Que no puedan ejercer si se comprueba que acosan, violentan o son deudores alimenticios
Los
servidores públicos que legislan, gobiernan, administran o ejecutan la
justicia también son capaces de ejercer violencia de género: golpear a
su pareja, ejercer violencia psicológica contra ella, acosar sexualmente
a sus colegas o ser irresponsables con la manutención de sus hijas e
hijos, pero nada de eso les impide continuar en funciones.
Como en México no hay ninguna norma que impida a los violentadores
ser funcionarios públicos, la defensora de Derechos Humanos, Yndira
Sandoval Sánchez, redacta una propuesta de reforma constitucional para
que los hombres que deseen ocupar un cargo legislativo o de gobierno
comprueben no ser deudor alimenticio, acosador sexual o agresor de
mujeres.
La propuesta, que se ha gestado desde 2017, respondería a casos de
funcionarios acusados de violencia familiar, como el del senador Noé
Fernando Castañón Ramírez; el alcalde del municipio de Armería, en
Colima, Salvador Bueno Arceo; el exdiputado federal Elmar Darinel
Solorzano; o el subsecretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo,
Luis David Vázquez Heredia.
En estas denuncias los servidores estuvieron involucrados en
presuntos casos de violencia de género, como consta en publicaciones de
medios de comunicación. Aunque en algunas investigaciones el presunto
agresor fue detenido, en la mayoría de los casos ellos lograron
continuar con sus funciones y posteriormente desempeñar otros cargos
públicos.
La propuesta, explicó en entrevista Sandoval Sánchez, es emular la
iniciativa #3de3, impulsada por organizaciones civiles para que la clase
política, en particular candidatas y candidatos a cargos de elección,
publicaran, de forma voluntaria, sus tres declaraciones: patrimonial, de
intereses y fiscal, como muestra de su compromiso con la transparencia y
rendición de cuentas.
Retomando el aporte de esta iniciativa, la idea de la defensora es
crear una #3de3 contra la violencia y hacer que esta declaración sea
obligatoria para que aquellos hombres que aspiren a un cargo
legislativo, de gobierno o administrativo hagan pública sus tres
declaraciones: no ser deudor de pensión alimenticia; no ser acosador
sexual; y no ser agresor de mujeres.
En octubre de 2018, al inicio de la actual Legislatura del Senado,
legisladoras como las senadoras Patricia Mercado Castro y Martha Lucía
Micher Camarena condenaron que se permitiera a Noé Castañón Ramírez
tomar protesta a pesar de que fue denunciado por violencia familiar y
por no permitir que su exesposa tuviera contacto con sus tres hijos.
Ser presunto agresor no impidió que Castañón Ramírez asumiera el
cargo, esto debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación resolvió que, aunque en una ocasión él fue detenido por
violencia contra su esposa, no tenía sentencia por ningún delito, por lo
que debía respetarse la presunción de inocencia y su derecho a ser
legislador.
Otro caso reciente es el del presidente municipal de Armería, en
Colima, Salvador Bueno Arceo, denunciado penalmente por el delito de
violencia familiar presuntamente cometido contra su esposa. Este 11 de
julio el Congreso estatal exhortó al fiscal general del estado, Gabriel
Verduzco Rodríguez a procurar “la aplicación de la justicia pronta y
expedita” en este caso.
Versiones periodísticas indican que Bueno Arceo golpeó a su esposa,
por lo que legisladoras locales llamaron a que pida licencia del cargo
hasta que concluya la investigación. Sin embargo, no hay ley explícita
que obligue a los funcionarios acusados de violencia contra las mujeres a
ausentarse del cargo, renunciar o ser destituidos.
Respecto a este vacío legislativo, Yndira Sandoval, señaló que hay
una falta de corresponsabilidad política en el fenómeno de violencia de
género, por ello, lo ideal sería que la Constitución federal reconociera
como requisito de elegibilidad, para ser legislador o funcionario
público, no ser deudor alimenticio, acosador sexual y no ejercer
violencia familiar.
En México, dijo, no es novedad que los diputados o gobernadores
reproduzcan la violencia o que los jueces ejecuten la justicia desde sus
prejuicios. En ningún caso hay consecuencias. La defensora se pregunta
por qué, desde la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López
Obrador, hay un discurso de honestidad y no corrupción que se disocia de
la violencia.
Sandoval advirtió que mientras los servidores públicos no roben
dinero no importa si son acosadores sexuales. Entonces, reflexiona, ¿qué
entendemos por democracia? En el actual contexto político hay una
ausencia de perspectiva de género en la lucha contra la desigualdad y la
corrupción.
La defensora aseguró que la reciente reforma en materia de paridad en
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en organismos
autónomos, publicada el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la
Federación, no se puede concebir “a secas”, tiene que ir acompañada de
acciones que den un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las
mujeres.
De lo contrario, dijo, continuarán historias como la ocurrida el 19
de abril de 2010 cuando Elmar Darinel Solorzano, entonces exdiputado
federal disparó un arma de fuego y asesinó a su pareja, Tatiana Trujillo
Rodríguez. Él, quien también fuera aspirante a una diputación local,
sigue prófugo.
O bien, lo que ocurrió el 30 pasado de junio de 2019, con la
detención de Luis David Vázquez Heredia, subsecretario de la Secretaría
de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, acusado de supuestamente
violar una orden de restricción para acercarse a su esposa, a quien
golpeó en ocasiones anteriores.
La actual transición política, dijo Sandoval, no está considerando
que es necesario fomentar la participación política de más mujeres y al
mismo tiempo reducir las posibilidades de que más agresores ocupen
puestos de decisión.
La pregunta pendiente es si las y los legisladores adoptarán la
propuesta #3de3 contra la violencia y la discutirán como una reforma
legislativa. Por lo pronto, la diputada de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), Lorena Villavicencio, ya analiza cómo llevar esta
iniciativa a una amplia reforma constitucional y en materia electoral.
Yndira Sandoval expuso que, así como se piden requisitos de
elegibilidad como ser ciudadano mexicano, tener cierta edad o no contar
con antecedentes penales, se deberían pedir constancias de no ser deudor
alimenticio o agresor o crear mecanismos para que las Procuradurías o
la Fiscalía General de la República emitan estas constancias.
Otra posibilidad es que las declaraciones se hagan de forma
voluntaria porque en caso de que los hombres mientan es más fácil que
los medios de comunicación lo detecten. En ocasiones, afirma, a los
violentadores les pesa más una publicación que un proceso judicial. Por
ahora la propuesta está en revisión para tener un proyecto de reforma.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México
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