6/07/2011

Ominoso mensaje presidencial


Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

Si alguien conoce bien al señor de las cinco estrellas que en una decisión harto peligrosa ordenó al Ejército, al parecer sin portar uniforme oficial, tomar por asalto la casa de Jorge Hank Rhon, detenerlo junto con sus siempre abundantes y bien armados pistoleros, y amagar a su familia, ése es Manuel Espino Barrientos.


Y lo conoce porque como presidente del Partido Acción Nacional, relegado y todo por el primer círculo del candidato Calderón, lo condujo a Los Pinos. Incluso se ensució tan gustosamente las manos que reconoció públicamente que negoció con varios gobernadores del norte del país para que canalizaran votos del Revolucionario Institucional a su compañero de partido, pero no de facción, y éste se pusiera la banda presidencial en medio de un conflicto poselectoral sin precedente.


Virtualmente expulsado del PAN, salvo lo que disponga el Tribunal Electoral, Espino alertó sobre “el terrorismo político que hace mucho padecimos en este país, y creo que Felipe Calderón es capaz de eso”.


El michoacanazo --obra con la que Marisela Morales Ibáñez se ganó a pulso la titularidad de la Procuraduría General de República--, resulta antecedente ineludible de una detención saturada de irregularidades tanto elementales como graves, que no pareciera pertinente explicarlas sólo por la recurrente incapacidad jurídica y política del grupo gobernante para institucionalmente operar.


Involucrar al Ejército cuando ahora está más impugnado por amplias franjas de la ciudadanía y con denuncias frecuentes ante tribunales internacionales, en virtud de que los mexicanos no se atreven a molestarlo, constituye un superlativo desatino, pero ante todo un ominoso mensaje de Calderón, quien no ignora que hace décadas que la tropa no intervenía en forma abierta y directa en la detención de un civil, político y empresario presuntamente vinculado al cártel de los Arellano Félix y al lavado de dinero. Además de supuesto autor intelectual del asesinato de Héctor Félix Miranda y Francisco Ortiz Franco, y de la emboscada de que fue víctima Jesús Blancornelas, entonces director del semanario Zeta.


Catear un domicilio sin orden judicial, presumiblemente sembrar armas, ignorar dos suspensiones provisionales, disfrazar a los soldados y hacer detenciones sin las correspondientes órdenes, le parecen al humorista involuntario de Ernesto Cordero una “limpieza de la casa” y al propagandista Alejandro Poiré “un punto importante de la legalidad que mucha falta nos hacía”.


Pero más allá de defender la chamba y los espléndidos sueldos y prestaciones, superiores a los que ganan sus pares en países desarrollados, no es dable eludir si aparte de las más trágicas que hilarantes torpezas les interesa la naturaleza efectista del golpe mediático y sus consecuencias electorales en el estado de México del Grupo Atlacomulco, Enrique Peña Nieto y su aliado Eruviel Ávila, para estimular al alicaído Luis Felipe Bravo Mena.


O junto a lo anterior, acaso se busca cobrar la factura porque los priístas hidrocálidos colocaron tras las rejas a prominente panista. Demasiado ruido para tan pocas nueces.


El hecho público es que apenas la semana pasada la PGR juraba que no existía ninguna investigación ministerial –ordenada por el jefe político de Morales Ibáñez-- contra ningún exgobernador del tricolor y José Francisco Blake Mora lo garantizaba desde Gobernación.


Mas como bien dicen: Donde gobierna capitán no manda marinero. Los llamados secretarios de Estado son simples empleados del presidente. Y Calderón Hinojosa, el verdadero titular del Ministerio Público federal en casos trascendentes, decidió jugar con fuego y estimular el terrorismo político.

Acuse de recibo


Cometí un error en Ni los veo ni los oigo (6-VI-11) que enseguida detectaron amables lectores. “Eduardo, el sexenio salinista fue 1988-1994”, registró el colega Ricardo Ravelo. “Ojo: 1994”, apuntó María Teresa Menéndez Monforte. Más franco, Nicolás Rodríguez Miranda apuntó: “ahora si te acalderonaste (o apen...) cómo que El chupacabras estuvo en la silla de l988 a 1944”. Y “Monseñor es de apellido Aguiar”, observó como segundo error Menéndez. Visite a María Teresa en: http://www.dignidadidentidadysoberania.com/ (.)… Joel Ortega Juárez invita a la presentación de su libro 10 de junio: ¡ganamos la calle!, el jueves 9 en el Foro San Ángel –Revolución esquina San Ángel, delegación Álvaro Obregón-- a las 19 horas. El testimonio será comentado por René Avilés, Gustavo Hirales, Pedro Peñaloza y Eduardo Valle. Moderará Ricardo Rocha… En tanto que Huellas sin castigo, de Fritz Glockner, se presentará el día 8, a las 13 horas, en la Preparatoria Carmen Serdan, Calle Lago Ximilpa 88, colonia Argentina Antigua (metro Tacuba)… El doctor Gilberto López y Rivas informa que el 3 de junio Luego de más de dos años de prisión, el profesor Miguel Ángel Beltrán fue absuelto de los cargos por concierto para delinquir agravado y rebelión que pesaban en su contra. La decisión fue tomada por la juez cuarta de descongestión de Bogotá”.


forum@forumenlinea.com

Tipificación del feminicidio

junio 7, 2011

Miguel Concha/Adital

Periodista. Sacerdote dominico mexicano


En México, como en otros países de América Latina, se ha abierto el debate acerca de la necesidad de tipificar el feminicidio como un delito autónomo, porque tiene características y especificidades que lo diferencian de otro tipo de homicidios.

Colocar el asesinato de mujeres sólo como una agravante puede desviar la atención del tema de fondo: la existencia de una violencia extrema, estructural y sistemática contra ellas, sus cuerpos y su dignidad, enmarcada en una cultura machista y misógina que no sólo las discrimina y niega sus derechos, sino que oculta, tolera y minimiza estos crímenes, cobijados por autoridades corruptas y leyes ambiguas o carentes de mecanismos que den resultados concretos. Todo ello sumado a la falta de voluntad política de muchas autoridades.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, como las que forman parte del Observatorio del Feminicidio, han señalado la importancia de que se juzgue la conducta del criminal mediante elementos objetivos que permitan acreditar de manera clara el delito. El tipo penal del feminicidio debe proteger la vida de las mujeres y no juzgar su forma de vida. Todo esto obliga a que se realicen cambios en los códigos Penal y de Procedimientos Penales, así como en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con estas modificaciones se construirá un tipo de homicidio complejo que permita acreditar las múltiples ofensas que se cometen contra la dignidad, integridad física y libertad de ese sector, que se materializan en actos como secuestro, tortura, mutilación, violación y explotación sexual, para culminar en el asesinato.

Las organizaciones civiles de derechos humanos y de garantías de las mujeres también señalan que para contribuir a la erradicación del feminicidio no basta tener un buen tipo penal. Es necesario que sea acompañado de acciones como la realización eficaz y expedita de las autopsias, la preservación de cuerpos no identificados, el establecimiento de un banco de información genética de las víctimas, el acceso a expedientes a sus familiares y, sobre todo, evitando su discriminación y estigmatización, preservar la dignidad de la asesinada, independientemente de su relación con el agresor, su modo de vestir o su ocupación. De acuerdo con el Observatorio del Feminicidio, este término hace referencia a los homicidios como resultado de la violencia ejercida contra ellas por su condición de género. Son muertes violentas cometidas por la misoginia, la discriminación y el odio hacia este sector, con lo que –en un contexto de permisibilidad del Estado, porque por acción u omisión no cumple su responsabilidad de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres–, familiares o desconocidos realizan actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de sus víctimas.

