Por: Cecilia Balderas
(31 de julio, 2015. Revolución
TRESPUNTOCERO).- Felipe de la Torre, oficial a cargo de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México alertó –en su
participación en el Encuentro Regional Contra la Trata de Personas:
avances y perspectivas- que en nuestro país hay identificados 414
municipios vulnerables donde existen condiciones para que se
potencialice la proliferación de víctimas de trata de personas.
En el marco del Día Mundial Contra la
Trata de Personas, el funcionario señaló que “aunque existe operación
de mafias transnacionales en el tema de la trata, desafortunadamente la
mayor parte es interna y se da en los entornos más íntimos de la
víctima, donde las leyes soberbias contra la delincuencia organizada,
no pueden llegar porque estamos hablando de primos, tíos, gente muy
cercana que es la que alista la operación”.
Subrayó que otra problemática en
nuestro país, es la inexistencia de estadísticas confiables sobre el
tema, pues cada dependencia maneja sus datos de manera independiente,
lo que complica la atención a las víctimas que tienen que pasar por
“todo un viacrucis” institucional para poder acercarse a alguna
autoridad que le brinde ayuda.
Problema global
El funcionario de la ONU sostuvo que
“según el reciente reporte mundial sobre la trata de personas elaborado
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se
han detectado víctimas de 152 nacionalidades en 124 países; existe un
incremento significativo y preocupante de las víctimas de trata de
personas menores de edad, especialmente niñas”.
Agregó que los mismos datos arrojan que
en la última década no se han presentado avances significativos en la
persecución penal de este delito, aun cuando sí ha habido avance en la
tipificación del mismo, pues de los 128 países analizados, 40 %
reportaron menos de 10 sentencias condenatorias al año por dicho delito
y en 15 % del total no se registró una sola.
“Esta situación ilustra el inaceptable
nivel de impunidad y resalta el hecho de que, al momento, los tratantes
de personas están perpetrando este delito sin recibir castigo alguno”,
puntualizó de la Torre.
El reporte identificó que existen tres
grandes destinos de víctimas de trata: oriente medio, en particular la
Península Arábiga, a donde son llevadas personas “enganchadas”
originarias de Europa del este, Asia oriental y África.
Europa sigue siendo una zona
“atractiva” para la llegada de migrantes africanos, en tanto que
Estados Unidos, Canadá y algunas zonas de México han registrado un
incremento en la presencia de víctimas de trata con fines de
explotación laboral; sin embargo, la “trata interna”, es decir, de una
región a otra, se ha vuelto cada vez más prominente, porque los niveles
de riesgo para los tratantes disminuyen considerablemente al estar
familiarizados con la reglamentación de su país y compartir cultura con
las posibles víctimas.
“Mientras nosotros gozamos de la
libertad de movernos, de trasladarnos a donde queramos o ver la luz del
sol, hay cientos de miles de niños, adolescentes y adultos mayores que
no están viendo ninguna luz; están atrapados, encadenados en fábricas,
burdeles, talleres, pescaderías de todo el mundo…este es un problema
global. México tiene problemas, muchos retos que enfrentar, pero
desafortunadamente no somos los únicos”, apuntó el funcionario en su
ponencia.
La postura institucional
En su participación, el titular de la
Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
(Segob), Roberto Campa, sostuvo que “la trata de personas ha superado
en su impacto y capacidad de daño social al tráfico de armas y se ha
posicionado como el segundo proveedor de recursos económicos a la
delincuencia organizada en el mundo”.
El político cercano a la exlideresa
magisterial, Elba Esther Gordillo, reconoció que “la trata de personas
socaba lo más profundo del entramado social y afecta de tal manera a
las víctimas que la sufren, que muchos y muy grandes son los esfuerzos
que se requieren para garantizar la sobrevivencia de las personas
afectadas por el sometimiento al que se ven forzadas”.
Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria
para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) declaró que “México condena la trata de personas como
una forma inaceptable y condenable de esclavitud y como un acto
sumamente contrario a los derechos humanos”.
Agregó que de acuerdo a datos de la
ONU, se estima que las ganancias derivadas de este delito superan los
32 mil millones de dólares anuales y apuntó que “los migrantes son
especialmente vulnerables de convertirse en víctimas”.
En el encuentro, organizado por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
materia de Trata de Personas y para a Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, también participó Adriana Dávila, presidenta de la
Comisión contra la Trata de Personas en el Senado de la República.
La legisladora sostuvo que “es tiempo
de que México voltee a ver a otras víctimas invisibles o anónimas que
también están ahí, generalmente de trabajos forzados en los campos
agrícolas, maquiladoras, restaurantes o en fábricas que a veces no
conocemos”.
La senadora pidió no estigmatizar a la
población de Tenancingo –comunidad ubicada en Tlaxcala que se ha
caracterizado por presentar altos índices de tratantes de personas y
basar su economía en dicha actividad- pues “esa estigmatización ha
generado otros problemas alternos en el combate a la trata de personas;
muchos jóvenes originarios de ahí, a partir de 2004, han dejado de
estudiar; no los admiten en las universidades porque piensan que los
chavos van a ir a enganchar a las jovencitas”.
Por políticas públicas garantistas
En su participación, el titular de la
CNDH, Luis Raúl González, agregó que uno de los rasgos característicos
de ese delito es el daño sistémico que deja en las víctimas, sus
familias y comunidades; pues se les vulnera derivado del acto delictivo
en sí mismo, pero también previa y posteriormente, todos los derechos
que se establecen en los instrumentos internacionales: el derecho a no
ser sometidas a esclavitud ni a servidumbre, el derecho a la libertad,
a una vida digna, a la seguridad personal, a no ser sujetas de tortura
ni penas o tratos crueles, degradantes y a la no discriminación.
El ombudsman nacional se pronunció por
la aplicación de políticas públicas garantistas que “permiten, sin
dejar de perseguir el delito, reconocer que esta forma de agresión se
encuentra ligada a la discriminación y a la inequidad”.
González agregó que la identificación
del perfil identificado, en México y en otros países, confirma que las
mujeres, particularmente niñas y adolescentes, “son las más
susceptibles a ser víctimas de estos delitos; este grupo poblacional es
el que sufre sistemáticamente la inequidad en el acceso a oportunidades
educativas y laborales, así como el estereotipo de género que las
convierte en objetivos y contribuye a la concepción de la mujer como
una mercancía que puede venderse, rentarse y desecharse”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario