Siguen plazas que iban a desaparecer
Las medidas de austeridad no han tenido eco en las
dependencias de la administración pública federal. En un memorando que
fijaba junio de plazo para que se eliminaran las plazas de dirección
general adjunta
que fueron creadas injustificadamente desde el gobierno de Felipe Calderón, el presidente Andrés Manuel López Obrador determinó también que se prescindiera de asesores y choferes, excepto para titulares y subsecretarios de cada dependencia. De acuerdo con los registros que concentran las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP), los rubros anteriores han sido desatendidos.
La administración pública federal está compuesta por 297 entes
–incluyendo empresas productivas del Estado, órganos desconcentrados y
autónomos, centros de investigación y dependencias, entre otros–, cuyos
registros de nómina son públicos. Sólo para las secretarías de Estado
hay al menos 465 plazas de directores generales adjuntos. Dichos puestos
tienen los salarios más altos dentro de la administración pública (en
promedio, 10 veces más que un médico general en la nómina federal, cuyo
salario base llega a 7 mil 672.46 pesos) y también están en las
antípodas de las remuneraciones más bajas en el registro oficial, pues
hay desde 3 mil 905 pesos mensuales para auxiliares médicos.
En entrevista con La Jornada, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó el tema:
Hay todavía mucha resistencia al interior del mismo gobierno y simulación. Por ejemplo, Calderón creó direcciones adjuntas al por mayor y la instrucción es que no haya direcciones adjuntas. Y, sin embargo, sigue habiendo direcciones adjuntas (...) La instrucción es no tocar a los trabajadores de base.
El registro oficial sustenta la omisión de acabar con dichas plazas.
La SHCP, que junto con la SFP opera el programa de austeridad de la
administración pública federal, incluso conserva en su nómina una plaza
de
chofer de director general adjunto, con una remuneración de 18 mil 128 pesos al mes, aunque no detalla para cuál de los 106 directivos que cuentan con ese estatus en su estructura.
Con mayor número de directores generales adjuntos le sigue
Gobernación, con 95 plazas vigentes, dos meses después del memorando que
firmó el Presidente. En ese orden le siguen las secretarías de
Comunicaciones y Transportes (53 plazas), Relaciones Exteriores (47) y
Educación Pública (45).
De ahí continúan Economía, que tiene en su estructura 26 directivos
de ese tipo, y Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales, ambas con
17. La Función Pública, cuya titular, Irma Eréndira Sandoval, junto con
Carlos Urzúa, de Hacienda, fue la vocera de las medidas de austeridad,
pagó a 13 personas con dicho estatus en la última quincena de junio.
Bienestar y Cultura cuentan con 12 puestos de ese tipo; Salud y
Agricultura y Desarrollo Rural cuentan con siete plazas vigentes, y
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, así como Trabajo y Previsión
Social, cuatro.
Sólo Marina, Turismo y Seguridad y Protección Ciudadana no cuentan con ese tipo de plazas al corte del 30 de junio.
Aunque en ningún apartado se detallan funciones de las direcciones
general adjuntas, las remuneraciones de sus titulares oscilan entre 78
mil 408 y 127 mil 412 pesos mensuales. Esto incluye prestaciones que no
tienen todos los trabajadores de la administración pública, según la
información que transparenta el gobierno sobre su nómina.
En cuanto a asesores, prácticamente todas las dependencias mantienen
en promedio cinco personas contratadas bajo ese concepto. Las
excepciones vuelven a ser Marina, Turismo y Seguridad Ciudadana.
Dora Villanueva
Periódico La Jornada
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