De acuerdo con organizaciones civiles, al menos 10 mil mujeres y niñas han sido asesinadas de manera violenta en México en los últimos 10 años, y sólo en 2010 hubo mil 400 casos. En 60 por ciento de éstos, los asesinatos se cometieron después de que la víctima fue sometida a una serie de vejaciones, lesiones y agravios que bien pueden ser calificados como tortura. El 70 por ciento de estos homicidios sucedieron en 15 entidades, entre las que destacan el estado de México, Jalisco, Sinaloa, Colima, Tamaulipas, Baja California, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Chihuahua, entidad que encabeza la lista. La mayor parte de los casos han quedado en total impunidad y muchos otros son ocultados o negados por las autoridades.

Hasta el momento sólo dos entidades han tipificado este delito: Guerrero y el estado de México. Hay otras que están analizando realizar reformas para hacerlo, como Guanajuato y el Distrito Federal. Existen además cuatro propuestas a escala federal para llevarlas a cabo, entre las que se encuentra la de la comisión especial de la Cámara de Diputados contra feminicidios. Sin duda, debe preocuparnos el uso político- electoral que algunas autoridades quieren dar al tema, mediante reformas hechas al vapor y sin tomar en cuenta las opiniones y aportes de la sociedad civil y del sector académico. Una reforma de este tipo fue la que se realizó en marzo pasado en el estado de México, entidad donde se han contabilizado 922 casos de presuntos feminicidios de 2005 a agosto de 2010, y cuyas autoridades se niegan a reconocer la magnitud del problema.

Recordemos que no hace mucho el gobierno de esa entidad se negó a decretar la "alerta de género” que le solicitaron organismos civiles en razón del número creciente de homicidios de mujeres en territorio mexiquense. Destacan 10 municipios que concentran 54 por ciento de esos delitos: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli, los cuales también reportan el mayor número de denuncias de violencia sexual.

El Observatorio del Feminicidio ha lanzado la Campaña Nacional por la Tipificación del Feminicidio, en la que señala que para tipificar este delito se requiere que las autoridades tomen en cuenta tres elementos clave:

1) evitar la valoración discriminatoria contra las víctimas por los operadores jurídicos;

2) obligar a los ministerios públicos a dar un tratamiento específico a este tipo de asesinatos y,

3) obligar a los estados para que cuenten con un registro de estos delitos, que les permita tener un diagnóstico y generar las políticas públicas adecuadas.

A todas las organizaciones, colectivos estudiantiantiles, personas solidarias y pueblo en general:


Hacemos una atenta invitación a que nos acompañen este viernes 10 de junio a las 16 hrs. a conmemorar el 40 aniversario del 10 de junio de 1971. Como cada año, se llevará a cabo una marcha que partirá del Casco de Santo Tomás (Escuela de ciencias Biológicas) al Zócalo capitalino de la Ciudad de México.

Los esperamos.

¡ 10 de Junio No se Olvida!

40 años de gobernantes criminales

Juicio y castigo a los culpables

¡Halcones ¡ Nunca más !



Fraternalmente

Comité 68

Responsabilizan a maestros por agresiones contra reportera


Persisten amenazas contra Citlalli López en Oaxaca


Por la Redacción

México, DF, 6 jun 11 (CIMAC).- La reportera Citlalli López del diario local Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, condenó los actos violentos de los que fue víctima y responsabilizó a la dirigencia de la sección 22 del magisterio estatal de cualquier agresión que le ocurra a ella o a su familia.

En una carta abierta, la periodista denunció que 24 horas después de que un grupo de maestros entró violentamente a las instalaciones del medio donde labora, tres sujetos abordo de un automóvil Tsuru, color blanco y vidrios polarizados, hicieron señas intimidatorias mientras caminaba por la calle en compañía de su hija y esposo.

Citlalli López narró que el pasado 2 de junio un grupo de maestros radicales de la sección 22 de Oaxaca, la mayoría embozados y a bordo de tres camionetas –dos sin placas y una con placa cubierta–, arribaron a las oficinas del periódico Noticias con el objetivo de pintar la fachada.

La reportera dijo que con estos actos los maestros pretendían protestar por las publicaciones de ese medio de comunicación sobre las afectaciones ocasionadas por las recientes tomas de dependencias, bloqueos y movilizaciones de la sección 22 en la capital del estado.

El grupo de choque, liderado por los dirigentes Casiano Hernández Sánchez y Marisol Castellanos López, realizaba pintas cuando Citlalli y los reporteros Luis Ignacio Velásquez e Ismael García salieron a registrar lo que ocurría.

De acuerdo con el relato de la informadora, los agresores trataron de impedir su labor con amenazas e intentaron robarle su equipo de trabajo, además de que un maestro la agredió a manotazos para que dejara de grabar mientras la profesora Marisol Castellano López la amenazaba.

“Estas agresiones no sólo demuestran el lamentable perfil de quienes tienen en sus manos la educación de los niños de Oaxaca sino también la incongruencia de un movimiento que exige respeto lastimando los derechos de terceros, de un movimiento que exige libertad de expresión amordazando a quienes no comulgan con sus acciones, de un movimiento que se dice democrático pero pasa por alto los acuerdos de sus bases”, sostuvo Citlalli López.

Finalmente responsabilizó a la dirigencia de la sección 22 del magisterio oaxaqueño, a los profesores Marisol Castellano López y Casiano Hernández Sánchez, y a quienes participaron en las acciones del pasado 2 de junio de cualquier agresión que le ocurra a ella o su familia.

Cabe recordar que este caso se podría sumar a los documentados por las organizaciones civiles Cencos y Artículo 19, las cuales afirman que la violencia contra mujeres periodistas o comunicadoras tiene como elemento característico que las amenazas son dirigidas contra sus familias, por lo cual se debe tener especial atención.


Caravana lleva clamor contra feminicidio


Mujeres piden pacto ciudadano por la justicia


Por Gladis Torres Ruiz y Rafael Maya

México, DF, 6 jun 11 (CIMAC).- Las organizaciones de mujeres de Chihuahua y las activistas en lucha por el esclarecimiento y fin de la violencia feminicida en Juárez lo tienen claro: ellas no firmarán ningún pacto por la paz y la justicia con las autoridades federales y estatales.

“No podemos hacer más pactos con el gobierno; el Presidente ya vino a firmar el Plan Juárez en 2010. ¿Para qué vamos a firmar otro cuando no se ha cumplido? No tiene sentido”, advierte Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm).

A su voz se suma la de Norma Ledezma, fundadora de Justicia para Nuestras Hijas –organización pionera en el combate al feminicidio–: “Nos oponemos a todo diálogo con el gobierno en Ciudad Juárez, en Morelos, o en cualquier punto del país mientras los militares continúen en las calles”.

Los grupos de mujeres, las madres de niñas y jóvenes desaparecidas y asesinadas, y las defensoras de Derechos Humanos (DH) de Chihuahua son parte activa de la “Caravana del Consuelo”, encabezada por el poeta Javier Sicilia, y que atravesará nueve estados del país para exigir el cese de la guerra entre el gobierno de Felipe Calderón y el crimen organizado.

