José Enrique González Ruiz
Las tres enfermedades del hombre actual son:
la incomunicación, la revolución tecnológica
y su vida centrada en su triunfo personal.
José Saramago.
Tres décadas de individualismo a ultranza
Cuando se vieron en nuestro horizonte los primeros vestigios de la Globalización Imperial, no teníamos en México el mundo perfecto. Habíamos vivido fuertes experiencias de autoritarismo, como las masacres del 2 de Octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, así como una intensa guerra sucia del poder contra la ciudadanía. Pero se aplicaba al menos un modelo de economía mixta, que reconocía al Estado obligaciones primarias con los sectores alternativos de la sociedad: los trabajadores, los campesinos, los arrendatarios, los consumidores. También se reconocían la propiedad pública y la social, bajo el postulado de la propiedad originaria de la Nación sobre las tierras, las aguas y el subsuelo de la Nación.
Al principio, los embates contra el Estado que formalmente sostenía los principios de la Constitución de 1917 fueron disfrazados de “modernización”. Se habló de que el Estado obeso había perdido funcionalidad, y que era indispensable hacerlo bajar de peso para que recuperara su agilidad ante los problemas sociales. Lo primero que se hizo fue reducir el gasto público destinado a tareas colectivas y retirar subsidios a actividades que antes fueron prioritarias. Nunca se habló de privatizar los bienes públicos, ni de modificar los cimientos constitucionales del pacto emanado del movimiento armado de 1910-17: los artículos 3º , 27 y 123.
Después afloraron las verdaderas intenciones: detrás de la propuesta de “desincorporar” las empresas públicas está la intención de entregarlas al capital transnacional. En pocos años se trasladó enormes cantidades de riqueza colectiva a manos privadas, y surgieron nuevos protagonistas de la Toma de Decisiones en materia Política. Cuando se firmó, en 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se había caminado ya sobre la ruta marcada por los organismos internacionales de crédito: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a quienes se ha llamado “el Gobierno que gobierna los gobiernos”.
El neoliberalismo es la ideología del “Sálvese quien pueda, sin importar la manera como lo haga”. Pondera los valores empresariales (la competencia y la ganancia) como si fuesen los únicos justos en el mundo, al tiempo que desdeña toda idea de colectividad y de comunidad. A su influjo, las sociedades profundizan las desigualdades entre sus integrantes y se fomentan las posturas más egoístas. La ostentación de la riqueza en un mundo cargado de miseria, hace que los conflictos se exacerben.
Es lo que ha ocurrido en México, donde la riqueza está tan mal distribuida que tenemos uno de los hombres más ricos del mundo y a más de 50 millones en pobreza. Entre éstos, hay quienes perciben un ingreso menor a 1.25 dólares estadounidenses al día, con lo cual no pueden satisfacer sus necesidades más ingentes (Véase informe del director general de la Comisión Económica para América Latina -CEPAL- Hugo Beteta, publicado en Guadalajara, Jalisco, el 5 de marzo de 2011, en Informador.com.mx ).
¿Cuáles Derechos Humanos se pueden ejercer en semejante situación?
La alternancia en el gobierno
En el año 2000, después de que el PRI-gobierno impuso fraudulentamente a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la República y luego a Ernesto Zedillo, la derecha ganó con Vicente Fox de abanderado. Se pensó que habría cambios profundos en el sistema político mexicano, al grado de que hubo optimistas que hablaron de una “Transición a la Democracia”. No fue más que una alternancia de partidos en el gobierno, con el agravante de que el anterior (PRI) y el que llegó (PAN) comparten el proyecto neoliberal. Forman una simbiosis que hace que se les identifique como PRIAN.
En campaña, Fox habló de castigar a los responsables de crímenes históricos, y ya en la presidencia tomó medidas en dirección favorable a los Derechos Humanos: creó una subsecretaría de Relaciones Exteriores sobre el tema e invitó Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas a que estableciera en México una representación permanente. Pero sólo tenía propósitos propagandísticos, pues en lugar de promover una Comisión Ciudadana de la Verdad creó una dependencia de la Procuraduría General de la República (que se conoció como Fiscalía Especial para Asuntos del Pasado), la cual no funcionó como la sociedad esperaba. Otro de los fiascos de ese período fue la reforma constitucional en materia indígena, que no satisfizo a las comunidades de nuestro país al no cumplir los Acuerdos de San Andrés Larráinzar entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal. La subsecretaría de Relaciones Exteriores sólo al inicio tuvo actividad al promover audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero tampoco desembocó en soluciones.
La promesa de justicia en los casos de graves violaciones a Derechos Humanos se desvaneció, lo mismo que la de sancionar los saqueos cometidos por el PRI-gobierno (uno muy conocido fue el que hicieron en PEMEX para financiar la campaña electoral de Francisco Labastida Ochoa).
Pero con Felipe Calderón la situación empeoró, pues ni en el plano declarativo le interesan los Derechos Humanos. Su prioridad fue legitimarse ante las numerosas muestras de inconformidad que se dieron cuando asumió la Presidencia; y decidió hacerlo mediante una guerra contra el narcotráfico. De modo que, sin transición a la democracia, nos quedamos con una alternancia superficial y agravadora de los problemas de antaño.
