Arturo Alcalde Justiniani
El tripartismo está presente en diversos organismos públicos. En el
IMSS, a escala de su consejo técnico, en la Comisión Nacional para el
Retiro de los Trabajadores en una dimensión menor, en las juntas de
Conciliación y Arbitraje y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
las decisiones deberían tomarse por los representantes de los tres
sectores; sin embargo, en la práctica, la representación obrera y
patronal carecen de importancia. Por ello en el mundo laboral se suele
afirmar que
son como la Santísima Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero.
El tripartismo no sólo es innecesario, sino que se ha convertido en
un obstáculo para el adecuado funcionamiento de las instituciones y en
un factor de costo cuyos recursos desperdiciados en esta simulación,
podrían ser utilizados para cumplir de mejor manera la función de estas
instancias.
En el caso del IMSS, carece de sentido el andamiaje que conforma el
consejo técnico. Es conocido que los representantes gremiales, más allá
de no importarles la mejora de la institución, tienen como preocupación
principal administrar contactos y relaciones en favor de sus intereses
personales, gozar de sus privilegiados salarios y mantener una
burocracia a su servicio. ¿Cuándo se vio que dichos representantes
advirtieran de los problemas del IMSS que hoy lo tienen en grave riesgo?
En cuanto a las juntas de Conciliación y Arbitraje, cualquiera que
tenga contacto con ellas sabe que la representación obrera está de
adorno, salvo muy pocas y honrosas excepciones. Se limita a firmar
documentos que no han sido producto de la voluntad compartida, sino de
la decisión estatal y patronal, particularmente en los temas
colectivos. No hay tiempo ni interés para considerar su opinión, además
de que muchos de los representantes carecen de capacidad para opinar
porque su designación ha sido esencialmente producto de un dedazo, un
premio. Cuando intervienen, es porque tienen un interés particular en
el asunto y negocian con las autoridades el sentido de la resolución, a
cambio de dar su consentimiento a otros casos. En suma, es un mito la
autonomía de esta institución, por lo que compartimos la opinión del
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María
Aguilar, expresada el pasado 9 de julio:
Todos sabemos que sin independencia el juez es cualquier cosa menos un juez, será el escribiente de alguien, el mandadero de alguien, pero no un juez.
En los estudios que se han llevado a cabo sobre los procesos
laborales se ha identificado claramente uno de los factores que
provocan su lentitud: la necesidad de cumplir con las exigencias
formales de este tripartismo; es común escuchar la frase
disculpe, el expediente está en firma. No ha venido el representanteobrero o patronal.
El
costo de esta figura tripartita constituye otra razón para suprimir la
presencia innecesaria de representantes gremiales. Todos ocasionan
gastos y reciben salarios que podrían ser utilizados para mejorar el
presupuesto de los tribunales de trabajo que se encuentran en
condiciones difíciles y para financiar la transformación de estos
órganos de justicia en auténticos tribunales imparciales y autónomos,
un reclamo creciente de la sociedad. Por la falta de recursos, el pleno
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha llegado al extremo
de aprobar una medida de cuestionada legalidad, consistente en que los
cuantiosos recursos depositados ante ella por patrones y trabajadores,
sean invertidos en instituciones financieras para que los intereses que
generen se utilicen no para los dueños de los recursos depositados, lo
cual sería lógico, sino para financiar las necesidades de mantenimiento
y equipo del propio tribunal.
El Presidente de la República encomendó al Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE) que organizara foros de consulta con
juristas, académicos y representantes de la sociedad civil para
elaborar recomendaciones en materia de justicia cotidiana, esto es, de
aquellos procesos más cercanos a la gente. El estudio del CIDE
concluido este año, incluyó varias ramas del derecho y confirmó
conclusiones que se han venido planteando en el pasado. En el punto
relativo a la operación de las juntas de Conciliación y Arbitraje
señaló: “existe un consenso relativamente amplio respecto a que su
desarrollo actual no es idóneo y que presentan graves problemas de
operación… Una de las primeras tareas sería revisar la estructura
tripartita de las juntas y su eventual incorporación a los poderes
judiciales”.
En la misma línea años atrás, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación elaboró un amplio diagnóstico sobre el sistema de justicia,
formulando recomendaciones en un denominado
libro blanco. En relación con las juntas laborales planteó la misma conclusión, consistente en la necesidad de contar con una justicia laboral imparcial, autónoma y eficiente. Hace tan sólo dos semanas, en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza, se planteó esta exigencia por distintos organismos. Destacó la posición del gobierno de Estados Unidos, el cual, refiriéndose a las juntas, señaló:
Es hora de que el gobierno de México transfiera estas funciones a la rama judicial o alguna otra entidad independiente.
En relación con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, es
pública y notoria su inutilidad. Sus resultados están a la vista: uno
de los salarios mínimos más bajos del mundo, lo que ha provocado que en
varias ramas de industria las remuneraciones se encuentren 20 por
ciento debajo de las que se cubren en China. La incapacidad de esta
comisión para renovarse ha sido evidente, con la enésima relección de
sus integrantes.
¿Cuándo superaremos esta costosa y dañina simulación?
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