7/31/2015

414 municipios “vulnerables” de potencializar víctimas de trata de personas; tratantes sin castigo alguno: ONU


    
trata

(31 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Felipe de la Torre, oficial a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México alertó –en su participación en el Encuentro Regional Contra la Trata de Personas: avances y perspectivas- que en nuestro país hay identificados 414 municipios vulnerables donde existen condiciones para que se potencialice la proliferación de víctimas de trata de personas.
En el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas, el funcionario señaló que “aunque existe operación de mafias transnacionales en el tema de la trata, desafortunadamente la mayor parte es interna y se da en los entornos más íntimos de la víctima, donde las leyes soberbias contra la delincuencia organizada, no pueden llegar porque estamos hablando de primos, tíos, gente muy cercana que es la que alista la operación”.
Subrayó que otra problemática en nuestro país, es la inexistencia de estadísticas confiables sobre el tema, pues cada dependencia maneja sus datos de manera independiente, lo que complica la atención a las víctimas que tienen que pasar por “todo un viacrucis” institucional para poder acercarse a alguna autoridad que le brinde ayuda.

Problema global
El funcionario de la ONU sostuvo que “según el reciente reporte mundial sobre la trata de personas elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se han detectado víctimas de 152 nacionalidades en 124 países; existe un incremento significativo y preocupante de las víctimas de trata de personas menores de edad, especialmente niñas”.
Agregó que los mismos datos arrojan que en la última década no se han presentado avances significativos en la persecución penal de este delito, aun cuando sí ha habido avance en la tipificación del mismo, pues de los 128 países analizados, 40 % reportaron menos de 10 sentencias condenatorias al año por dicho delito y en 15 % del total no se registró una sola.
“Esta situación ilustra el inaceptable nivel de impunidad y resalta el hecho de que, al momento, los tratantes de personas están perpetrando este delito sin recibir castigo alguno”, puntualizó de la Torre.
El reporte identificó que existen tres grandes destinos de víctimas de trata: oriente medio, en particular la Península Arábiga, a donde son llevadas personas “enganchadas” originarias de Europa del este, Asia oriental y África.
Europa sigue siendo una zona “atractiva” para la llegada de migrantes africanos, en tanto que Estados Unidos, Canadá y algunas zonas de México han registrado un incremento en la presencia de víctimas de trata con fines de explotación laboral; sin embargo, la “trata interna”, es decir, de una región a otra, se ha vuelto cada vez más prominente, porque los niveles de riesgo para los tratantes disminuyen considerablemente al estar familiarizados con la reglamentación de su país y compartir cultura con las posibles víctimas.
“Mientras nosotros gozamos de la libertad de movernos, de trasladarnos a donde queramos o ver la luz del sol, hay cientos de miles de niños, adolescentes y adultos mayores que no están viendo ninguna luz; están atrapados, encadenados en fábricas, burdeles, talleres, pescaderías de todo el mundo…este es un problema global. México tiene problemas, muchos retos que enfrentar, pero desafortunadamente no somos los únicos”, apuntó el funcionario en su ponencia.

La postura institucional
En su participación, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, sostuvo que “la trata de personas ha superado en su impacto y capacidad de daño social al tráfico de armas y se ha posicionado como el segundo proveedor de recursos económicos a la delincuencia organizada en el mundo”.
El político cercano a la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, reconoció que “la trata de personas socaba lo más profundo del entramado social y afecta de tal manera a las víctimas que la sufren, que muchos y muy grandes son los esfuerzos que se requieren para garantizar la sobrevivencia de las personas afectadas por el sometimiento al que se ven forzadas”.
Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declaró que “México condena la trata de personas como una forma inaceptable y condenable de esclavitud y como un acto sumamente contrario a los derechos humanos”.
Agregó que de acuerdo a datos de la ONU, se estima que las ganancias derivadas de este delito superan los 32 mil millones de dólares anuales y apuntó que “los migrantes son especialmente vulnerables de convertirse en víctimas”.
En el encuentro, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para a Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, también participó Adriana Dávila, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas en el Senado de la República.
La legisladora sostuvo que “es tiempo de que México voltee a ver a otras víctimas invisibles o anónimas que también están ahí, generalmente de trabajos forzados en los campos agrícolas, maquiladoras, restaurantes o en fábricas que a veces no conocemos”.
La senadora pidió no estigmatizar a la población de Tenancingo –comunidad ubicada en Tlaxcala que se ha caracterizado por presentar altos índices de tratantes de personas y basar su economía en dicha actividad- pues “esa estigmatización ha generado otros problemas alternos en el combate a la trata de personas; muchos jóvenes originarios de ahí, a partir de 2004, han dejado de estudiar; no los admiten en las universidades porque piensan que los chavos van a ir a enganchar a las jovencitas”.

Por políticas públicas garantistas
En su participación, el titular de la CNDH, Luis Raúl González, agregó que uno de los rasgos característicos de ese delito es el daño sistémico que deja en las víctimas, sus familias y comunidades; pues se les vulnera derivado del acto delictivo en sí mismo, pero también previa y posteriormente, todos los derechos que se establecen en los instrumentos internacionales: el derecho a no ser sometidas a esclavitud ni a servidumbre, el derecho a la libertad, a una vida digna, a la seguridad personal, a no ser sujetas de tortura ni penas o tratos crueles, degradantes y a la no discriminación.
El ombudsman nacional se pronunció por la aplicación de políticas públicas garantistas que “permiten, sin dejar de perseguir el delito, reconocer que esta forma de agresión se encuentra ligada a la discriminación y a la inequidad”.
González agregó que la identificación del perfil identificado, en México y en otros países, confirma que las mujeres, particularmente niñas y adolescentes, “son las más susceptibles a ser víctimas de estos delitos; este grupo poblacional es el que sufre sistemáticamente la inequidad en el acceso a oportunidades educativas y laborales, así como el estereotipo de género que las convierte en objetivos y contribuye a la concepción de la mujer como una mercancía que puede venderse, rentarse y desecharse”.

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