Jefa de gobierno presenta propuesta a Congreso de la Ciudad
Ocho
años después de que la extinta Asamblea Legislativa del Distrito
Federal tipificó el feminicidio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso al Congreso capitalino reformar
el Código Penal local para ampliar las causas para acreditar este
delito.
En la misma propuesta, el gobierno capitalino sugiere suprimir los
tipos penales de “turismo sexual”, “pornografía” y “tata de personas”
porque, argumenta, estas conductas ya están establecidas en la Ley
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La iniciativa de Sheinbaum será analizada durante los próximos días y
el Congreso de la Ciudad de México deberá votar su aprobación o rechazo
en un periodo extraordinario de sesiones que se realizará los próximos
30 y 31 de julio, cuando también se analice la expedición de la Ley de
Seguridad Ciudadana de la capital.
La iniciativa, enviada a los diputados locales el pasado 8 de julio,
propone reformar el artículo 148 Bis del Código Penal local, aprobado el
29 de junio de 2011, para ampliar los supuestos necesarios para
acreditar el delito de feminicidio.
A este artículo se agregarían cuatro supuestos como “razones de
género”: que el agresor haya realizado actos de necrofilia al cadáver de
la víctima; que existan datos o antecedentes de que el victimario abusó
de la víctima en el ámbito familiar, laboral o docente.
También se añadiría que entre el agresor y la víctima existiera una
relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio,
concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación
de hecho o amistad; o que existiera una relación laboral, docente, o
cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.
En el documento que Sheinbaum envió al Congreso, se explica que para
el gobierno de la capital el feminicidio es la violación más grave a los
Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, así como una de las
manifestaciones más extremas de discriminación y violencia en su contra.
Señala que, en 2009, a partir de la sentencia que emitió la Corte
Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, por su
responsabilidad en el asesinato de tres mujeres en un campo algodonero
de Ciudad Juárez, en Chihuahua, organizaciones civiles y defensoras de
los derechos de las mujeres y niñas impulsaron la creación del delito de
feminicidio.
La finalidad de incluir el feminicidio como delito fue identificar
los asesinatos que se cometen por razones de género, es decir, aquéllos
que son resultado del contexto de discriminación, desigualdad y
violencia estructural contra las mujeres.
La Ciudad de México fue pionera en incorporar el delito de
feminicidio en su normatividad, pero para la Jefatura de Gobierno, esta
conducta requiere incorporar otras hipótesis pues está demostrado que en
este ilícito las desigualdades de género se reflejan en las formas en
que se asesina a las mujeres y en los tipos y expresiones de la
violencia que se ejerce en sus cuerpos.
Actualmente, el delito se sanciona con 20 a 50 años de prisión y si
entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o
de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique
subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los
supuestos, se impone de 30 a 60 años de prisión.
Con los cambios normativos, los supuestos de agravantes dejarían de
existir por lo que la pena quedaría en 20 a 50 años de prisión. Sin
embargo, se propone sancionar a servidores públicos que retarden o
entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o
administración de justicia, con una pena de 3 a 8 años de prisión, de
500 a mil 500 días multa y destitución e inhabilitación de 3 a 10 años.
La propuesta de la Jefa de Gobierno indica que una de las
manifestaciones de dominación y control sobre las mujeres está en la
violencia sexual, en la saña, en las lesiones infamantes o la
incomunicación y en los estados de indefensión.
Por ello un elemento novedoso de esta reforma es incorporar como
razón de género que la víctima se haya encontrado en un estado de
indefensión, es decir en una “situación de desprotección real o
incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad de
comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar
habitado o por que exista algún impedimento físico o material para
solicitar el auxilio”.
En la misma propuesta, el gobierno capitalino sugiere suprimir los
tipos penales de “turismo sexual”, “pornografía” y “tata de personas” a
fin de que sólo se aplique la Ley General para Prevenir, Investigar y
Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, que es la norma especializada.
Para el coordinador de Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara
de Diputados, (Morena), Ricardo Ruiz Suárez, el eje principal de la
propuesta de Sheinbaum Pardo es el incremento de las sanciones para las
personas reincidentes y para delitos que afectan a una amplia proporción
de las y los ciudadanos como robo de teléfono celular, robo en
transporte, robo a casa-habitación, extorsión y feminicidio.
Existen otras propuestas para reformar el Código Penal que han sido
presentadas en la tribuna del Congreso por diferentes diputadas y
diputados de distintos grupos parlamentarios en los periodos ordinarios
anteriores, por lo que se prevé que estas iniciativas también sean
analizadas por las y los diputados de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.
De enero a mayo de este año se han registrado 13 casos de feminicidio
de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.
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