FORJADAS EN LA LUCHA

La Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Cedehm llevarán la batuta de las actividades y protestas por el fin de la violencia en Chihuahua. Ahí en Juárez se prevé la firma de un Pacto Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, el próximo 10 de junio. Las activistas insisten en que el acuerdo debe ser sólo entre la sociedad civil.

“Nuestra experiencia propia y la historia nos han enseñado que con el gobierno no se pacta. A pesar de leyes, sentencias, operativos y sin fin de mecanismos, los asesinatos de mujeres continúan y quedan impunes”, advierten en un comunicado el Cedehm y Nuestras Hijas de Regreso a Casa, otra de las agrupaciones pilares en la denuncia del feminicidio.

El ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF Emilio Álvarez Icaza, uno de los organizadores de la “Caravana del Consuelo”, reconoce el papel preponderante de las organizaciones de mujeres en la movilización por la paz.

Destaca que la caravana lleva el reclamo de justicia por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, y por la ola de asesinatos de activistas contra el feminicidio en Chihuahua.

“Se realizarán actos sobre casos emblemáticos como el de Campo Algodonero por el que la CoIDH emitió una sentencia contra México, y por el asesinato de la activista Marisela Escobedo”, detalla Álvarez Icaza.

Agrega que se planea colocar una placa en honor de Marisela, mamá de la joven asesinada Rubí Marisol Frayre, y considera ese caso como “dramático” al igual que el de la defensora Susana Chávez, también asesinada.

Respecto al caso Campo Algodonero, el Estado mexicano ha incumplido la sentencia de la CoIDH del 16 de noviembre de 2009, por la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en ese lugar el 6 y 7 de noviembre de 2001.

La CoIDH determinó que faltaron medidas de protección para las víctimas, hubo inacción de las autoridades frente a la desaparición de las jóvenes, se denegó la justicia y no se reparó el daño de manera adecuada.

Álvarez Icaza observa además que en Chihuahua hay “una segunda generación del feminicidio”, ya que ahora no sólo matan a las mujeres, sino también a sus familiares y a las activistas que exigen cese la impunidad.

TERRITORIO DE MUERTE

La Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez reporta que de 1993 a 2001, 214 mujeres fueron asesinadas en esa urbe. Tan sólo en 2010, ya con el Ejército en las calles, 304 fueron ultimadas. En todo el estado hubo 446 víctimas el año pasado, según cifras de Justicia para Nuestras Hijas.

Las activistas acusan que la violencia contra las mujeres en Juárez se ha agravado con la presencia del Ejército, y afirman que el fenómeno se ha querido invisibilizar con el pretexto del auge del crimen organizado y el narcotráfico.

Aunado a ello, las defensoras acusan que tras la entrada del Ejército a Chihuahua en 2006 ahora hay mucho mayor riesgo para sus labores a favor de las mujeres, al grado de que sus agrupaciones pueden desaparecer. Pero lanzan la advertencia: “no cerramos y no nos vamos hasta obtener resultados”.

Por ejemplo, la activista Josefina Reyes, quien participó en las protestas contra la violencia del crimen organizado tras la desaparición de su hijo Miguel Ángel, presuntamente a manos de militares, fue asesinada el 3 de enero de 2010 y en menos de tres años también seis miembros de su familia fueron ultimados.

Marisela Ortiz, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y María Luisa García Andrade, presidenta y cofundadora de la misma agrupación, tuvieron que dejar Chihuahua al ser amenazadas de muerte.

En 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano brindar medidas cautelares a favor de Luz Estela Castro y su equipo, y para Norma Ledezma. Las autoridades no cumplieron de manera cabal con la disposición. Ellas siguen en Chihuahua.


Hank es lo de menos




Pedro Miguel

Hank es lo de menos. La noticia es que la negociación entre los cárteles subió de tono. Felipe Calderón cumplió con su amenaza de emprender acciones judiciales contra priístas destacados y empezó por uno de los más indefendibles: Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana, involucrado en los homicidios de dos periodistas del semanario Zeta, presunto responsable del desvío de 300 millones de pesos de las arcas municipales y, a decir de Ronald Kramer, ex cónsul estadunidense en esa ciudad, protector de narcotraficantes. Carente de originalidad, el gobernante panista siguió, paso a paso, en las formas, el guión del Quinazo, la operación lanzada en los albores del salinato para domesticar al jurásico priísta: allanamiento militar de la morada, siembra de armas, inmediato traslado de los detenidos a la capital. Pero las intenciones son distintas. En aquel entonces Salinas buscaba imponer su autoridad –emanada de un escandaloso fraude electoral– a los sectores del aparato que se sentían amenazados por su proyecto; Calderón, ahora, trata de negociar, así sea con modales bruscos, su permanencia en el poder o, cuando menos, su sobrevivencia.

A partir de este hecho pueden ocurrir varias cosas: que la cúpula priísta dé su brazo a torcer, por lo pronto, a la espera de una circunstancia en que la correlación de fuerzas le resulte más favorable, y que Eruviel Ávila reciba la instrucción superior de jugar a la pérdida (más o menos, como lo hizo Fernández de Cevallos en 1994), o algo así. Pero puede suceder también –nunca se sabe– que el PRI respingue, cierre filas, ruja, y que Calderón salga corriendo como niño asustado, mande a Blake y a alguien más a aplacar al dinosaurio y que Hank se convierta en destinatario de un usted disculpe tras la chambonada de acusación por posesión de armas.

Pero podría asimismo pasar algo peor: que tanto el calderonato como los jerarcas priístas estén pasando por un momento de alta testosterona y que avancen, así sea en forma temporal, a una confrontación en regla, y que lleven al país a una nueva sima del todo se vale, con escenarios que es mejor no escribir y ni siquiera imaginar. De por sí, unos y otros cuentan con aparatos militares, paramilitares y/o policiales, sin contar con las alineaciones sugeridas por el centro Stratfor de inteligencia global (cártel del Pacífico, azul; los Zetas, rojo; la Familia Michoacana, amarillo).

Claro que a la larga terminarán por ponerse de acuerdo –para dar margen a las negociaciones se puede, por ejemplo, ampliar en un par de días el término para definir la situación jurídica del detenido– aunque, antes de que las partes alcancen la armonía, bien pueden darle una tremenda inflada a la cifra, de por sí aplastante, de 40 mil muertos, y convertir la descomposición institucional en curso en desintegración institucional.

Por lo pronto, la suspensión del orden constitucional sigue su curso y las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la PGR empiezan a asumir funciones que hasta ahora corresponden a los organismos electorales y decidirán quién puede ser candidato, quién no, y quién gana y quién pierde en las elecciones. Hank es lo de menos. A la corta o a la larga, con o sin sentencias de por medio, Calderón y los suyos acabarán por ponerse de acuerdo con él, como lo hicieron con Mario Marín, con Carlos Romero Deschamps, con Ulises Ruiz y con Elba Esther Gordillo.

Que no nos vengan con eso. El ruido que hicieron los militares en el allanamiento de Tijuana no es el sonido de la justicia sino el barullo de Calderón, quien negocia en tono subido con las mafias priístas.

Con los guantes puestos

Luis Hernández Navarro

Son días de vértigo. Suena la campana. Uno, dos, tres, Felipe Calderón lanza golpes con miras a 2012. Uno: le declara la guerra a Carlos Slim. Dos: refuerza su alianza con Televisa. Tres: mete a la cárcel a Jorge Hank Rhon.

