Por: Emma Martínez
(28 de julio, 2015. Revolución
TRESPUNTOCERO).- Según investigaciones periodísticas y de organismos
civiles, cada tres horas y veinticinco minutos, en México una mujer
muere destazada, asfixiada, violada, golpeada, quemada, mutilada,
apuñalada, envenenada, con los huesos rotos o balaceada. Los familiares
de las víctimas de feminicidio coinciden en una cosa, “la mataron peor
que a un animal, como si no valiera”.
Indiferencia e impunidad por parte del
Estado y la sociedad, son los que cobijan los actos violentos que día a
día llegan a las noticias, en el mejor de los casos, porque cientos más
se quedan en el anonimato, incluso hasta para las familias que no saben
si “solamente se fue”, o “algo le pasó” y por eso no volvió a su hogar,
así es como en las últimas décadas más de 40 mil mujeres han sido
asesinadas con violencia extrema en un país que pareciera ser un campo
prolífico para los feminicidios, ha decir por expertos, cifras,
familias, incluso algunos políticos.
“¿Cuánto odio se necesita para asesinar
a una mujer de la forma más violenta y por lo tanto cruel? Todo ¿cuánto
desprecio y rencor puede existir para perder los escrúpulos y enterrar
en pedazos el cuerpo de una mujer en distintos sitios o aventarlos en
distintos basureros? Todo y mucho más; ¿cuánta indiferencia ha
penetrado en una sociedad indolente que ante los hechos y la apatía de
la autoridad ellos también lo son? Toda la necesaria; ¿cuánto vale la
vida de una mujer para el Estado que ante la muerte de miles sigue
impávido? Nada” cuestiona la socióloga Alexandra Harp.
Asimismo afirma que México ha sido el
primer país juzgado y encontrado culpable por un organismo
internacional. El motivo de la sentencia fue el “Caso campo algodonero”
denunciado por el feminicidio de tres mujeres (dos eran menores de
edad) quienes fueron asesinadas y violadas por militares en un lote
conocido como “El campo algodonero”. Un caso emblemático que debe ser
eternamente recordado porque fue el primer señalamientoa nivel mundial
que vivimos un Estado fallido en todos los sentidos y a ellos se suman
los feminicidios, porque historias como esa suceden a diario, en todas
partes, lamentablemente cientos son desconocidas”
Una tarde de diciembre, meses antes
de su cumpleaños número 22, y a la mitad de sus estudios en
Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del Estado de
México, Diana volvía a su casa después de una reunión con sus amigos.
Unas cuadras antes de llegar a su
domicilio, donde ya la esperaban sus padres y sus dos hermanos, la
joven contestó la llamada de Gilberto, el novio que decía “su dueño”, y
por lo tanto también de su vida y le exigió una explicación de por qué
pasó la tarde sin él.
Tras la llamada ambos se encontraron
en un parque de Atizapán, donde los reclamos se convirtieron en heridas
en su cuerpo, las cuales Gilberto hizo con una navaja, así fue com
Diana perdió su vida. Ella quedó tendida en la calle, mientras él
corría escondiendo su navaja y su ropa manchada de sangre, su destino
fue el estado de Hidalgo.
Ese día, a las 11 de la noche, los
familiares de Diana recibió una llamada que provenía de su celular,
pero no era ella, era la de un desconocido quien preguntó, “¿Familiar
de Diana Suárez?”. Sin esperar la respuesta, la voz tosca
agregó: “Tienen que venir al Ministerio Público, tenemos a su hija”.
“Esa madrugada el cadáver de la
joven fue entregado a sus padres sin explicación alguna de los agentes
ministeriales, quienes incurrieron en lo común cuando se trata de
asesinatos de mujeres en el Estado de México: perder las pruebas del
homicidio.
“Si las atroces historias que la
sociedad conoce a través de los medios de comunicación e incluso el
reportero que la redacta, la autoridad que no investiga y los
gobernantes que no aplican una alerta de género no son apabullados e
indignados por este tipo de actos indescriptibles, es porque
posiblemente tienen a un feminicida dentro de ellos”, afirma Harp.
Desde 2007 el Estado reconoció que era
necesario y urgente concebir a la alerta de género como un mecanismo de
protección a la vida de la mujer, ya que en ese momento se había
elevado el índice de mujeres violentadas y que en muchos casos el final
de esa acción era la muerte.
