Senadores y diputados acordaron, a propuesta de todas las
bancadas, realizar cambios sustanciales a la iniciativa de Morena que
reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para
evitar probables excesos en rubros como la política de seguridad y la
figura de los delegados presidenciales.
En el proyecto de dictamen, que se aprobará esta tarde por la
Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, con el propósito de
que mañana entre de primera lectura al pleno, se definió que la próxima
secretaría de seguridad pública no puede ejercer también funciones de
seguridad nacional y que ambos conceptos deben separarse.
Como parte de las conclusiones de la comisión se aceptó incluir las
preocupaciones de los legisladores, respecto de la necesidad de
separar claramente las funciones de seguridad pública de las de seguridad nacional, que deberán ser ejercidas con fundamento en porciones normativas diversas.
Así, precisó la comisión, se
abona en la clarificación de los conceptos seguridad pública y nacional como cuestiones separadas.
En el proyecto de dictamen, la comisión avaló trasladar a la nueva
secretaría de seguridad las funciones policiacas que ejerce Gobernación.
Para esta comisión, la seguridad pública es un tema prioritario en la agenda legislativa, por la única razón de que privilegiamos que la sociedad viva en armonía, sin el temor de que sus vidas y bienes se encuentran en riesgo por el embate de grupos delictivos organizados, situación que es reprobable e inadmisible.
Planteó que los problemas de inseguridad obligan al Congreso a
aprobar nuevas medidas que contrarresten los efectos nocivos de la
violencia, y una de éstas es la reforma a la ley orgánica,
para perfeccionar las estructuras institucionales y ser más eficaces en el combate a la delincuencia y el narcotráfico.
La nueva secretaría tendrá a su cargo un centro nacional de
inteligencia, que sustituirá al Centro de Investigación en Seguridad
Nacional (Cisen). Con objeto de evitar que se convierta, como
cuestionaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción
Nacional (PAN) en un instrumento de espionaje político, se añadió que
sus funciones se ejercerán con
visión democrática.
Asimismo, se acotó el control exclusivo que se pretendía dar a la
Oficina de la Presidencia en la política de comunicación social, que
deberá ejercer en coordinación con la Secretaría de Gobernación.
El documento pondera que si bien durante la discusión de la
iniciativa, legisladores se manifestaron en contra de la asignación de
atribuciones a la Oficina de la Presidencia en materia de comunicación
social, se concluyó que esta decisión surge de
una política anunciada por el presidente electo (Andrés Manuel López Obrador), que se considera indispensablepara su gobierno.
Esto es,
coordinar y diseñar las estrategias de comunicación política de todo el gobierno con una visión unificada que permita claridad en los mensajes que emita el gobierno y evite contradicciones.
No obstante, la decisión fue que para lograr ese objetivo es
pertinente adecuar las competencias que se distribuirán entre la oficina de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, para que esa política se defina entre ambas oficinas.
La iniciativa propuso que la nueva figura de delegados estuviera a
cargo de la Oficina de la Presidencia. Sin embargo, a petición del PRI,
se aceptó que las delegaciones queden bajo el mando jerárquico de la
secretaría del bienestar.
De esta manera, esa secretaría designará y coordinará a los delegados, para lo cual se constituirá una subsecretaría.
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
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