El viernes 27 de mayo el gobierno rechazó la entrada de Teléfonos de México al negocio de la televisión. La empresa –dice el gobierno– no ha ofrecido servicios de interconexión a terceros. La medida beneficia al duopolio televisivo y, muy especialmente, al negocio de Emilio Azcárraga.

El miércoles 1º de junio, la Comisión Federal de Competencia (CFC) impuso a Telmex una multa por 91.5 millones de pesos, por negarse a interconectar durante siete meses a Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas. La sanción es producto de una investigación iniciada en 2008. Es el segundo castigo a una empresa de Carlos Slim en menos de dos meses.

Dionisio Pérez-Jácome, secretario de Comunicaciones y Transportes, se vio obligado a declarar: el gobierno no tiene nada contra Slim. No la traemos contra nadie.

Para que no queden dudas de qué se trata el asunto, a lo largo de las últimas dos semanas el presidente Calderón se placeó en actos públicos con Emilio Azcárraga. La foto es el mensaje. El mandatario pasará a la historia de las telecomunicaciones como el jefe del Ejecutivo que más prebendas y favores destinó a Televisa.

Declararle la guerra al hombre más rico de México y aliarse con uno de sus rivales sólo puede tener un objetivo: requerir sus favores. En la política y en los negocios nada es gratuito: la televisora tendrá que dar algo a cambio de las concesiones recibidas. Las elecciones de 2012 serán el momento para cobrar la factura.

Hasta ahora, Televisa ha ayudado a construir la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. Falta ver si la sigue impulsando o la deja caer. La empresa no se distingue por ser leal a los candidatos a los que convierte temporalmente en una estrella más del Canal de las Estrellas, por más generosos patrocinadores que sean. Que diga si no Arturo Montiel, el ex gobernador del estado de México que quiso mudarse a vivir a Los Pinos, y que dejó en su puesto a Peña. En cambio, ha mostrado ser incondicional con los presidentes en turno.

No deja de ser ironía que una empresa cuyo precio en la Bolsa de Valores es de unos 159 mil millones de pesos, es decir, apenas el equivalente a 1.2 por ciento del PIB, posea la influencia que tiene en la política nacional, hasta el punto de convertirse en uno de los grandes electores. Su peso económico no tiene correspondencia con su incidencia política. Sin embargo, su influencia en la formación de la opinión pública es fundamental.

La detención de Jorge Hank Rhon es el inicio de una ofensiva mediática contra Peña Nieto y el PRI. Se trata de asociarlos con el narcotráfico. Con el nuevo quinazo se lanza una bomba contra Atlacomulco, el cuartel general del gobernador mexiquense. Hank Rhon es indefendible, un verdadero talón de Aquiles tricolor.

Los vínculos de la familia Hank Rhon con Peña Nieto son inocultables. En 2004, Carlos Hank, hermano de Jorge, hizo a un lado sus aspiraciones de ser abanderado del PRI a la gubernatura del estado. Inconforme, se negó a asistir al acto de postulación formal del actual mandatario. Sin embargo, cinco años más tarde, en 2009, las heridas cicatrizaron y Peña Nieto encabezó la ceremonia en memoria de Carlos Hank González.

Allí, su hijo Carlos Hank Rohn reconoció el papel de Peña Nieto en el proceso electoral recién concluido, y admitió que el estado de México se volvía a pintar con los colores del PRI debido a la gran actividad y presencia del gobernador. Consideró que la victoria fue posible porque tenemos un gran partido... y nuestro gobernador tiene una presencia increíble. Señaló que al mandatario estatal se le podía comparar con su padre, ya que ambos tienen similitudes como el carisma, juventud y el estar cerca de la gente.

Diversos analistas han documentado el hecho de que Jorge Hank es el miembro de la familia que mantiene una relación más estrecha con Peña Nieto. La familia Hank tiene una influencia económica importante en la entidad, a través de los contratos establecidos por el Grupo Financiero Interacciones con el gobierno local. Entre 2006 y 2009 la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas pactó el pago de 98.7 millones de pesos para asegurar bienes muebles, inmuebles, vehículos, aeronaves y efectivo del estado de México. Grupo Interacciones también participa en la concesión de autopistas a través del Consorcio Hermes, que ya opera la carretera Lerma-Tres Marías.

Independientemente de los antecedentes de Jorge Hank su detención significa, en el marco de la alianza presidencial con Televisa, que la guerra de Los Pinos por descabalgar a Peña Nieto de la candidatura presidencial ha comenzado. Felipe Calderón se puso los guantes de boxeo. A ver qué sucede con el país.

no + sangre, feura Calderón

Tres mujeres aspiran a ser comisionadas en la CIDH


Mañana la OEA renueva la integración del mecanismo


Por la Redacción

México, DF, 6 jun 11 (CIMAC).- Organizaciones civiles nacionales e internacionales hicieron un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que elija a los cuatro candidatos o candidatas más calificados para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En una carta, agrupaciones como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, el Grupo de Información en Reproducción Elegida e Ipas, pidieron que se elijan a personas con una trayectoria consolidada y reconocida en el campo de los Derechos Humanos (DH).

Mañana 7 de junio concluirá el 41 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en la que se elegirán a los cuatro nuevos comisionados o comisionadas de la CIDH, órgano encargado de vigilar la situación de los DH a través de sesiones públicas, informes y visitas a los países miembros.

Los comisionados analizan e investigan peticiones sobre presuntas violaciones a DH y tienen la facultad de solicitar medidas cautelares y hacer recomendaciones a los Estados integrantes de la OEA.

La CIDH también revisa casos que puede enviar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el más alto tribunal de las Américas.

Organizaciones de México han presentado ante la CIDH los casos de feminicidio de Nadia Alejandra ocurrido en 2004 y el caso de violación sexual de 11 mujeres ocurrido en Atenco en 2006, entre otros.

Este año vence el mandato de cuatro de los siete comisionados de este organismo: Paulo Sergio Pinheiro, de Brasil; Felipe González, de Chile; María Silvia Guillén, de El Salvador, y Luz Patricia Mejía Guerrero, de Venezuela, por lo que la Asamblea General de la OEA elegirá a los nuevos miembros.

Como candidatos al cargo se encuentran Rosa María Ortiz de Paraguay, quien fue vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de la ONU y fundadora de la organización Global Infancia.

Felipe González busca un segundo mandato como comisionado. Otro de los aspirantes, Guillermo A. Cochez, fue embajador de Panamá y representante de su país ante la OEA.

Entre los candidatos se encuentra el ex ministro de justicia de Perú Víctor García Toma, la abogada y especialista en DH en Jamaica Tracy Robinson, y la académica de Belice Rose-Marie Bella Antoine.

Las organizaciones civiles señalaron las próximas comisionadas o comisionados deberán deben ser personas de la más alta autoridad moral que ejerzan su cargo con total independencia, imparcialidad e idoneidad.

Exhortaron a mantener un proceso transparente en uno de los organismos que contribuye de mayor manera al fortalecimiento de la democracia, la seguridad y el desarrollo de los países de America.


En manos de ALDF tipificación del feminicidio en DF


Tipifica feminicidio y feminicidio con “agravantes”


Por Anayeli García Martínez

México, DF, 6 jun 11 (CIMAC).- Después de las controversias, los debates y amplios análisis, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y organizaciones civiles acordaron las características de un tipo penal de feminicidio que –aseguran– es claro, actual y posible de acreditar.

