Editorial
La Jornada
Hace exactamente
dos meses, el seis de mayo, el titular de la Fiscalía General de la
República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que en este plazo la
dependencia a su cargo judicializaría el expediente abierto contra el ex
director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por su
participación en el caso Odebrecht.
La palabra del fiscal se cumplió ayer, con el anuncio de que la
fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra el ex funcionario, tres de
sus familiares y una empresaria inmobiliaria por el manejo de recursos
de procedencia ilícita –presuntamente provenientes de pagos que la
constructora brasileña habría hecho durante la campaña electoral de
Enrique Peña Nieto a cambio de futuros favores cuando éste llegara a la
Presidencia.
El caso de Lozoya –quien ya se encuentra prófugo de la justicia para
evadir la orden de arresto derivada de la investigación del desfalco a
Pemex cometido en la compra de la empresa Agronitrogenados– es una de
las muestras más contundentes del nivel de podredumbre alcanzado por la
administración pública durante el sexenio anterior. Primero, por la
participación de familiares cercanos del funcionario (su madre, su
esposa y su hermana) en la trama de lavado de dinero con los recursos
obtenidos mediante sobornos, lo cual es indicativo de la formación de
toda una red de beneficiarios del quebranto contra el Estado.
Pero también, y de manera acaso más grave, por lo que no puede ser
sino complicidad o total ineptitud desplegadas por las instancias
encargadas de investigar y sancionar las conductas ilícitas de los
funcionarios. En este sentido, cabe recordar que la entonces
Procuraduría General de la República tuvo en sus manos el expediente de
Lozoya durante casi dos años, de enero de 2017 a noviembre de 2018,
durante los cuales la investigación sufrió una injustificable parálisis,
particularmente agraviante porque en este periodo otros países
latinoamericanos afectados por las prácticas corruptas de Odebrecht
juzgaron y sancionaron de manera expedita a poderosos políticos y
funcionarios.
Cabe esperar que las órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya
Austin concluyan con su comparecencia ante la justicia, la celebración
de un juicio impecable en todos sus aspectos jurídicos y la eventual
sanción o deslinde de responsabilidades, no sólo para resarcir el daño
causado a la nación por el comportamiento de los servidores públicos del
pasado reciente, sino, y ante todo, para enviar una señal inequívoca de
que tales actos no serán tolerados en lo sucesivo.
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