Transmutaciones
Como
“señal de desaliento” y “signo de alarma” calificó el presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el rechazo de la
recomendación 29/2019 acerca del Programa de Estancias Infantiles (PEI)
por parte de cuatro instancias gubernamentales y del propio presidente
de la república.
Resulta en efecto preocupante que se descalifique con declaraciones
altisonantes y falsedades al máximo organismo defensor de los Derechos
Humanos en México. Dar a entender que éste pretende que se violen
derechos que él mismo defiende es, además, un despropósito. ¿Qué se
busca con esto? ¿Debilitar al ombudsman nacional o a la institución?
¿Defender a toda costa las decisiones del Ejecutivo, aunque violen el
principio de progresividad de los Derechos Humanos?
La recomendación 29/2019 refiere con detalle cómo el recorte
presupuestal al PEI y su posterior sustitución por el Programa de Apoyo
al Bienestar (PAB), violan los Derechos Humanos de niñas, niños, madres
trabajadoras, padres solos y personas trabajadoras de estancias. El
punto principal, en términos jurídicos y conceptuales, es que estos
cambios se contraponen al principio de progresividad de los Derechos
Humanos, que pueden ampliarse y consolidarse, no disminuirse ni
restringirse. Un segundo principio básico es el del interés superior de
la infancia, que debe tomarse en cuenta en cualquier política pública.
También son fundamentales en este caso, el derecho a una vida digna, a
la supervivencia y el desarrollo, que debe garantizarse para toda la
infancia, así como el derecho de las mujeres a la igualdad y la no
discriminación y el derecho al trabajo.
Las estancias infantiles no son simples espacios donde se vigila o
“guarda” a niños y niñas. Como documenta la CNDH, desde su creación en
2007, el PEI, creado para beneficiar a la infancia y con la intención de
promover la igualdad de género, fue ampliando y mejorando sus servicios
con el fin de ofrecer un cuidado integral, con actividades educativas y
recreativas, buena alimentación y supervisión de la salud. Así, según
evaluaciones de diversas instituciones (CONEVAL, Instituto Nacional de
Nutrición, etc.) y de los y las beneficiarias, las estancias tuvieron un
impacto positivo en el desarrollo del lenguaje y las habilidades
sociales, el peso y talla de niños y niñas, y en la inclusión de
infancia con discapacidad. Además, un convenio con la SEP permitió que
se le acreditara el primer año de preescolar a niños y niñas
participantes.
Al cortar a la mitad el presupuesto para el PEI y al hacer del PAB
una vía más de transferencia de recursos directos a madres y padres, el
gobierno federal se desentiende de su obligación de garantizar los
derechos de la infancia al cuidado, la salud, la educación, e incluso a
jugar y desarrollarse en un lugar seguro.
También deja de lado, una vez más, el derecho a la igualdad de
oportunidades cuando, gracias al PEI, miles de mujeres pudieron trabajar
y mejorar su calidad de vida o ganar lo necesario para subsistir.
Pensar que habrá alguna “abuela” o parienta disponible no es sólo
reproducir estereotipos sino ignorar que muchas trabajadoras carecen de
apoyo familiar, que otras muchas, abuelas o no, trabajan hasta su vejez y
que, en todo caso, no es su obligación. ¿Por qué se asume que a las
mujeres corresponde “cuidar”? En todo caso, ofrecer servicios de cuidado
y atención integral es obligación del Estado, que puede ofrecerlo o
supervisarlo pero no dejarlo a la deriva ¿Cuántas mujeres más tendrán
que dejar de trabajar y se quedarán sin recursos como ya ha sucedido?
Si acaso existía corrupción, o el padrón estaba inflado (lo que no se
ha probado), la administración actual podría haber pedido cuentas a
quienes fueran responsables en SEDESOL, el DIF y la ASF. Tirar a la
basura años de trabajo y experiencia en vez de partir de un diagnóstico
transparente para corregir deficiencias, parece ser común en el nuevo
gobierno. En este caso, como en otros, lo grave es que se violan
derechos que se tiene obligación de garantizar. Lo peor, aquí, es que se
descalifique a un organismo que, más de una vez, ha defendido a la
sociedad contra actos autoritarios. Mientras el Senado se decide a
pedir explicaciones a quienes rechazaron la recomendación, el respaldo
de la sociedad a la CNDH es crucial.
* Ensayista y crítica cultural, feminista.
Twitter: @luciamelp
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Melgar*
Cimacnoticias | Ciudad de México.
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