Plan b -
Otilia
es trabajadora doméstica, mujer fuerte, madre soltera que se esfuerza
por sus tres hijos, uno de ellos con hidrocefalia. Ella y su familia
dejaron de entregar la basura al camión que pasa cada tercer día.
Prefieren arrumbarla en el patio que une las dos casitas familiares en
una zona marginada de puerto Morelos, cerca de Cancún. La guarda porque
el gobierno del estado creó un programa denominado “Basura por
alimentos”.
Cada tanto vienen los camiones rojos, con gente vestida de rojo y el
escudo tricolor del PRI muy visible, a recorrer el barrio. Esperan a
100 familias que hacen fila con sus triciclos de panadero cargados de
basura; el teatro es interminable.
Les entregan canastas básicas kilo contra kilo, generalmente más de lo
que necesitan de ciertos alimentos, así que unos días después revenden
latas de frijoles, aceite, arroz, etcétera.
Todo el pueblo paga el predial e impuestos que cubren la cuota de
levantamiento y procesamiento de basura, pero al gobernador Roberto
Borge se le ocurrió la genial idea de utilizar recursos públicos en un
proyecto profundamente populista y paternalista.
En lugar de persistir en el proyecto de educación para el reciclaje y
reutilización de basura y desechos orgánicos, triplica el presupuesto
en un gasto no solamente inútil sino que crea dependencia, corrupción y
desgaste social.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció a Otilia y su familia
que el programa nacional de ahorro energético exige que lleven todos
los focos antiguos de su casa para que les entreguen focos ahorradores.
Otilia explica al responsable del proyecto en el pueblo que ellas usan
pocos focos en casa y sólo tienen un recibo de luz; “pues consígase
recibos de otros vecinos para que le demos más. No sea malita seño,
apóyenos, tenemos que entregar 10 mil focos en tres días”, le dijo el
responsable de la CFE.
Ella pensó que eso es corrupción, decidió no pedir recibos prestados; otros sí lo hicieron por miedo a que les cortaran la luz.
Ramiro tiene 60 años y luego de 27 horas sentado en una silla del
hospital, lo atendieron. Fue diagnosticado con cáncer de piel, ha
dedicado 30 años de su vida como albañil a construir hoteles en Cancún.
El médico le explica que debido a la crisis económica, los médicos
tienen la orden de posponer cualquier tratamiento oncológico hasta
nuevo aviso. No pueden darle la radiación que según el propio médico
era urgente: de vida o muerte.
Le recomienda que vaya a la Sedesol, que se inscriba en un programa
Oportunidades y lleve a toda su familia por alimentos y servicios
médicos. El hombre dice que eso no es necesario que lo único que quiere
es su tratamiento.
El médico lo convence de que sólo si va a Oportunidades y toda la
familia firma lo pueden recomendar para que el hospital privado Galenia
le haga la radiación con 80 por ciento de descuento.
Ramiro está agotado, espera al rayo de sol con seis miembros de su
familia, llenan papeles, dan sus credenciales de elector, firman
documentos y les entregan cajas con aceite, frijoles y leche.
Él insiste en que no necesitan comida, la representante de Sedesol le
dice: “Pues si no la necesita, véndala y así junta un dinerito extra”.
Con su papel de Oportunidades sellado va a pedir la beca. Le dicen que
espere unos seis meses.
Cientos de miles de historias se suman a la crónica diaria que muestra
con claridad cómo se teje estratégicamente el entramado de la
corrupción social a través del paternalismo y las medidas populistas
ordenadas por el gobierno de Peña Nieto y reproducidas por alcaldes y
gobernadores.
Hay una clara estrategia de condicionamiento que viene de arriba hacia
abajo para desmovilizar la dignidad individual, para crear dependencias
donde no las había, para someter a la desesperanza a quienes tenían
esperanza de sobrevivir enfermedades crónicas o mortales.
No es la condición humana lo que Peña Nieto quiere domesticar (como
dijo hace unos días), es la condición de ciudadanas y ciudadanos libres
la que quieren someter a un sistema de controles que inhabilita a la
gente para hacer lo correcto.
Porque no se trata sólo de rebelarse o de resistir la impunidad, o de
marchar ante la injusticia; hay algo más estratégico, más perverso, más
típicamente priista al estilo de Echeverría: la reinstitucionalización
del paternalismo de la pequeña corrupción ordenada, sugerida y
facilitada por las instituciones gubernamentales.
No se trata de negar que hay miles de mexicanos dispuestos a mentir,
sobornar o corromperse, sin duda los hay. De lo que se trata es de
señalar el condicionamiento estratégico que surge del poder hacia las
bases de la pirámide.
Las estrategias de opresión y manipulación para que la sociedad se
convierta día con día, entre la pobreza, la basura, la electricidad y
la ausencia de salud, en cómplice de un sistema que desperdicia
recursos para mantener el estado de opresión que poco a poco medra el
ánimo individual, que desgasta, angustia, irrita y distrae a la gente
de lo importante.
Vemos ahora más clara que nunca la revolución institucionalizada: los
gobiernos haciendo la guerra permanente a la sociedad, para mantenerla
atrincherada en sus hogares, en sus problemas, para morir con balas
militares, o lentamente en una sala de espera mientras la seguridad
social se privatiza.
No es la condición humana que señala Peña Nieto, es la estrategia
política la que hay que transparentar y desarticular, cueste lo que
cueste.
Twitter: @lydiacachosi
Foto: Yunuhen Rangel Medina
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | México, DF.-
*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que
siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy
probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
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