Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia evalúa a estados
El
estado de Chihuahua obtuvo una calificación de 4.4 sobre 10 en el
índice Estatal de Libertad de Expresión México 2019 porque aún le falta
eliminar las leyes que criminalizan el ejercicio de la libertad de
expresión y promover la participación de las mujeres en los medios de
comunicación, entre otros pendientes.
En los resultados del índice, elaborado por el Colectivo de Análisis
de la Seguridad con Democracia, A. C. (CASEDE) para medir y evaluar la
situación en la materia, se recomienda revisar el artículo 284 bis del
Código Penal de Chihuahua para evitar la criminalización del ejercicio
de la libertad de expresión.
Esta herramienta de evaluación se aplicó también en Ciudad de México,
Coahuila y Nuevo León para medir variables en cinco dimensiones: marco
legal de la libertad de expresión y la defensa de los Derechos Humanos;
derecho de acceso a la información; pluralismo en los medios;
independencia de los medios; y seguridad de personas que ejercen el
periodismo y la defensa de los Derechos Humanos.
Hasta ahora CASEDE sólo ha publicado los resultados de Chihuahua y
Coahuila. En el caso de la primera entidad, la organización dijo que hay
desafíos en diferentes ámbitos, los cuales son resultado, por una
parte, de las relaciones entre medios de comunicación y gobierno.
Desde 2018, indicó el informe de resultados, se han dado dos pasos
importantes en el estado: la creación de la Unidad Estatal de Protección
para personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas en la
Fiscalía estatal y la iniciativa de Ley para la Asignación de Publicidad
Oficial, presentada en el Congreso local.
CASEDE destacó que en el estado se generó el primer protocolo de
autoprotección para periodistas y se creó el primer sistema de
protección para las personas que ejercen el periodismo pero alertó que
la falta de continuidad de esas mantuvo en un impasse el desarrollo
institucional de protección a la libertad de expresión.
En la entidad fronteriza, el 23 de marzo de 2017 fue asesinada la
periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de “La Jornada” en
Chihuahua y colaboradora del desaparecido “Norte”, de Ciudad Juárez. El
Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información
de la Mujer A. C. (CIMAC) documentó 10 casos de violencia contra
mujeres periodistas de 2012-2018.
Respecto a la violencia, CASEDE indicó que ante la ausencia de un
mecanismo específico para la protección de periodistas y personas
defensoras, no hay cifras que permitan tener claridad sobre la cantidad
de denuncias y quejas por agresiones, así como de la atención y
resolución que se les da.
Entre las recomendaciones de la organización está desarrollar
instituciones que garanticen la seguridad y el acceso a la justicia, que
atiendan las condiciones de inseguridad específicas del estado;
promover el desarrollo de medios basados en modelos de negocio
autosustentables y revisar la normatividad local, entre otras.
La segunda entidad evaluada es Coahuila, que obtuvo una calificación
de 5.2 sobre 10 porque también le falta eliminar las leyes que
criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión, promover la
participación de las mujeres en los medios y garantizar la efectividad
en la investigación de los delitos denunciados.
Aunque CASEDE aseguró que el estado de la libertad de expresión debe
analizarse con perspectiva de género y señaló que es necesario contar
con indicadores que sirvan para identificar y visibilizar la situación
específica de las mujeres en el ejercicio de este derecho.
La organización aseguró que no es suficiente con que las leyes y
normas no discriminen, pues también se deben considerar las necesidades
específicas de las mujeres y atenderlas tomando en cuenta su condición
de género.
En Coahuila desde 2014 existe la Ley para la Protección de las y los
Periodistas y desde 2016 la Ley para la Protección de las Personas
Defensoras de Derechos Humanos pero el reto es el fortalecimiento de sus
estructuras de gobierno y de voluntad política.
Aunque en los últimos cinco años no se han presentado casos de
homicidios contra periodistas y personas defensoras, la agrupación
indicó que la violencia psicológica que se ejerce a través de la
intimidación constituye la forma más común de agresiones.
CASEDE indicó que la falta de un registro oficial de agresiones a
mujeres periodistas no asegura que no haya violencia, por ello consideró
fundamental integrar la perspectiva de género en las instituciones
encargadas de proteger, prevenir y perseguir los delitos cometidos
contra la libertad de expresión.
El Programa de Libertad de Expresión y Género de CIMAC, publicó en
2012, la primera radiografía de la situación sobre la violencia contra
mujeres periodistas en el “Informe diagnóstico Violencia contra mujeres
periodistas México 2010-2011”. A dicho informe le siguieron tres más,
información que ha sido retomada por la Relatoría especial de Libertad
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.
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