Urge atender casos impunes y sancionar a funcionarios omisos
La
declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el Estado de
México debe decretarse para toda la entidad y no sólo para 11
municipios, además de que debe comenzar con brindar justicia en los
casos de feminicidio que están impunes, y sancionar a los funcionarios
que incurren en omisión y mala actuación en la indagación de este
delito.
Así lo demandaron familiares de mujeres víctimas de feminicidio y
desaparición, quienes crearon el Colectivo Familiares en Búsqueda de
Justicia para demandar que la AVG no sea utilizada con fines
partidistas, y por el contrario esté a la altura de la gravedad de la
violencia que viven las mexiquenses.
El pasado 7 de julio, a cinco años de que grupos civiles pidieran la
activación del mecanismo, el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila
Villegas, anunció que solicitaría al Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(SNPASEVM) declarar una AVG para 11 municipios de la entidad.
Según lo dicho por el mandatario estatal, la AVG se pidió para los
municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca,
Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca,
Cuautitlán Izcalli y Chalco, ya que se han identificado como un “foco
rojo” de violencia contra las mujeres.
Mañana martes los institutos estatales de la Mujer y las instancias
federales que integran el SNPASEVM sesionarán para analizar la
solicitud y eventualmente declarar la primera AVG en la historia del
país.
En
tres ocasiones distintas (una en 2010 y dos en 2013), el SNPASEVM negó
la procedencia de una investigación por violencia feminicida en el
Edomex, y fue hasta abril de 2014 que anunció, tras un mandato judicial
que le obligó hacerlo, que se realizaría una indagación, pero hasta
ahora se desconocen los resultados de la misma.
En conferencia de prensa hoy, organizaciones mexiquenses, en
compañía del Colectivo de Familiares –integrado por al menos 20
familias de mujeres asesinadas y desaparecidas en el Edomex–,
recalcaron que la AVG no puede ser activada sólo en los 11 municipios,
debido a que la violencia de género ocurre en toda la entidad.
Yuritzi de la Rosa, integrante de la Alianza por los Derechos de las
Mujeres en el Estado de México, explicó que si bien se ha identificado
que en esos 11 municipios existen “focos rojos” en materia de
desaparición y asesinatos, éstos no pueden verse como si fueran
independientes de los 114 municipios restantes, donde también existe
una marcada “violencia machista y comunitaria” contra las mexiquenses.
El Colectivo de Familiares también dio a conocer algunas acciones en
las que debería traducirse la AVG, y advirtió que no permitirán que el
mecanismo sea utilizado como una estrategia para promover al gobierno
del estado, o como una herramienta de campaña rumbo a las elecciones de
2018.
Estarán vigilantes –apuntaron– de que los recursos que se asignen al
Edomex, mediante la declaratoria de AVG, no se desvíen y se utilicen
para las acciones que se requieren, como la capacitación de
funcionarios, ya que hasta ahora han demostrado que carecen de
conocimientos sobre perspectiva de género y Derechos Humanos.
La necesidad de capacitar e incluso sancionar a personal judicial la
evidenciaron al presentar los casos de sus hijas que siguen impunes,
luego de que durante las pesquisas imperara la corrupción, la falta de
capacitación y sensibilización de los ministerios públicos para
investigar los casos, no se brindara protección a víctimas de violencia
familiar o de pareja, y no se realizara de manera inmediata la búsqueda
de mujeres reportadas como desaparecidas.
De esta manera María Antonia Márquez, madre de Nadia Alejandra Muciño
Márquez, joven asesinada en 2004; Irinea Buendía Cortés, madre de
Mariana Lima Buendía Cortés, asesinada en diciembre de 2010; José Diego
Suárez Padilla, padre de Rosa Diana Suárez Torres, asesinada en
diciembre de 2010, y Marisol Méndez Rizo, hija de María Dolores Rizo
Juárez, desaparecida en 2011 demandaron que no se utilice la AVG de
manera inadecuada.
La
resolución de estos casos –exigieron– debe ser la línea de cumplimiento
de la AVG, pues es indispensable que se resuelvan y en su caso
sancionen todas las omisiones y negligencias cometidas por funcionarios
durante estas averiguaciones previas.
Demandaron al gobierno federal que como parte de la AVG se contemple la
creación de un Observatorio Ciudadano contra el Feminicidio en el
Edomex, que sería el encargado de monitorear el cumplimiento de las
acciones y exigir rendición de cuentas.
Ello al informar que hasta el momento no se ha dado ningún acercamiento
de las autoridades con las familias de las víctimas que han expuesto
sus casos, y que constantemente se bloquea la información a las
organizaciones civiles.
Cabe recordar que la demanda para que se declare la AVG en el Edomex
data de diciembre de 2010, cuando el Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos (CMDPDH) pidieron la activación de la alerta, ante
los 922 asesinatos violentos de mujeres documentados durante la
gubernatura de Enrique Peña Nieto.
La solicitud fue negada luego de que en una sesión del Sistema Nacional
–entonces encargado de definir la procedencia de la AVG–, funcionarias
del Edomex aseguraran que en la entidad no existía la violencia contra
las mujeres, y que la solicitud “era un golpe político” para Peña
Nieto, entonces aspirante a la Presidencia de la República.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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