Los retrocesos más sensibles
Con Felipe Calderón como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, los soldados adquirieron una fuerte presencia política. De hecho, parecen estar cobrando –igual que en el ámbito sindical lo hace la cacique magisterial Elba Esther Gordillo- el respaldo que dieron al fraude del 2006.
Varias reformas mandatadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron “destrabadas” recientemente: las más importantes son las que tienen relación con los energéticos, pues Calderón ordenó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro y la celebración de contratos con particulares para que realicen tareas de exploración de hidrocarburos. Con ello, perdieron su empleo más de 40 mil trabajadores del sector eléctrico que siguen hasta hoy en la calle, y se dio inicio a la privatización de Petróleos Mexicanos, la mayor empresa del país y símbolo del nacionalismo mexicano.
Un modelo tan agresivo como el neoliberal requiere acciones de fuerza por parte del Estado. No puede imponerse sin demostraciones de poder que inhiban la resistencia de la población. Uno de los pocos sectores que en México ha sido exitoso en la confrontación al neoliberalismo, es el universitario, pues la educación superior sigue siendo prácticamente gratuita en las casas de estudios superiores más importantes.
Pero en materia de derechos civiles y políticos la situación es de retroceso, ya que existe una estructura jurídica que monopoliza en los dirigentes de los partidos oficiales las decisiones relevantes: designación de candidatos a puestos públicos, manejo del dinero público que se destina a esta actividad y elaboración discrecional de las listas de diputados y senadores de partido (que llegan sin participar en comicios). La jerarquía católica ha recuperado una posición de privilegio político, pues se da el lujo de censurar y condenar los actos de gobierno que no le agradan, mencionando de nombre a los que considera culpables y haciendo campañas contra ellos. Los “poderes fácticos” – como el monopolio Televisa- ejercen cuotas mayores de mando político, pues algunos tienen bancadas en las cámaras. Las designaciones de cargos importantes, como la de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace por cuotas partidarias al interior del Congreso. Y, como corolario, se aprobó una reforma constitucional que adopta la teoría del Derecho Penal del Enemigo, bajo la denominación de “delincuencia organizada”. En este clima de terror gubernamental, la contrainsurgencia se practica sin mencionarla de nombre, ya que muchas medidas que formalmente van contra el crimen organizado, en la realidad se dirigen a crear miedo entre la población.
En lo relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, la situación no es mejor. Se han perdido las garantías que la Constitución (todavía) reconoce, como la de libre sindicalización, la de contratación colectiva y la de huelga. En la práctica están en vías de extinción y el gobierno insiste en formalizar su muerte con la denominada “Nueva Cultura laboral”.
La ecología está degradada por la acción de agentes contaminantes. Las transnacionales dicen estar preocupadas por ello, pero en la vida real lo que hacen es corromper autoridades locales para obtener permisos de operación de empresas de alto impacto ecológico. Los páneles internacionales, que debieran cuidar esto aspectos, en la casi totalidad de los casos protegen la inversión extranjera y no la salud y la ecología de las naciones débiles. Tenemos ciudades con altos índices de contaminación, debido a que la “desregulación” ha quitado trabas para funcionar a esas transnacionales.
La supervisión internacional
Cuando se hace referencia a países que incumplen el deber de proteger los Derechos Humanos, se habla solamente de sus falencias internas. Un ejemplo muy reciente: acusa el embajador estadounidense Carlos Pascual de que el ejército mexicano carece de sistemas de inteligencia, es desorganizado y además se muestra esquivo ante el riesgo. E insta a su presidente, Barak Obama, a presionar a Calderón para que cumpla las prerrogativas esenciales de las personas. Pero dejan fuera los factores externos: USA es el más apetecido mercado de drogas en el planeta; también es quien provee de armas a los grupos criminales mexicanos, mismas que superan a las de los policías municipales y estatales (lo que fuerza la militarización); y, para rematar, en su territorio no se captura a los capos de la droga, haciendo creer que los que hay, son de nacionalidades distintas a la norteamericana.
Los canales por los que circula el dinero proveniente de actividades ilícitas nunca son mencionados. No está en la cárcel ningún banquero que haya “lavado” recursos del crimen organizado. Tampoco funcionarios de alto rango, que deben estar enterados de lo que ocurre en el territorio que gobiernan.
Por ello, las “certificaciones” que hacen los organismos y países del llamado “Primer Mundo” carecen de validez. Son las clásicas críticas del que ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
La recuperación será costosa y vendrá de abajo
Sólo la organización y la acción consciente podrán revertir tan dramática situación. Será de abajo de donde provengan las soluciones a los problemas creados por la globalización neoliberal. Las comunidades, los sectores populares, los sindicatos independientes, los defensores de Derechos Humanos tendrán que lograr el cambio político que a su vez dé lugar a la modificación del modelo económico.
No es labor fácil, por la magnitud de los intereses creados. Los beneficiarios de la corrupción y del sometimiento al Gigante del Norte no renunciarán a sus privilegios. Será necesaria la lucha que, como en toda la historia, es la que garantiza resultados permanentes.
Los males tan severos que origina el neoliberalismo serán los que le pongan fin. Como en el Medio Oriente, los pueblos se levantarán y tomarán en sus manos el destino.
Marzo/2011.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario