La
respuesta de los gobiernos del estado de México y federal a los miles
de maestros movilizados del valle de México es oídos sordos y voltear
para otro lado. No los veo, no los oigo, tal es la respuesta.
El
24 de junio, unos 10 mil trabajadores del valle de México, miembros de
la sección 36 del SNTE, marchamos por las calles del DF. El gobierno
federal y el del estado de México no nos vieron ni nos oyeron. El
primero de julio nos movilizamos al mismo tiempo, hacia el edificio
sede de la sección 36 (Ecatepec) y en la ciudad de México hacia la SEP,
y otra vez ambos gobiernos ignoraron nuestra petición de audiencia. El
sábado 4 de julio miles de maestros de grupo marchamos hacia la
residencia oficial en Los Pinos y el gobierno federal no tuvo ni
siquiera la mínima atención para recibir a la comisión del Movimiento
de Bases del Valle de México (se recibió un documento en la calle tras
la valla de granaderos). El 9 de julio nos dirigimos hacia la sede de
la sección 36 en Ecatepec y la respuesta del gobierno del estado fue:
cientos de policías, camionetas llenas de toletes y escudos, camionetas
artilladas (aunque usted no lo crea, con ametralladoras montadas) y una
tanqueta antidisturbios. ¡Vaya respuesta del gobierno mexiquense! Punto
aparte fue el escandaloso operativo montado por los charros de
la sección 36, consistente en concentrar golpeadores pagados con
nuestras cuotas, reforzar puertas y rejas, colocación de una maya
ciclónica electrificada, botes llenos de piedras, palos, todo para
recibir a los maestros que dicen “representar”. Todas estas
movilizaciones, aparte de las realizadas regionalmente en Naucalpan,
Villa Nicolás Romero, Ecatepec y Atizapán, no lograron atención por
parte de los dos gobiernos.
Quizá el colmo de la cerrazón y
falta de sensibilidad del gobierno estatal se da el 15 de julio. Miles
de profesores, federales y estatales, de las dos secciones del SNTE (la
17 y la 36), del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México
y de compañeros del Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa
marchamos en la capital del estado, Toluca, y no hubo ni siquiera
disposición a atender a una comisión.
El gobierno federal
impulsó una reforma constitucional a los artículos 3 y 73, el Congreso
aprobó sin analizar y los congresos locales avalaron sin consultar,
nunca, a unos de los principales actores del proceso educativo: los
maestros frente a grupo. Impusieron tres leyes reglamentarias a la
reforma constitucional, sin consultar a especialistas, investigadores
y, otra vez, dejando de lado la opinión, experiencia y conocimiento de
los maestros. Atendiendo más a intereses extranjeros, a ordenamientos
de organismos financieros supranacionales y a la derecha más
recalcitrante (“Mexicanos Primero”), impusieron una política educativa
que en nada, en nada, va a beneficiar a la educación pública y, por lo
tanto, no persigue beneficio a los niños y jóvenes de nuestro país.
Mintiendo flagrantemente, sin ningún fundamento académico o pedagógico,
el gobierno federal, las cámaras de Diputados y Senadores, y los
empresarios se han encargado de engañar a la opinión pública, vía los
medios masivos de comunicación, diciendo que incorporar al tercero
constitucional “la calidad de la educación” es la llave todopoderosa
para mejorar la educación (“La reforma al 3°: un nuevo engaño a la
sociedad”, La Jornada, 30 de diciembre de 2012). No se acuerdan
(no quieren) de mencionar la situación terrible en que se encuentran
los edificios escolares; los bajos niveles de alimentación de niños y
jóvenes; el entorno de violencia; la basura que presenta la televisión;
y un sinfín de etcéteras que evitan comentar. Por el contrario, se han
encargado de denostar y burlar el trabajo del millón de profesores,
poniéndonos en el banquillo de los acusados. Sin que se nos permita
argumentar nuestras opiniones, se nos ha condenado como responsables
del deterioro educativo. Para el Estado mexicano los profesores somos
los culpables y la solución mágica es “evaluarlos” para “corregir
fallas” (sic).
La respuesta masiva, a lo largo y ancho del
país, que hemos dado los maestros de base en las últimas semanas,
demuestra el rechazo a lo que malamente ha llamado el gobierno “reforma
educativa”. Demuestra la desconfianza en su “evaluación al desempeño
docente” y a la satanización que han hecho de nuestra justa lucha.
Nuestro objetivo es defender la educación pública. Somos los más
interesados en que se mejoren las condiciones materiales de los centros
escolares, en que nuestros alumnos reciban los materiales educativos
suficientes y a tiempo, que reciban uniformes y calzado gratuito, que
cuenten con desayunos y comida caliente (sin engaños como los de su
programa “escuelas de tiempo completo”), que haya maestros en todos los
grupos. Al mismo tiempo exigimos que se respeten nuestros derechos
laborales y profesionales.
La evaluación es parte del proceso
educativo. Sólo un ignorante o alguien de mala intención puede
acusarnos de que nos oponemos a la evaluación. Nos oponemos a la
evaluación con carácter punitivo que están instrumentando. Vamos a
evaluar al sistema educativo en su conjunto, comenzando por Emilio
Chauyffet, y de ahí para abajo. Vamos a evaluar en qué condiciones
trabajamos los maestros. Vamos a evaluar los planes, programas y
materiales educativos (libros). Vamos a evaluar el papel de los medios
masivos de comunicación y su nociva influencia en nuestros alumnos.
La mal llamada reforma educativa nació muerta porque no cuenta con el
concurso de los maestros de grupo. Puede el Estado seguir insistiendo
en su imposición; sin embargo, los maestros de base estamos decididos a
mantener la resistencia. Creemos que el diálogo y el intercambio de
opiniones es la mejor salida para comenzar a mejorar la educación
pública. El gobierno federal y el del estado de México tienen la
palabra. Diálogo o cerrazón.
Pedro Ramírez Vázquez es Licenciado en pedagogía. Fundador de la escuela telesecundaria 211.
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