Indígenas zapatistas y comunidades criminalizadas

Magdalena Gómez

El pasado domingo, 29 comandantas y coordinadoras de Mujeres Zapatistas del EZLN anunciaron su decisión de sumarse al paro del próximo 9 de marzo, “convocado por las hermanas Brujas del Mar movilización de ausencia, o sea que se vea y se sienta qué pasa sin mujeres, que sea un paro de mujeres… las compañeras que tienen cargo, sea de autoridad autónoma, sea de mando organizativo o de mando militar o de comisiones de educación, salud, tercias y de todos los trabajos que hacemos como mujeres zapatistas que somos, pues nomás no nos presentemos a nuestros trabajos”. En un texto demoledor plantean la crítica a la forma en que la clase política abordó los días recientes la iniciativa contra la violencia hacia las mujeres. Señalaron que ni siquiera pueden quitarse su modo patriarcal porque hasta dicen que les dan permiso a las mujeres para que protesten porque las matan. Y destacaron que “valoran según si le sirve o no a los malos gobiernos, o si les sirve o no a quienes lo critican... Pero tampoco les importa si la iniciativa es buena o mala para la lucha por la vida que hacen las mujeres. Y si no les importa la vida, pues entonces ni son de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Ni humanos son, pues… Y si alguien piensa que la lucha por la vida de las mujeres es golpista o de derecha o gobiernista o izquierdista o antigubernamental o es de un color, pensamiento o religión, pues entonces es que defiende la muerte”.

Con esa contundencia mostraron una postura amplia respecto a los modos y tiempos de acercarse a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, advirtiendo que ninguna mujer, de cualquier edad, clase social, militancia política, color, raza o creencia religiosa, está a salvo. Sin duda el espacio de las mujeres zapatistas es un referente importante para las miles de mujeres mexicanas y de diversos países que han acudido a los dos encuentros que han realizado y en los cuales el factor de la necesidad de fortalecer la organización ha estado presente. Por ello resulta muy congruente la decisión de sumarse a la iniciativa del 9 de marzo junto con los muy numerosos colectivos y organizaciones de diversas tendencias que colocan la prioridad en la lucha por la vida.

Y lo hacen conscientes de que es un paso necesario a pesar de que, advierten, están viviendo un incremento de la violencia en Chiapas por parte de los paramilitares que ahora son del partido Morena, y antes fueron de PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista.

En efecto, el EZLN, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) denunciaron que 11 integrantes de las comunidades de San Antonio Bulujib y Guaquitepec, municipio de Chilón, Chiapas, pertenecientes al CNI, fueron violentados, reprimidos y secuestrados el pasado 23 de febrero por las autoridades ejidales de San Antonio Bulujib acusados de haber colocado un letrero alusivo a las Jornadas Samir Somos Todas y Todos a la entrada del pueblo de San Antonio Bulujib. Dichas autoridades, señalaron, están vinculadas a los grupos paramilitares de los llamados chinchulines y Orcao, así como por integrantes del partido Morena en la región. Les fijaron una multa que debieron pagar con 13 cajas de refrescos para lograr su liberación. Chilón es un municipio con acciones recientes de violencia; en septiembre de 2019, en la misma comunidad, fueron retenidos 22 indígenas, para obligarlos a que se retiren del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) y en diciembre de ese año 40 familias fueron desplazadas en la comunidad de San Antonio Patbaxil del mismo municipio. Estos hechos, junto a la agresión a familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, nos dan idea de que el gobierno de Chiapas por acción u omisión está siendo cómplice. También nos colocan el espejo de que la llamada Cuarta Transformación en Chiapas no alcanza concreción en términos de derechos humanos.

Bien harían las y los integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) en colocar la mirada en el clima de represión que se vive en la entidad y analizar si los avances organizativos del zapatismo y su expansión y coordinación con el CNI en todo el país están generando un incremento de la criminalización. La socorrida hipótesis de la mano negra para afectar al gobierno federal y a su titular, no se sostiene ante las evidencias abrumadoras del accionar impune de grupos paramilitares. El avance del movimiento social y en especial las luchas de las mujeres contra la violencia y por la vida es imparable, a pesar de las adhesiones oportunistas de ocasión y de las acusaciones recurrentes de que están orientadas a socavar al gobierno de la llamada 4T y en concreto al Presidente de la República. Bien harían en trascenderlas y asumir que la agenda de las mujeres contra la violencia debería serlo también la del Estado. Es su responsabilidad.