En
una sentencia histórica, emitida en Ciudad Juárez el pasado 27 de
julio, cinco responsables de una red de trata de personas, vinculados
al menos con 11 feminicidios, han sido sentenciados a 697 años de
prisión. Se les encontró culpables de prostituir y asesinar a 11
muchachas, cuyos restos fueron localizados en el arroyo del Navajo,
desolado paraje del municipio de Praxedis G. Guerrero, a 77 kilómetros
de Juárez.
El proceso que antecedió a la histórica sentencia fue posible
gracias a la decidida intervención de las mujeres, tanto familiares de
las víctimas, como de las organizaciones Red Mesa de Mujeres de Ciudad
Juárez, y Justicia para Nuestras Hijas.
El juicio oral, iniciado el 14 de abril pasado, es el primer
desemboque de un caminar que comenzó desde 2009. Fue entonces cuando
las madres de varias jovencitas se acercaron a la Red Mesa de Mujeres,
dirigida por Imelda Marrufo, para denunciar la desaparición de sus
hijas. No se contentaron con denunciar el crimen a las autoridades.
Ellas mismas se pusieron a investigar, siempre acompañadas por las
activistas de esta organización, quienes les brindan apoyo sicosocial,
asesoría jurídica y acompañamiento incondicional.
Cuando se descubrieron los restos de 21 mujeres jóvenes en el arroyo
del Navajo, en diciembre de 2011, hasta ahí acudieron las madres de las
muchachas desaparecidas para tratar de identificarlas. Exigieron que se
les practicaran los peritajes correspondientes. Luego de mucho
batallar, lograron que se contratara al Equipo Argentino de
Antropología Forense para proporcionar una segunda opinión sobre la
identificación genética de los restos, opinión que se negaba a aceptar
inicialmente el gobierno del estado.
Tuvieron la valentía suficiente para seguir el rastro de sus hijas,
interrogar policías e investigar las calles del centro histórico de
Juárez, donde se produjeron la mayoría de las desapariciones.
Identificaron presuntos responsables, los enfrentaron verbalmente y los
señalaron ante las autoridades. Ubicaron hoteles y vecindades donde
confinaban a las muchachas. Todo lo hicieron ellas, mujeres
trabajadoras, pobres, con poca escolaridad, acompañadas siempre por la
Red Mesa de Mujeres.
Así, fueron descubriendo que en el clímax de la violencia que
sacudió a esta frontera, mientras Ejército, Policía Federal, policía
estatal y municipal resguardaban supuestamente la seguridad ciudadana,
muchas jóvenes fueron desaparecidas, con la complicidad o cooperación
abierta de las llamadas fuerzas del orden. La banda Los Aztecas, brazo armado del cártel
de Juárez, además del tráfico de drogas, operaba una amplia red de
prostitución de jóvenes, muchas menores de edad. Entre los clientes de
la red había militares y policías.
Este infierno, que aún no termina, se dio precisamente al mismo
tiempo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la
sentencia por el caso del campo algodonero, en diciembre de 2009, en la
que exige que el Estado mexicano vigile para que el secuestro,
prostitución y asesinato de mujeres no se vuelvan a dar.
El trabajo paciente y tenaz de las madres y familiares de las
víctimas y sus acompañadoras llegó a identificar a varios operadores de
la red de prostitución y a denunciarlos ante las autoridades. Así, en
2013 se dictó orden de aprehensión contra varios de ellos, aunque al
menos uno estaba ya en prisión acusado del secuestro de una joven
hermana de otra víctima de trata.
El
juicio oral iniciado fue por demás contundente. Varias madres de las
jóvenes desaparecidas y asesinadas no aceptaron declarar como testigos
protegidos y señalaron cara a cara a los responsables del calvario de
sus hijas. Parecía que el juicio terminaría con la condena de cinco
individuos por el delito de trata de personas, pero había que comprobar
el homicidio. Fue entonces cuando la coadyuvante Norma Ledezma pidió
que se clasificara el crimen de acuerdo con el artículo 24 del Código
Penal de Chihuahua, como
delito emergente, es decir, el que surge de la comisión del delito de trata. Ahí concurre el feminicidio, pues los responsables asesinaban a las víctimas para que no los denunciaran.
La sentencia sobre la trata y feminicidio de estas once jóvenes
–varias de ellas menores de edad– resulta histórica y no tiene
precedente por varias razones:
Es la primera vez que se sentencia a responsables plenamente
identificados de estos delitos, no a culpables fabricados o chivos
expiatorios, como se hizo en los casos de El Egipcio o El Cerillo, en años anteriores.
Se logra que se acepten como coadyuvantes de la representación
social al abogado de la Red Mesa de Mujeres, Santiago González, y a
Norma Ledezma, dirigente y fundadora de Justicia para Nuestras Hijas. A
partir de la desaparición y feminicidio de su hija Paloma, en 2002, se
ha convertido en experta sin título del problema de la trata en México,
por más que haya sido amenazada varias veces. Fue muy importante que,
apelando a varios tratados internacionales, se aceptara la coadyuvancia
de Norma, pese a que aún no termina la carrera de derecho.
Por fin se da un primer paso claro y contundente en el combate a la
impunidad de los individuos y las bandas que operan las redes de trata
de personas, que seguramente están vinculadas con un buen número de
feminicidios en esta frontera. Se muestra también que las bandas del
crimen organizado no se reducen a ilícitos como el tráfico de drogas,
sino incursionan en la trata de personas, las redes de distribución, el
tráfico de armas, la extorsión a negocios, entre otros. Resta por
investigar la participación de funcionarios y autoridades señalados por
las víctimas sobrevivientes.
Se vuelve a demostrar la enorme potencialidad del dolor y de la
rabia de las madres y familiares de las víctimas cuando son acompañadas
y asesoradas adecuadamente. Su pasión por demandar justicia, su
valentía en investigar y su firmeza en denunciar son ilustradas,
fundamentadas, por la asesoría de las organizaciones de las sociedad
civil.
En medio de este terrible viaje al corazón de las tinieblas de la
violencia de género en Ciudad Juárez, son mujeres como éstas las que
encienden las antorchas de la esperanza.
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