MUJER SONORA
El
pasado viernes 24 de julio venció el plazo para que el Grupo de Trabajo
para el estudio y análisis de la solicitud de Alerta de Violencia de
Género (AVG) para el municipio de Cajeme, en el estado de Sonora,
entregara los resultados de su investigación realizada para ese fin.
El Grupo fue conformado por dos académicas de centros de investigación
de Sonora, en este caso del Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo (CIAD), y El Colegio de Sonora; dos académicos del ámbito
nacional (UNAM y Tecnológico de Monterrey); un representante de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, y otro de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
También participaron la directora del Instituto Sonorense de la Mujer;
una representante del Instituto Nacional de las Mujeres, y la
coordinadora del Grupo de Trabajo, representante de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Visitas no anunciadas a las instituciones encargadas de la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en
Sonora se realizaron para recabar datos estadísticos y de índole
operativa; sin aviso previo para conocer cómo se trabaja en un día
cualquiera en forma cotidiana.
De igual manera se entrevistó a grupos civiles e informantes
considerados clave en el municipio de Cajeme y otros puntos de Sonora,
así como a víctimas de violencia de género, y familiares de víctimas de
feminicidio, para conocer la parte ciudadana desde el enfoque de las
víctimas afectadas y contrastar ambos puntos de vista.
También se aplicaron instrumentos de levantamiento de información para las organizaciones de la sociedad civil.
Con todos los datos recabados, el Grupo de Trabajo habría de elaborar
un informe sustentando las conclusiones a las que llegaron, y que en el
futuro podría ser la base para la declaratoria de AVG en el municipio
de Cajeme, si es que el Ejecutivo estatal no acepta las recomendaciones.
En años recientes, Cajeme –ubicado al sur del estado de Sonora– ha
estado afectado por una ola de violencia social generalizada destacando
los eventos relacionados con el crimen organizado, por lo que las
ejecuciones, secuestros, e incluso desapariciones de mujeres, han
estado presentes.
En ese contexto de violencia, el feminicidio ha sido uno de los delitos
que ha permanecido en forma regular destacando como uno de los
municipios con mayor incidencia, al igual que Hermosillo, Nogales y
ahora San Luis Río Colorado.
No obstante, 2014 fue un año particularmente violento contra las
mujeres de Cajeme, pues 34 por ciento de los asesinatos de mujeres y
niñas se presentaron en ese municipio.
Ese porcentaje es el más alto que ha alcanzado desde 2010, cuando se
presentaron cuatro casos; 2011 tuvo ocho; 2012, siete casos; 2013
presentó nueve; y 2014 destacó por aumentar en 56 por ciento al
presentar 16 de los 46 casos registrados por el Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF).
A su vez, la solicitud de AVG se da en un contexto nacional en el que
hay varias solicitudes esperando respuesta; otras tantas recibieron
negativa a su petición, y otra, la de Tijuana, Baja California (BC),
que siguió el mismo procedimiento que la de Cajeme, generó una serie de
conclusiones.
La figura de “recomendación” no existe ni en la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), ni en su
Reglamento, por lo cual lo que se genera es un documento que plasma el
análisis de la información recabada y algunas conclusiones a las que
llegue el Grupo de Trabajo.
En el caso del documento de 109 páginas referente a BC se advierte que
la AVG debería haber sido decretada de manera urgente, pues en todas
las conclusiones se enuncian fallas sistémicas.
Muy probablemente en la solicitud de Cajeme suceda lo mismo. A pesar de
que ambas se pidieron para un solo municipio, las conclusiones son para
todo el estado, pues es imposible desligarlo en esa forma.
No obstante, la AVG sigue siendo un mecanismo incomprendido, pues de lo
que se trata no es de emitir “recomendaciones”, sino parar de inmediato
la violencia feminicida.
De acuerdo con lo que se entiende por AVG desde el Reglamento reformado
en 2013, quienes elaboran los diagnósticos hacen un trabajo exhaustivo
para brindar elementos y proceda el decreto de alerta.
Sin embargo, al ser una solicitud para un fragmento del territorio
estatal en el que se extiende el feminicidio por todas sus latitudes,
el informe no puede sujetarse a un solo municipio; el informe de BC lo
demuestra.
La petición fue para Tijuana, pero el documento se refiere a toda la
entidad. Y es que es ilógico que se decrete una AVG para un solo
municipio o para algunos, tal y como lo solicitó hace unos días el
gobernador del Estado de México.
Si lo que se pretende son cambios estructurales, éstos beneficiarán a
la prevención de la violencia de género en toda la entidad, pues las
instancias de prevención, atención, sanción y erradicación son
estatales, y están obligadas a salvaguardar la seguridad de todas las
mujeres y niñas bajo su jurisdicción.
Los plazos de investigación son cortos, no así los plazos para los
cambios que habrá de hacer el Ejecutivo del estado, pues tiene largos
seis meses para realizarlos, eso en caso de que acepte la
“recomendación”.
Esto nos demuestra que las reformas al Reglamento de la LGAMVLV no son
las adecuadas, pues si se siguen interpretando las conclusiones como un
documento relajado en el que se tiene medio año para cumplirlas, sin la
obligatoriedad de hacerlo, la AVG pierde su espíritu de parar de
inmediato la violencia y proteger a las mujeres en las zonas de riesgo,
como está ocurriendo no sólo en Cajeme, sino en varios municipios de
Sonora.
La AVG es inoperante tal y como está descrita y respaldada en la Ley
General de Acceso y su Reglamento. No deberíamos esperar a que el
camino a una nueva reforma legislativa se pavimente con más cuerpos
inertes de mujeres.
La AVG “es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para
enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio
determinado ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”,
que no se nos olvide y que no dejemos de repetirlo.
La AVG no es para echar a andar programas gubernamentales, es para
salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres. El espíritu es de
emergencia, no de planeación a largo plazo.
Twitter: @mujersonora
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora (http://mujersonora.blogspot.mx/).
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Sonora.-
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