La abogada Karla Michel Salas –quien litigó uno de los casos de feminicido de Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua–, explicó a Cimacnoticias que tras amplios debates, esta tarde se llegó a una versión final sobre el tipo penal de feminicidio, por lo cual queda en manos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) su aprobación.

En la reunión que hoy sostuvieron representantes de la Consejería Jurídica, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia y diputados de la ALDF, entre ellos, Beatriz Rojas, Maricela Contreras y David Razú, se acordó penalizar el feminicidio con penas de 20 a 50 años de prisión.

De acuerdo con el nuevo proyecto, que deberán aprobar las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Equidad y Género, comete el delito de feminicidio quien por razones de género, prive de la vida a una mujer.

La redacción final señala que las razones de género se dan cuando, la víctima presente signos de violencia sexual, lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida y cuando existan antecedentes de amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

Las razones de género también se acreditarán cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público y cuando la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

El cambio más notorio que difiere de la versión que el 8 de marzo envió a la ALDF el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, es que también habrá feminicidio con agravantes.

Éste último se acreditará cuando haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza, o bien, una relación de parentesco; laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad entre el agresor y la víctima.

Este último delito, feminicidio con agravantes, se castigará con penas de 30 a 60 años de prisión.

En opinión de la abogada, con esta nueva propuesta se avanza en materia de violencia de género y se deja un mensaje claro de la importancia de este tema.

Además precisó que también se harán reformas al Código de Procedimientos Penales capitalino y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Mencionó que de aprobarse estas reformas en el periodo extraordinario de sesiones de la ALDF –que podría empezar este miércoles 8 de marzo- se tendrían que aprobar cambios a estas legislaciones para crear una agencia especializada en feminicidio, la creación de protocolos especializados y un banco de datos de víctimas.

Al respecto, Patricia Bedolla, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y de Cladem Morelos, dijo a Cimacnoticias que este tipo penal obedece a la realidad del país donde cada vez hay más evidencias del feminicidio.

La activista destacó que con esta iniciativa, que –afirmó– no contienen palabras confusas, se podrá acreditar el delito y ofrecer acceso a las justicia para las mujeres, así como reducir la impunidad.

En tanto la diputada perredista Beatriz Rojas, hizo un llamado a sus compañeros legisladores para que en el próximo periodo extraordinario de sesiones se apruebe la iniciativa pues consideró es un tema prioritario que no se puede posponer.

La oficina de prensa de la presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales, confirmó a Cimacnoticias que el tema sí será discutido en este periodo extraordinario.

Viudas de mineros aguardan en Saltillo arribo de caravana


OSC de Coahuila advierten aumento de violencia


Por Sofía Noriega, corresponsal

Saltillo, 6 jun 11 (CIMAC).- Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la región sureste del estado de Coahuila se alistan para recibir a la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad que llega a esta ciudad la tarde del martes 7 de junio, proveniente de Durango.

Entre quienes darán la bienvenida a las y los activistas encabezados por el poeta y periodista Javier Sicilia están las madres de los desaparecidos, las viudas de los mineros y las y los migrantes vejados. Ellas y ellos también gritan: “¡Estamos hasta la madre!”.

El Colegio Ignacio Zaragoza será la sede del encuentro donde las y los participantes lanzarán consignas sobre las condiciones indignas en las que trabajan los mineros, “y porque la impunidad es la ley que rige”, dijeron.

Blanca Martínez, presidenta del Centro Diocesano de Derechos Fray Juan de Larios; Diana Iris García, de la Fundación Unidos por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, y Rodrigo Montelongo, de Voluntades por Coahuila, convocaron a toda la sociedad a unirse al contingente en su paso por Saltillo y alzar la voz en contra de la injusticia y la inseguridad que imperan sobre todo en el norte de México.

“La violencia generalizada se ha convertido en la nueva cotidianidad y ha generado miles de víctimas inocentes; esta realidad se ha tratado de invisibilizar por las autoridades, pero ya es insostenible mantenerla oculta”, señaló Blanca Martínez.

Agregó que los organismos y las personas participantes de la caravana nacional tienen el deber de gritar que “están desapareciendo a nuestra gente, que secuestran y asesinan a nuestros hermanos migrantes, que ejecutan a nuestros jóvenes; que asesinan y desaparecen a periodistas, que nos coartan la libertad de expresión”.

El obispo Raúl Vera también se sumó a la iniciativa ciudadana y será él quien reciba a la caravana, la cual ya ha recorrido Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Después de Saltillo, la caravana proseguirá a Monterrey, Torreón y finalmente Chihuahua, donde se firmará el pacto ciudadano.

“A nuestros niños y niñas les han mermado su esperanza, las carreteras en Coahuila se han convertido en rutas de terror, las balaceras son el pan de cada día y no existe información oficial, real y oportuna que nos ayude a discernir y analizar qué está pasando en nuestras ciudades”, denunció Martínez.


Allana PF Centro de Derechos Humanos Paso del Norte


Agentes destruyen instalaciones y roban expedientes


Por Guadalupe Cruz Jaimes

México DF, 6 jun 11 (CIMAC).- La violenta irrupción ayer “sin orden de cateo” de la Policía Federal a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), representa un “agravio frontal” contra las organizaciones que en Ciudad Juárez, Chihuahua, han levantado la voz para exigir que cesen la violencia y la impunidad en la localidad fronteriza.

Verónica Corchado, integrante de las asociaciones Pacto por la Cultura y Colectiva Comunidad y Arte, dijo en entrevista que las organizaciones juarenses demandan a los tres poderes de la Unión llamen a rendir cuentas al secretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, sobre la irrupción de los federales, y para que revalore su estrategia de “lucha contra el crimen organizado”.

Ayer domingo, policías federales que iban en las patrullas con las matrículas 12427, 13972, 13943, 13748 y 1057, irrumpieron sin orden de cateo en las instalaciones del centro. Los agentes derribaron la puerta de metal y adentro destrozaron parte del inmueble. La activista mencionó que “se presume” que los federales extrajeron expedientes de los casos que lleva el CDHPN.

Corchado refirió que desde hace cinco meses, aproximadamente, comenzó el hostigamiento de la policía federal al CDHPN, ya que de forma esporádica se estacionaba una patrulla frente a las instalaciones de la organización, la cual ha dado asesoría a familias de mujeres desaparecidas y de víctimas de desaparición forzada durante la última década.

El centro, dirigido por el sacerdote Oscar Enríquez, también ha trabajado el caso de Israel Alzate, acusado de ser el sicario responsable del asesinato de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez. Además apoyó el esclarecimiento del homicidio de las y los seis integrantes de la familia Reyes Salazar.

Actualmente, el CDHPN forma parte del Grupo de Articulación Justicia en Juárez, integrado por diversas organizaciones locales que esta semana recibirán la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia.

A decir de Verónica Corchado, el centro es fundamental en el esfuerzo que la sociedad civil juarense ha hecho para que cese la “barbarie” en esa ciudad. Por ello, dijo, “no podemos tolerar esta agresión, que no es sólo contra el CDHPN sino un agravio frontal contra las organizaciones” locales.

En esta circunstancia, la defensora refirió a nombre de las organizaciones que la demanda es que los tres poderes de la Unión obliguen a Genaro García Luna, titular de la SSP, a rendir cuentas, “que investigue, explique y sancione la irrupción de la Policía Federal al centro”.

En un comunicado de prensa, las asociaciones que integran el Grupo de Articulación, entre ellas Red Mesa de Mujeres, alertaron a las organizaciones nacionales que participan en la caravana sobre este tipo de agresiones y actos de intimidación.

