Grupos civiles exigen que gobierno estatal reconozca sus fallas
El
Gobierno del Estado de México (GEM) debe implementar de manera urgente
las acciones que se desprendan de la Alerta de Violencia de Género
(AVG) –cuya procedencia fue admitida ayer–, y comenzar con un
reconocimiento público de que en la entidad el feminicidio es una
realidad que no ha sido debidamente atendida, demandaron organizaciones
civiles.
Ello luego de que se evidenciara –mediante un informe elaborado por
autoridades federales– que en el Edomex los casos de violencia contra
las mujeres no se reducen al ámbito familiar, las autoridades locales
carecen de un registro adecuado de casos de violencia, y la mayoría de
los casos están impunes.
En conferencia de prensa hoy, el Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH), agrupaciones que pidieron la alerta desde
diciembre de 2010 y han librado una larga batalla legal para que sea
decretada, reconocieron el paso histórico que ayer dio el Estado
mexicano en la garantía de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, al
aceptar declarar la AVG.
Informaron que la Secretaría de Gobernación (Segob) –que estaría
decretando oficialmente la AVG este viernes 31 de julio– se comprometió
a retomar en 99 por ciento las acciones inmediatas y urgentes
propuestas por las organizaciones dentro del plan de acción de la AVG,
que será entregado para su cumplimiento al GEM.
Ayer, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) ordenó la procedencia de la
AVG para 11 municipios mexiquenses: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de
Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán,
Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
La decisión del Sistema se desprendió de la investigación por violencia
feminicida que se vio obligado a realizar por mandato judicial en la
entidad, y que corrió a cargo de un Grupo Multidisciplinario e
Interinstitucional, conformado por representantes de la Procuraduría
General de la República, las secretarías federales de Desarrollo Social
y Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres, y las comisiones
nacionales para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y
para Prevenir la Discriminación.
María de la Luz Estrada, coordinadora nacional del OCNF, dijo que
aunque la investigación oficial no indagó de manera profunda en el
contexto que se vive en el Edomex y que da pie a la violencia contra
las mexiquenses, sí reconoce muchas de las violaciones a DH y omisiones
en las que incurren las autoridades al averiguar y sancionar los casos.
Del informe –elaborado con datos brindados por el GEM, activistas y
familiares de las víctimas– se desprende que entre 2005 y 2010, en más
de la mitad de los casos de homicidios contra mujeres (51 por
ciento) no se ha formulado imputación alguna.
Mientras que en lo que respecta a los casos de feminicidio ocurridos de
2011 a agosto de 2014, casi el 40 por ciento se encuentra en la misma
situación de impunidad.
De 2005 a 2014, el Edomex recibió el reporte de 4 mil 281 mujeres
desaparecidas, de las cuales se reportó que 2 mil 727 fueron
localizadas con vida, aunque se desconoce la forma y lugar de la
localización; 95 fueron encontradas sin vida, y mil 500 –en su mayoría
de entre 16 y 18 años de edad– permanecen como desaparecidas.
A lo que se suma que en 57.67 por ciento de los casos la víctima no
conocía al agresor o bien, el GEM desconoce la identidad del
victimario, dato que, según María de la Luz Estrada, refleja que
las agresiones a las mexiquenses no se reducen al ámbito familiar, como
el gobierno estatal se ha empeñado en señalar, y por el contrario la
violencia comunitaria tiene una alta incidencia en la entidad.
“Estamos hablando de presencia de delincuencia organizada y común que
puede estar relacionada con desapariciones y feminicidio; es necesario
que sepamos cómo está operando esta delincuencia”, advirtió Estrada
tras considerar que una de las primeras acciones como parte de la
Alerta debería ser también la elaboración de un diagnóstico sobre la
violencia comunitaria y la delincuencia.
Dentro del informe oficial se incluyen nueve recomendaciones generales
para el Edomex, las cuales deberá implementar Segob en acciones
concretas en los 11 municipios.
Para el OCNF las primeras cuatro recomendaciones contenidas en el
documento, deben ser aplicadas por el gobierno estatal de manera
inmediata como parte de la AVG; la primera recomendación ordena
procurar justicia a todos los casos de asesinatos de mujeres y
violencia que siguen impunes, e instar a las autoridades ministeriales
a evitar los procesos de mediación entre víctimas de violencia familiar
y sus agresores.
La segunda consiste en implementar mecanismos de rendición de cuentas
para evaluar, supervisar y revisar el desempeño y productividad del
personal judicial que investiga delitos de género.
La tercera recomendación señala que se deben implementar y renovar los
mecanismos de localización de personas desaparecidas, especialmente en
el municipio de Ecatepec, donde se ha registrado un alza en este
delito; y en cuarto lugar se deben iniciar capacitaciones adecuadas al
personal que atiende, investiga o sanciona la violencia contra las
mujeres.
Para el OCNF, además de aplicar de manera inmediata estas cuatro
recomendaciones en los 11 municipios, en la entidad debe hacerse un
reconocimiento público sobre la existencia del feminicidio, ya que
hasta ahora las autoridades mexiquenses han negado la problemática.
Los indicadores de cumplimiento de estas recomendaciones serán, dijo la
activista, la investigación y resolución de los casos de feminicidio y
desaparición que fueron presentados al SNPASEVM, entre los que destaca
el de Mariana Lima Buendía, asesinada en diciembre de 2010, y que llegó
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual ordenó
resolver las anomalías en la investigación de este crimen.
En la conferencia, José Antonio Guevara Bermúdez, director de la
CMDPDH, pidió no perder de vista que la declaratoria de AVG es
resultado de un largo proceso de incidencia de las organizaciones
civiles, y no se desprende de una solicitud del GEM.
Al mismo tiempo destacó que se debe incidir en una reforma al Sistema
Nacional, toda vez que la dilación en la activación de la AVG demuestra
que esa instancia, al estar conformada por representantes de los
gobiernos local y federal, actúa con base en “intereses y momentos
políticos”.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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