Sin embargo, el indolente Estado,
calificado así por diversas organizaciones civiles, no ha permitido la
implementación de dicha alerta, negándose constantemente durante los
últimos seis años, pese a que la problemática de los feminicidios ha
sobrepasado a todas las autoridades desde las locales hasta federales,
ya que año con año los casos van en aumento sin que eso parezca ser
motivo de alerta nacional de género.
Pese a que desde 6 años se han
solicitado 10 declaratorias, peticiones necesarias en un país donde se
han incrementado en un 68 % las muertes violentas, los gobernantes
siguen reacios a solicitar pero principalmente presionar al poder
ejecutivo para no solamente intentar detener, sino prevenir los
feminicidios, asegura el Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio.
Según informes de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) los cuales respaldan la aseveración de que la
violencia contra las mujeres en México sigue en aumento, pese a las
innumerables alertas de género que se han pedido a lo largo y ancho del
país la Secretaría de Gobernación se ha negado sistemáticamente a
validarla, en estados como Chiapas, Morelos, Sinaloa y Guanajuato, sin
explicar por qué no ha utilizado ese recurso legal y sin dar a conocer
los estudios sobre el tema, queja que ha sido generalizada entre
diversas organizaciones sociales.
Así el Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio, condena la inacción del Estado, que desde hace más de
siete años no ha generado condiciones para aplicar la alerta de género
debido a que no hay mecanismos para hacerla exigible. Al mismo tiempo
aseguran que este es un gobierno fallido el cual mantiene una actitud
omisa, negligente y dolosa para encubrir lo que está pasando en el
país, a su vez han afirmado que es la misma Secretaría de Gobernación
responsable de declarar la alerta de género, quien mayormente
obstaculiza las demandas, para que no se dé paso a ésta.
Ella tenía 17 años, estudiaba la
carrera técnica de computación, Nadia Alejandra Muciño Márquez conoció
a Bernardo López Gutiérrez, de 22 años, quien era conductor de un
microbús; comenzaron una relación sentimental y en ese mismo año, el 24
de abril decidieron vivir en unión libre. Un año después de este suceso
procrearon a Carlos Rafael, después a José Uriel y dos años después a
Fernanda.
Bernardo trabajaba de manera
inconstante y no permitía que Nadia trabajara, lo cual producía
problemas económicos que ocasionaban discusiones entre la pareja, las
cuales culminaban en agresiones y golpes, contra la joven. Hubo una
noche cuando Bernardo golpeó tan gravemente a su pareja que la mantuvo
encerrada durante seis días para que nadie viera el mal estado en el
que se encontraba, cuando Nadia pudo salir de su casa, denunció a
Bernardo, escapando con sus hijos a otro estado.
Después de tres meses, Bernardo la
encontró y la convenció de regresar, éste comenzó a demostrarle un
cambio de actitud (no violenta), pero tiempo después, ella fue
asesinada a manos de su pareja y el hermano de éste, los pequeños hijos
de Nadia, de cinco, cuatro y dos años de edad fueron testigos
presenciales de los hechos.
Los agresores simularon que Nadia se
había suicidado. Vecinos dieron aviso a la señora María Antonia y el
señor Rafael -padres de Nadia- quienes se trasladaron a la casa. Una
vez en el lugar, encontraron la puerta abierta, al entrar, notaron que
todo estaba en completo desorden y la televisión estaba encendida. En
el baño, cuya entrada sólo estaba cubierta con una cortina, se
encontraba Nadia, ya rígida, colgada con un lazo de la viga que
sostenía el techo de lámina de cartón.
A la no emisión de la alerta de género
se suma una reciente declaración de la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la cual refiere
que en 2011 y 2014 sólo erogó el 49 % de los 7 millones de pesos
destinados a este fin. Para el ejercicio fiscal en curso se espera un
subejercicio mayor, ya que de un total de 8 millones sólo se han
gastado 180 mil pesos, es así como se demuestra que el presupuesto para
contrarrestar el feminicidio por medio de la alerta de género no es
utilizado para dicho fin, demostrando al mismo tiempo la negligencia
que impera en el gobierno.
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