También pidieron a los organismos de Derechos Humanos del país y del mundo que pidan la activación de los protocolos existentes para la salvaguarda de las y los defensores y la protección de las organizaciones en México.

En específico, solicitaron a la Relatoría de Defensores y Defensoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se pronuncie al respecto y dé seguimiento a este hecho. También pidieron el pronunciamiento del Congreso de la Unión y de Chihuahua.

Por último, las organizaciones responsabilizaron al gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón, de las agresiones y ataques que pudiera sufrir cualquiera las organizaciones que conforman el Grupo de Articulación Justicia en Juárez y a quienes integran la Asamblea Juarense por la Paz con Justicia y Dignidad.
José Antonio Crespo

¿“Quinazo”o “michoacanazo”?

Se habían difundido versiones de que Felipe Calderón emprendería una persecución legal sobre personajes importantes del priísmo como vía para recuperar algo de credibilidad y respaldo ciudadano con miras al 2012. Jorge Hank Rhon podría ser el primero de una lista más amplia de peces gordos de la corrupción y/o delincuencia organizada. ¿Cómo entender este movimiento? La versión oficial de los hechos destaca como un accidente la detención de Hank Rhon: una denuncia anónima habría avisado sobre personas armadas en las inmediaciones del Hotel Palacio, y las personas aprehendidas habrían confesado la presencia de armas en un domicilio que resultó casa de Hank Rhon. Es decir, sin la denuncia anónima no se habría detenido al mexiquense; absolutamente inverosímil. Se puede asumir, en cambio, que la detención estaba planeada y calculada, al igual que otras que pudieran venir más adelante.

Ante esto, por un lado, cabría celebrar que, por fin, un gobierno del PAN se decide a realizar lo que el partido había prometido por sesenta años en la oposición: combatir de frente la corrupción, fortalecer la rendición de cuentas y poner límites a la impunidad. Todos esperábamos que Vicente Fox, con el respaldo popular y plena legitimidad democrática con que llegó al poder, sentaría algunos precedentes contundentes en este ámbito; recordemos los “lingotes de oro” de los peces gordos presos, frente a los “cacahuates“ de las reformas estructurales, de los que hablaba Francisco Barrio como Contralor. Fox optó por olvidarse de los lingotes de oro y privilegiar los cacahuates. Pero ni siquiera obtuvo éstos, pues no obtuvo el respaldo del PRI en el Congreso, pese habérsele extendido una carta de plena impunidad. En cambio, quiso presentar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como aplicación estricta de la ley, pero la gran mayoría lo vio como un uso faccioso de la justicia.

Felipe Calderón, aunque en su campaña fue enfático en que llamaría a cuentas a los corruptos (y exigió la renuncia de Mario Marín al conocerse la grabación de sus atropellos), al llegar al poder olvidó todo ello. Y ante los corruptos del PAN (como Martha Sahagún y su familia), mejor ni hablar. Frente a la mermada legitimidad con la que asumió la Presidencia, en lugar de uno o varios quinazos, Felipe prefirió montar su estrategia bélica contra el narcotráfico (de lo que jamás habló en su campaña). Tanto Fox como Calderón calcularon que el costo político de llamar a cuentas a los grandes corruptos del PRI (o a algunos de ellos) era impagable; se necesitaba al PRI en el Congreso para las reformas estructurales. Y de llamar a cuentas a corruptos del PAN (como Martha Sahagún), ni hablar.

Ahora las condiciones políticas son distintas: ya no se trata de legitimar un triunfo conseguido con calzador, ni de buscar el respaldo legislativo del PRI. Se trata ahora de mermar las intenciones de voto favorables al tricolor, e impedir su triunfo en 2012. De ahí que los priístas hablen de “terrorismo político”, es decir, del uso electoral de la justicia. ¿Es así? En efecto; no puede ser casualidad que ese instrumento se haya blandido poco antes de comicios contra el partido a vencer: contra el PRI en Jalisco, contra el PRD en Michoacán, y ahora otra vez contra el PRI. Y desde luego, no puede ser casualidad el origen mexiquense de Hank Rhon, justo antes de la elección en esa entidad y el efecto que pueda tener también sobre Enrique Peña Nieto (que aunque los niegue, ha mantenido vínculos estrechos con Hank).

En principio, deberíamos celebrar cualquier acto de rendición de cuentas contra cualquier corrupto de cualquier partido, independientemente del propósito político que lo motive. Difícilmente hay rendición de cuentas en cualquier democracia sin intención política detrás, y no por ello deja de ser un precedente sano para combatir corrupción e impunidad. Pero falta por ver si los cargos contra Hank Rhon son jurídicamente sólidos, y si no termina siendo exonerado. Alega la defensa de Hank que no hubo orden judicial de cateo ni detención, y que las armas no autorizadas le fueron sembradas. Esto último no suena descabellado, si recordamos que a los investigadores del Tec de Monterrey, ya muertos, también se les sembraron armas para incriminarlos. Preocupa, eso sí, el uso del Ejército para propósitos político-electorales. Habrá que ver también qué tanto efecto tiene esta detención (y quizá otras) sobre las intenciones electorales de los votantes. Y si todo queda en otro michoacanazo, el golpe político se convertirá en boomerang.

cres5501@hotmail.com
Investigador del CIDE


Alberto Aziz Nassif

Olores del fin de sexenio

Después de cuatro años y medio de gobierno, el clima político anuncia el final del sexenio. Los partidos políticos y sus precandidatos planifican sus estrategias para llegar al 2012 en las mejores condiciones. Las televisoras hicieron sus apuestas desde hace varios años, y hoy se apresuran a recoger la siembra. Sin duda, el gobierno trata de armar sus mejores caras para el final, pero la máscara de fracaso es inocultable. La detención de Jorge Hank Rhon es el silbatazo de que la batalla ha empezado. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie mantenemos nuestras preocupaciones e incertidumbres sobre un futuro extraño del que sólo conocemos algunas tendencias desconcertantes.

Veamos algunas de las percepciones que nos presenta la encuesta Mitofsky de mayo. Cada trimestre se hace la evaluación del gobierno federal, lo cual permite un seguimiento puntual. En esta ocasión se tienen los resultados de los 18 trimestres transcurridos. Sólo faltan seis trimestres para concluir el sexenio. Los datos nos muestran un nudo de problemas complejos que nutren la percepción ciudadana.

En general, los números y porcentajes son negativos: la inseguridad se percibe como el principal problema, seguido de los problemas económicos. La serie sobre la percepción de la situación económica y las expectativas muestran un panorama muy negro: un 82% considera mala la situación económica, y un 73% tiene expectativas de que el país va peor que antes. Para completar el cuadro hay dos datos muy importantes: 6 de cada 10 personas (62%) consideran que el rumbo del país es equivocado, y un poco más, 66%, es decir, dos de cada tres personas, ven que el gobierno no tiene el control del país y que las cosas están fuera de control.

