Gloria Leticia Díaz y Veneranda Mendoza
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Eruviel Ávila, gobernador del Edomex. Foto: Miguel Dimayuga |
MÉXICO,
D.F. (apro).- Promotores de la Alerta de Violencia de Género en el
Estado de México exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto “no dar ni
un paso atrás en su implementación”, luego de reconocer que en esa
entidad persiste una violencia sistemática contra las mujeres.
En conferencia de prensa, un día después de emitirse la AVG de
manera urgente en 11 municipios del territorio mexiquense y con medidas
generales para el resto de la entidad, María de la Luz Estrada, del
Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), resaltó que
durante la sesión extraordinaria del Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(SNPASEVM) se advirtió que “no es posible tratar de ocultar la
realidad, y que se tiene que empezar con tener registros para conocer
la dimensión del problema y diseñar políticas públicas”.
Y es que precisamente la falta de documentación y registro de los
datos sobre la violencia feminicida por parte de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fue uno de los motivos
por los que se emitió la alerta.
Con datos oficiales, el ONCF informó que durante la gestión de
Enrique Peña Nieto en el Estado de México (2005-2011) se registraron
mil 003 asesinatos de mujeres y que en el gobierno de Eruviel Ávila van
840 hasta el año pasado.
Tales cifras contrastan con las que el actual mandatario estatal
ofreció a los expertos del SNPASEVM. Según Eruviel Ávila en su gobierno
y en el de su predecesor sólo se cometieron 711 crímenes de mujeres, de
los cuales únicamente 145 fueron considerados feminicidios.
Estrada reveló que diariamente pierden la vida en el país de siete a
ocho mujeres en promedio y que a la fecha hay 13 solicitudes más de
AVG, entre ellas Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo y Chiapas.
Asimismo resaltó que previo a la sesión “hubo una reunión con
gobernadores encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en la que se informó
de la grave situación de violencia contra las mujeres.
También se le recomendó adoptar medidas urgentes para corregir ese
problema. “El tema ya no puede taparse, la observación internacional y
la presión de las organizaciones no se van a detener”, subrayó.
Luego de recordar que desde hace cinco años, en diciembre de 2010,
el Observatorio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos (CMDPDH) iniciaron “el viacrucis” para que se emitiera
el dictamen, José Antonio Guevara Bermúdez, director de la CMDDH,
destacó que “si se hubiera atendido la solicitud de AVG desde que el
SNPASEVM analizó por primera vez (en enero de 2011) es muy probable que
no hubieran sido asesinadas de 149 a 300 mujeres”, además de que no se
habría incrementado el número de desapariciones.
Recordó que en 2011 se negó a las organizaciones solicitantes emitir
la AVG, debido a que se consideró que “las organizaciones estaban
haciendo uso político de ese mecanismo de protección con la finalidad
de manchar la carrera política del entonces gobernador Peña Nieto, y lo
que lograron es que mediante chicanas jurídicas impidieron que se
emitiera la AVG y que se agravara el problema ahora con las
desapariciones de niñas y mujeres”.
Rodolfo Domínguez, abogado de Católicas por el Derecho a Decidir, y
quien litigó los amparos que permitieron que se diera el debate en el
SNPASEVM sobre la situación del Estado de México, agregó que más allá
de las cifras, “lo que debería provocar alarma es la forma y la saña en
que las mujeres están siendo asesinadas, están siendo descuartizadas,
echadas en bolsas de plástico y tiradas a la calle o a los ríos”.
Explicó que, en municipios como Chalco, “empezaron a aparecer
despojos de mujeres en esas condiciones, lo que dificultó su
identificación. Incluso, se dijo que probablemente eran migrantes, pero
cuando empezaron a localizar a mujeres y niñas que habían sido
previamente reportadas como desaparecidas empezó a preocupar al
gobierno”.
Resaltó que las cifras hablan de al menos mil 500 desaparecidas de
entre 10 y 17 años, y que “en prácticamente todos los casos, la
respuesta de las autoridades ante las denuncias de los familiares por
la desaparición, algunas a dos cuadras de su casa, es que la chica se
había ido con el novio o que regresaran a las 72 horas, cuando las
primeras horas son vitales”.
Los defensores destacaron que como impulsores de la alerta, fungirán
como fiscalizadores de los recursos públicos que serán destinados para
los once municipios y la implementación de políticas públicas de
protección a las mujeres en toda la entidad.
En Metepec, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
dijo que la emisión de la alerta en 11 municipios del Estado de México
permitirá que no se politice el tema.
“Esta alerta deja de politizar el tema. Cuando llegamos al gobierno
se politizaba, a ver a quién podíamos señalar, a qué gobernante, más
allá de comprobar si esto verdaderamente estaba sucediendo”, dijo.
La AVG obliga a las autoridades municipales de Ecatepec,
Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán,
Naucalpan Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco a
implementar políticas públicas integrales de protección a las mujeres.
El Estado de México tiene una población de mujeres de 8.5 millones,
según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
José Manzur, secretario general de Gobierno, consideró innecesario
extender las medidas al resto de las demarcaciones de la entidad. “En
una gran mayoría de municipios no tenemos ningún problema de este tipo,
tenemos en algunos problemas menores y en 11 más problemas”, argumentó.
Sostuvo que se estudió con mucho cuidado el universo de municipios
con ese problema. “No van a durar permanentemente en una lista de
municipios que estén con alerta de género. Nuestro trabajo será ir
reduciendo el número”, adelantó.
El funcionario añadió que “no tendríamos ningún problema en
aumentarlo a 15 o a 125, pero tampoco tenemos por qué hacerlo en
lugares donde no es necesario… tenemos un número muy importante de
municipios donde no hemos tenido en los últimos años un sólo delito de
este tipo”, afirmó.
Manzur presentó el plan de trabajo para atender la problemática, con
medidas preventivas, de seguridad y en administración de justicia.
En materia de prevención, anunció que trabajará por generar una
cultura de respeto, inculcada desde las aulas de primaria y secundaria
con talleres sobre sexualidad y erradicación de la violencia de género.
También se capacitará y sensibilizará a los servidores públicos
involucrado con la problemática y las investigaciones, a fin de que sea
resuelta con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
En los municipios con alerta, el Gobierno Estatal y los municipales
contemplan la integración de células de reacción para atender de manera
inmediata los llamados de emergencia.
Además, se prevé la integración de un grupo de trabajo en el que
participen los tres Poderes del Estado para que el Legislativo adapte
la normatividad vigente a los nuevos requerimientos, y el Judicial
establezca Centros de Justicia Especializados que además revisen los
casos de homicidios dolosos contra mujeres.
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