SNPASEVM reconoce feminicidio impune en la entidad
El
Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) ordenó hoy la procedencia de la
Alerta de Violencia de Género (AVG) para 11 municipios del Estado de
México, entidad que desde 2010 es señalada por activistas como un “foco
rojo” de la violencia de género.
Tras cinco años de exigencia ciudadana y llamados internacionales para
detener la violencia contra las mujeres en el Edomex, el SNPASEVM
sesionó para conocer el informe sobre violencia feminicida que se
elaboró en la entidad –ordenado por mandato judicial desde 2013–, y
votar la procedencia de la AVG en 11 municipios mexiquense, tal y como
lo había solicitado –presionado por las protestas ciudadanas– el
gobernador Eruviel Ávila, el pasado 7 de julio .
Por primera vez desde su creación en 2007, el Sistema reconoció que la
AVG está diseñada para detener la violencia feminicida, y no para
atacar a los gobiernos locales, por lo que finalmente decretó la Alerta
que tendrá medidas urgentes en los municipios de Ecatepec,
Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán,
Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
Ahora
corresponde por ley a la Secretaría de Gobernación (Segob), como cabeza
del SNPASEVM, elaborar –aunque aún no se sabe los montos federales a
destinarse– el programa de acciones que deberán emprenderse de manera
urgente en estas 11 localidades, y notificar oficialmente de ello al
Gobierno del Estado de México (GEM), que tendrá la obligación de
implementarlas. Se espera que mañana la Segob active formalmente la AVG.
Durante la sesión –según contó a Cimacnoticias María de la Luz Estrada,
coordinadora nacional del Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF)–, las representantes de las dependencias estatales y
federales que integran el Sistema dijeron que por años se ha negado la
procedencia de una AVG con el argumento de que era una forma de “atacar
a los gobiernos locales”.
Estrada precisó que no se dio lectura íntegra al informe sobre
violencia feminicida en el Edomex, pero se resaltaron algunos elementos
para reconocer que en la entidad existe un contexto de impunidad,
corrupción e inexistencia de personal capacitado ante los asesinatos y
desapariciones de mujeres.
En dos gobiernos mexiquenses (el de Enrique Peña Nieto –ahora titular
del Ejecutivo federal– y Eruviel Ávila Villegas) se ha registrado 70
por ciento de impunidad en los casos de feminicidio.
“Esto tiene como consecuencia que los agresores conozcan este patrón de
impunidad y sigan cometiendo estos actos, que ahora se ven agravados
con una situación muy grave de desapariciones, que fueron elementos que
se reconocieron durante la sesión”, abundó Estrada.
En la sesión del SNPASEVM, Ana Güezmes, representante de ONU-Mujeres en
México, señaló que uno de los factores que ha permitido que la
violencia contra las mujeres se incremente es el silencio de las
autoridades por abordar estos temas.
De acuerdo con lo aprobado hoy por el Sistema, las acciones urgentes en
los 11 municipios estarán enfocadas en la prevención de la violencia,
la seguridad y la justicia, y se permitirá a las organizaciones civiles
formar parte del Comité de Seguimiento a la Implementación de la Alerta.
Al mismo tiempo se mencionó que se trabajará en una nueva reforma al
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, que permita que la AVG se implemente de manera urgente
cuando sea solicitada.
Para
el OCNF, organización que en conjunto con la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) exigió desde hace
cinco años la activación de la AVG en el Edomex, las medidas que se
desprendan deben estar enfocadas en combatir el feminicidio y la
desaparición, sobre todo, de mujeres jóvenes.
Por lo que es fundamental que el GEM reconozca públicamente la
existencia del feminicidio y se ordene la reapertura de los casos que
siguen impunes, especialmente aquellos que fueron presentados ante el
Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que realizó la
investigación sobre violencia feminicida en la entidad, entre ellos el
asesinato de Mariana Lima Buendía, perpetrado en diciembre de 2010.
Otra de las medidas propuestas por el OCNF –contó Luz Estrada– es la
creación de Unidades de Contexto, para analizar lo que está en el fondo
de las agresiones contra mujeres, y dar instrucciones precisas a la
Secretaría de Seguridad Pública estatal sobre la forma en la que debe
realizarse la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas.
También se deberá realizar un diagnóstico sobre cuáles son las razones
por las que desaparecen las mujeres de entre 15 y 17 años de edad, así
como un informe exhaustivo sobre los restos de mujeres localizados en
el Canal de los Remedios, en el municipio de Ecatepec, y la
capacitación a funcionarias y funcionarios.
Luego de conocer la decisión del Sistema, José Manzur, secretario de
Gobierno del Edomex, dijo en conferencia de prensa en Toluca, la
capital del estado, que ya se ha desarrollado “un plan de acción
estratégico” para asegurar los derechos de las mujeres y acatar la AVG.
En el área de prevención se cuenta con un programa de cultura, campañas
de prevención en espacios educativos, recuperación de espacios
públicos, y se colocarán cámaras de vigilancia en zonas de alto índice
delictivo.
“Para garantizar la seguridad” de las mujeres –agregó el funcionario–
se establecerán centros de justicia para las mujeres, y se integrará de
manera inmediata un grupo jurídico para analizar las carpetas de
investigación por casos de asesinatos de mujeres.
El funcionario no perdió la oportunidad de resaltar que en este
gobierno se han realizado diversas acciones para proteger a los 8.6
millones de mujeres mexiquenses, y enlistó todos los logros que se han
implementado en este sexenio.
DEMANDA AÑEJA
Se debe destacar que para que fuera decretada la AVG en el Edomex
fueron necesarios cinco años de llamados internacionales,
manifestaciones sociales, cambios legislativos y sentencias judiciales.
De 2005 a 2010 el OCNF tuvo conocimiento de un total de 922 casos de
homicidios con características feminicidas cometidos en la entidad,
ante lo cual se presentó una solicitud de declaratoria de AVG en
diciembre de 2010.
En enero de 2011 el Sistema negó, sin justificar o argumentar su
negativa, la procedencia de la investigación, por lo que las
organizaciones presentaron la primera demanda de amparo contra esta
resolución.
En 2012 y tras un año de litigio, un juez de distrito determinó que el
Sistema Nacional había vulnerado los derechos de las organizaciones, y
ordenó a las autoridades dejar sin efectos su determinación y emitir
una nueva, apegada a derecho.
Después de años de retrasos en el cumplimiento, finalmente el 28 de
abril de 2014 el Sistema admitió la procedencia de la investigación y
que ésta correría a cargo de un Grupo Interinstitucional y
Multidisciplinario, conformado sólo por funcionarios y sin la presencia
de personalidades de la academia, como ocurre con los Grupos de Trabajo
que investigan en otros estados.
En febrero pasado se presentó un nuevo amparo ante el Poder Judicial para que éste ordenara la publicación de dicho informe.
La inoperancia de la AVG incluso derivó en que en 2012, el Comité de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) emitiera una
recomendación al Estado mexicano para que eliminara los obstáculos que
impedían la declaración del mecanismo.
El 25 de noviembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación un decreto por el que se reformó el Reglamento de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV), para “volver operable” la Alerta.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 28/07/2015
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