Algunas razones que están detrás de este panorama negativo son dos ubicaciones que nos explican por qué se llegó a este punto: la primera es el reacomodo político que se da cuando se acerca el fin del sexenio; los priístas han empezado un distanciamiento irreversible, ya que en noviembre de 2010 había un desacuerdo con el gobierno de 44.4%, y ahora, tres meses después, sube a 54.6%. Con el caso Hank Rhon, seguramente crecerá la distancia. El otro factor de desacuerdo es geográfico y obedece, entre otras razones, a la gravísima situación que ha dejado el crimen organizado en el Norte del país, una región que había estado mayoritariamente de acuerdo con el gobierno de Felipe Calderón. Así, el desacuerdo norteño en noviembre de 2010 era de sólo 31%, y ahora sube a 46%. El tercer ingrediente, además del factor regional y el que expresa la tensa relación entre el gobierno panista y el PRI, se refiere al llamado grupo de los independientes. Ése importante sector que se mueve por fuera de la lógica partidista también ha empezado a irse hacia el desacuerdo con el gobierno de forma mayoritaria; pasó de 47.5% en noviembre pasado a un 53.6% en mayo.
Estos indicadores nos ubican en una lógica de final de sexenio. Lo más probable es que en los próximos meses estas perspectivas se vayan profundizando. Sería muy difícil ver un cambio de rumbo en las principales directrices y políticas de este gobierno hacia el final, más bien lo que todos los días se observa es una ratificación de la estrategia de seguridad que se defiende como si fuera la mejor ruta. En términos económicos, todos los datos apuntan hacia más precariedad laboral, a pesar de los anuncios de que el empleo formal crece; el repunte del crecimiento económico de este año no termina de compensar lo perdido con la crisis, por lo que el “estancamiento estabilizador” seguirá dominando la política económica.

En México ya tenemos mucha experiencia en finales de sexenio complicados; sólo hay que recordar el año de 1994, cuando se rompieron varios referentes importantes de la estabilidad política (asesinatos políticos, levantamiento armado, crisis económica). En el 2006, el conflicto fue por una rivalidad entre izquierda y derecha; se polarizó el voto y la diferencia fue mínima: un 0.56%, un resultado polémico al que se sumaron múltiples abusos de actores que lastimaron la democracia.

Ahora se aproxima otra sucesión, y los términos de referencia —que ya se anuncian— no presagian un recambio tranquilo. Los peligros que representa el crimen organizado debilitan el proceso. El uso político de los expedientes judiciales, que ya empezaron a usarse, pueden reactivar una polarización. Así se anuncia el fin de sexenio: con fosas que destapan a los miles de muertos anónimos, con corrupción institucional, con una irresponsable actitud para debilitar al árbitro electoral, y con un gobierno que cada día tiene menos apoyo y credibilidad. Los olores pestilentes del final del sexenio, cuando todavía falta un año y medio, generan un panorama preocupante.

Investigador del CIESAS
Adela Navarro Bello

Sospechoso habitual

Cuando el 22 de junio de 2004 fuimos informados del asesinato de nuestro editor Francisco Javier Ortiz Franco, dos fueron los sospechosos en quienes primero pensamos. Una organización criminal, y un individuo.
Efectivamente, don Jesús Blancornelas y quienes le acompañábamos en aquellos aciagos días, luego de una revisión a los últimos trabajos periodísticos del licenciado Ortiz, concluimos que la orden de matarlo pudo tener dos orígenes: algún miembro del cártel Arellano Félix, o Jorge Hank Rhon.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California coincidió con nuestra percepción periodística, por eso incluyó a Hank en una lista de tres sospechosos de asesinar a mi compañero periodista. El tercer sitio lo ocupaba Heriberto Lazcano, aún prófugo y ostensiblemente líder de la organización criminal de los zetas.

Pero aquella de 2004 no fue la primera vez que a Jorge Hank se le consideraba sospechoso de atacar a un miembro de la redacción de ZETA. En 1988, el 22 de abril, Héctor Félix Miranda fue asesinado de cuatro disparos que salieron de una escopeta recortada. Su verdugo material, Antonio Vera Palestina, fue detenido en 1990, pero cuando cometió el crimen, encabezaba la Jefatura de Seguridad del Hipódromo Agua Caliente, negocio concesionado por el gobierno federal al menor de los hijos del profesor Carlos Hank González.

Victoriano Medina, también miembro del cuerpo de seguridad de Jorge Hank, participó en la emboscada a Héctor Félix Miranda. Fue quien manejó el vehículo desde el cual, y a sangre fría, dispararon hasta matar al periodista.

Vera fue sentenciado a 25 años de prisión que todavía purga en el penal de Puente Grande, Jalisco, hasta donde fue enviado debido a la peligrosidad que su presencia representaba en la Penitenciaria de Tijuana. Medina paga una sentencia de 27 años en la Penitenciaría de Mexicali.

Tanto los agresores como las armas, los vehículos y los pagos económicos a quienes hoy están presos por el asesinato de Félix Mirada, tuvieron su origen en las instalaciones del Hipódromo Agua Caliente. En este contexto, Jorge Hank Rhon se convirtió en el primer sospechoso de la autoría intelectual del crimen.

Sin embargo la autoridad bajacaliforniana no avanzó en la investigación judicial para develar la identidad de quien ordenó matar a Héctor Félix, y a mediados de la década de los noventa el caso fue cerrado durante el gobierno de Héctor Terán Terán.

En junio de 2004, el editor de ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco, profesional del derecho, fue designado por la Sociedad Interamericana de Prensa y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como abogado revisor del expediente de Héctor Félix. Eugenio Elorduy Walter, el gobernador de Baja California en la fecha, otorgó permiso para la revisión del caso y prometió que si el colegiado encontraba un elemento que no hubiese sido debidamente investigado para esclarecer la autoría intelectual, el caso judicial sería reabierto.

Esa tarea desempeñaba Ortiz Franco cuando fue acribillado la mañana del 22 de junio de 2004. Considerando este contexto profesional, el entonces Procurador General de Justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna, concluyó que Jorge Hank era una línea de investigación en el crimen contra el periodista.

Nosotros en ZETA no hemos dejado de pugnar por el esclarecimiento de los dos homicidios. Hoy día, con la detención el 4 de junio de 2011, de Jorge Hank Rhon, luego que el Ejército Mexicano encontró en su domicilio 88 armas -más de la mitad de ellas de uso exclusivo de las fuerzas armadas de este país-, no perdemos la esperanza de que el expediente de Héctor Félix sea reabierto.

La decisión del gobierno federal encabezado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, de actuar de manera contundente contra el ex alcalde de Tijuana, significa un paso hacia el fin de la impunidad. Si bien Hank Rhon sólo es juzgado por violentar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Penal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada podría tratarse del inicio de la certeza jurídica en México.

La Procuraduría General de la República puede –y debe- demostrar, a partir de este caso, que efectivamente la Ley se aplica sin distingos de estrato económico, ideología política, o estirpe. La detención de Hank abandonó el ámbito político y se adentró en el tema criminal, cuando decomisaron las 88 armas y los más de nueve mil tiros.

Jorge Hank Rhon ha sido un sospechoso habitual.

En enero de 2009, un oficial de migración de los Estados Unidos en la garita de San Ysidro en California le retiró la visa láser para internarse legalmente a territorio norteamericano. El agente tomó esa decisión cuando, después de deslizar el carné internacional por el lector de cinta magnética, leyó en el ordenador todos los casos en los cuales el portador aparecía como sospechoso de conductas ilícitas, relacionadas con el crimen organizado.

El concesionario del Hipódromo se defendió en primera instancia, pero el Juez concedió la razón jurídica al oficial de migración, y negó a Hank la reposición de su documento. Hasta la fecha, la autoridad de los Estados Unidos le ha negado la entrada a ese país.

