecución Penal para las personas acusadas bajo el antiguo
sistema penal.
El pasado enero de 2020, tras cumplir 13 años de prisión, Blanca
obtuvo su libertad condicionada, lo que le permitió salir de la cárcel
siempre que cumpliera una serie de condiciones: un antidoping periódico,
presentar una carta de trabajo de una actividad lícita y comprobar que
su domicilio sigue siendo el mismo. También debía cumplir la reparación
del daño de 39 mil pesos, lo que se resolvió luego de que Asilegal buscó
a su pareja y éste decidió renunciar a la reparación.
Para obtener el beneficio preliberacional, Blanca también debía
demostrar que tendría un trabajo remunerado, lo que es una posibilidad
limitada para ella por su condición de discapacidad. Al respecto,
Asilegal y Blanca argumentaron que las tareas de cuidados y limpieza no
remuneradas que ella llevaría a cabo dentro de su hogar tenían el mismo
valor social que cualquier trabajo pagado.
Sin embargo, el Estado no le garantizó a Blanca una serie de
servicios y condiciones postpenitenciarios que evitaran que ella
regresara al entorno de violencia en el que estaba, y del que informó a
las autoridades judiciales, antes de entrar a prisión.
Por ello, una vez fuera de la cárcel, luego de 13 años de reclusión y
lejos de su entidad natal, Blanca regresó a vivir con la misma pareja
que en el pasado la agredió. Aunque ella desea regresar a Michoacán, las
propias condiciones de arraigo la obligan a comprobar un domicilio y no
salir de San Quintín hasta que termine su condena.
“¿Cómo esperamos que Blanca se reinserte en la sociedad si no existen
los medios y el Estado no es capaz de garantizarle los medios para
subsistir de una manera independiente tanto económica, como social, y en
todos los sentidos para una vida libre?”, observó Asilegal.
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