Durante el foro Siguiendo la huella. La búsqueda de las personas desaparecidas desde la institucionalidad, Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda en México, señaló que en la mayoría del país existe un abandono total de las fiscalías especializada en el rastreo, localización e investigación de personas ausentes debido a la falta de recursos y capacitación del personal, lo cual en ocasiones es un obstáculo para realizar su labor.
El hecho de que los servicios médicos forenses pertenezcan a las fiscalías también impide en gran medida u obstaculiza labores de búsqueda, identificación humana. Tenemos una fiscalía en el occidente con tres agentes ministeriales, en donde todos los días tiene al menos que supervisar dos diligencias de fosas clandestinas y por lo menos 900 casos de desaparición que tienen que ser investigados.
En otro caso, indicó que en el norte del país se encontró una fosa clandestina con más de 50 cuerpos y el servicio médico forense contaba con dos personas.
No sólo podemos hablar de posible corrupción o colusión (de funcionarios con el crimen organizado), sino también de desinterés y falta de voluntad política, de las fiscalías estatales en la materia.
Añadió que la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda, aseguró, fueron creadas no sólo por las desconfianza que tenían las familias en los ministerios públicos. “Lo cual no se resuelve, necesariamente aunque queramos, con que hagamos o tratemos de hacer bien nuestro trabajo desde la comisiones de búsqueda, porque las fiscalías siguen trabajando igual, y dependemos casi absolutamente de ellas, hasta que no tengamos ciertas reformas.
Hay que diferenciar la debida diligencia en la investigación y el derecho a ser buscado de las personas desaparecidas: La obligación de búsqueda e investigación son dos caras de una misma moneda, son distintas, no se puede diluir una de la otra y es lo que a la fecha se está haciendo. Por eso muchas fiscalías te dicen que estás haciendo cosas que les corresponden. Tenemos que empezar conceptualmente a desarrollar las acciones de debida diligencia tanto de búsqueda, separada de la investigación, eso no quiere decir que a una institución le toca hacer tareas de otra, más bien el punto es saber dónde está la línea divisoria entre la búsqueda y la investigación.
Dijo que uno de los retos es definir, darle contenido y alcance al derechos a ser buscado,
nos puede aportar mucho para impulsar y fortalecer a escala nacional a las instituciones encargadas de la búsqueda e investigación.
Recordó que en México hay 61 mil 637 personas desaparecidas desde 1964, de las cuales 97.6 por ciento son a partir de 2007 a la fecha,
coincide con la llamada guerra contra las drogas, declarada en el sexenio de Felipe Calderón.
César Arellano García
Periódico La Jornada
Martes 3 de marzo de 2020, p. 7
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