En estos momentos el gobierno de México tiene la oportunidad de acabar con la impunidad que por más de dos décadas ha distinguido a Jorge Hank Rhon, y a quienes le rodean. Incluido su joven Jefe de Seguridad, Jorge Vera Ayala, hijo del sentenciado asesino de Héctor Félix Miranda aquel 22 de abril de 1988.
*Es Co Directora General del Semanario ZETA, en Tijuana, Baja California

Estado de México: gobernar diferente


Alejandro Encinas


En el Estado de México, estamos enfrentando, en el marco de una contienda profundamente inequitativa, a uno de los grupos políticos más corruptos, autoritarios y conservadores del país: al llamado grupo Atlacomulco; una cofradía que ha conformado una red de intereses, complicidades, negocios, tráfico de influencias y dinero, con el que todo lo quiere comprar y todo lo quiere corromper.

Participamos en este proceso con un perfil claro y definido. Con las izquierdas unidas y con una propuesta que se cimienta en un basamento ético de compromisos de cara a la ciudadanía, que tiene como eje la lucha contra la desigualdad y la exclusión social en todas sus expresiones, guiados por un valor central: la justicia, no como dádiva ni concesión de la autoridad, sino como un derecho de los ciudadanos.

La desigualdad es el signo de nuestro presente. Esta desigualdad dificulta enormemente la reducción y el combate a la pobreza. La desigualdad no se encuentra sólo en el nivel de ingresos de la población, sino también en el acceso a la educación y la salud; en la inequidad ante la ley; en la posibilidad para influir en las decisiones políticas y en los asuntos públicos; en la discriminación por razones de sexo, de etnia, de religión, por discapacidad, condición social y orientación sexual.

Nos hemos propuesto construir una nueva forma de hacer política. Proponemos un cambio que conduzca a otra forma de gobernar con un propósito central: reducir la desigualdad desde el ejercicio pleno de la democracia. Un nuevo tipo de gobierno. Construiremos un nuevo pacto social a partir de un amplio frente con la ciudadanía, que tenga como objetivo desmantelar las dinámicas que reproducen y profundizan la desigualdad y la violencia. Para ello, se requiere un cambio de rumbo, sin medias tintas, simulación, ni componendas, combatiendo la exclusión y reconociendo la diversidad de nuestra sociedad.

Es un ejercicio de ética política, a partir de reivindicar principios y valores como la libertad, la tolerancia, la laicidad, la equidad. La autonomía como valor central, ya que sólo ciudadanos libres pueden hacer de la lucha contra la desigualdad una lucha contra toda forma de discriminación, y pueden garantizar un puente indisoluble entre igualdad, libertad y ejercicio pleno de derechos.

Una nueva forma de hacer política implica innovar maneras de relación de los ciudadanos con los poderes constituidos y entre ellos mismos, estableciendo una nueva moral pública basada en la honestidad, transparencia, combate a la impunidad y el cumplimiento a la palabra empeñada.

Gobernar diferente significa devolver las instituciones al pueblo, desmontar inercias e intereses a todos niveles. Las instituciones públicas sólo tienen sentido en la medida que respondan y resguarden los derechos políticos, civiles, sociales y ambientales de los ciudadanos.

Esto es lo que proponemos para el Estado de México: dejar atrás la cultura del clientelismo y la manipulación de las necesidades de la gente; superar la cultura del peticionismo: que nunca nadie más tenga que estirar la mano para ver qué migajas le da el gobierno. Vamos a construir una nueva cultura de exigibilidad de derechos, donde el gobierno cumpla con su responsabilidad solidaria con quienes menos tienen, y donde el pueblo exija los derechos que por ley le corresponden.

Vamos a llevar al Estado de México las experiencias exitosas que construimos en el Distrito Federal. Vamos a convertir en leyes una nueva generación de derechos sociales para que la gente recupere la fe y la esperanza en gozar de una vida digna, en paz, con seguridad y futuro. Con la posibilidad de prosperar y salir adelante.
Candidato a gobernador por la coalición Unidos Podemos Más en el Estado de México

Partidos en Coahuila violan paridad de manera “flagrante”


Apenas 33 por ciento de candidatas: Inmujeres


Por la Redacción

México, DF, 6 jun 11 (CIMAC).- Con todo y que desde 2008 el Código Electoral de Coahuila estipula la paridad de género en las candidaturas a cargos de elección popular, en los comicios de este año no hay ninguna abanderada a la gubernatura y en las listas para el Congreso local las aspirantes apenas suman el 33 por ciento.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en el texto “Cumplimiento de la cuota de género en las listas de candidaturas Coahuila 2011”, señala que aunque el estado tenga un código electoral de avanzada en los hechos la paridad de género no se cumple.

De acuerdo con el Inmujeres, resulta “sorprendente” que únicamente el Partido del Trabajo haya alcanzado el porcentaje de 50 por ciento de participación femenina y 50 por ciento masculina, para las candidaturas de mayoría relativa. Le siguió Convergencia con 44 por ciento de postulaciones de mujeres.

Por el principio de representación proporcional (RP) sólo la coalición Coahuila Libre y Seguro y Convergencia, cumplieron con la paridad. El caso más grave es el del Partido Nueva Alianza (Panal), ya que sólo registró 22 por ciento de mujeres en sus listas.

La composición actual del Congreso local muestra la falta de voluntad para garantizar la participación política de las mujeres: las coahuilenses ocupan solamente seis de las 31 curules. Mientras que de los 38 municipios del estado ninguno está encabezado por mujeres.

Para los comicios locales del próximo 3 de julio, de las 155 candidaturas propietarias en Coahuila sólo el 33.3 por ciento corresponden a mujeres. Esto quiere decir que sólo tres de cada 10 postulaciones son femeninas. En el caso de las suplencias, la proporción se eleva a 55 por ciento.

Así como los partidos nominaron más mujeres en suplencias que en candidaturas propietarias, los institutos también postularon más mujeres en candidaturas plurinominales (40 por ciento de 60 aspirantes) que de mayoría relativa (29.2 por ciento de 96 candidaturas), según el análisis del Inmujeres.
En el estado norteño los partidos violaron de forma “flagrante al no cumplir con el porcentaje de RP, el orden en lista o mediante la evasión vía ‘elección interna’”.

“Resulta lamentable” que una legislación como la de Coahuila, que cuenta con “los mejores elementos normativos en materia de participación política de las mujeres, sea ignorada y contravenida” por los institutos políticos, sostuvo el Inmujeres.

Sumado a la transgresión de la ley electoral en las candidaturas para diputaciones locales, está el hecho de que ninguna coahuilense fue postulada para contender por la gubernatura del estado.

Por ello, refirió el Inmujeres, es importante que las instituciones y los grupos defensores de los derechos políticos de las mujeres exijan a las autoridades locales que se haga valer la ley electoral respecto al cumplimento de la cuota de género, que incluye la sanción a los partidos políticos que la infrinjan.

De acuerdo con el artículo 144 del Código Electoral del estado, el Consejo General del Instituto Electoral requerirá en primera instancia que el partido o coalición que falte a las disposiciones respecto a la equidad de género rectifique la solicitud de registro de candidaturas en un plazo de 48 horas, si no lo hace recibirá una amonestación pública.

Si pese a la amonestación no cumple, el Consejo General le dará 24 horas para que haga la corrección; en caso de ignorar el llamado, ese consejo “realizará los ajustes necesarios hasta alcanzar el cumplimiento de las normas aplicables en esta materia”.