María Teresa Sierra*
La Jornada
En el contexto de la realización
del Foro de Consulta para la reforma constitucional en materia de
derechos indígenas y afrodescendientes, que implementa el Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a nivel del país, el pasado 7
de julio presencié un hecho insólito de racismo y violencia política en
Ayutla de los Libres, en Guerrero. Un grupo de vecinos de la élite
local, autodenominados los mestizos, irrumpió
violentamente en la inauguración del Foro. Estaban en contra de que éste
legitimara al Concejo Municipal Comunitario, el cual gobierna Ayutla
desde el 15 de julio de 2018, con base en los llamados
usos y costumbres, lo que consideran un atropello a sus derechos. Alrededor de 100 inconformes gritando
fuera, fuera, de manera envalentonada movieron las sillas, rompieron la ofrenda ritual que desde el amanecer habían preparado las autoridades del Concejo, se lanzaron sobre los que presidían el acto –autoridades federales y comunitarias– y los arrinconaron. Si bien previamente se han registrado tensiones racistas desde que los indígenas gobiernan Ayutla, el nivel de la agresión en esta ocasión rebasó cualquier expectativa.
Los 999 participantes registrados en el foro, provenientes de
distintas comunidades de Ayutla y de municipios aledaños con población na’savi y me’phaa,
junto con las 360 autoridades comunitarias presentes, todas ellas con
sus acreditaciones y sellos, observaban con indignación y molestia los
actos de agresión intempestivos. Mujeres y hombres de comunidades
miraban atónitos las acciones y escuchaban diatribas y desprecios hacia
sus autoridades y sus costumbres. Los agresores no estaban dispuestos a
ningún diálogo, querían imponer su voluntad. En un momento de tensión
incrementada, la guardia municipal comunitaria se interpuso para bajar
los ánimos; en los alrededores seguían los hechos con distintos cuerpos
de seguridad municipal y estatal. La manifestación siguió por un buen
tiempo y en la calle aledaña líderes de los mestizos
desplazados del poder se lanzaron a criticar al gobierno de los pueblos
como ineptos e incapaces de gobernar junto con una retahíla de
descalificaciones sobre lo que consideran
abusos y costumbres. Con el fin de evitar la violencia y la confrontación, los representantes federales y las autoridades comunitarias decidieron cancelar el foro y declararlo en receso permanente, previendo su realización posterior.
El Foro se organizó para consultar la opinión de las comunidades con
vistas a una reforma constitucional que amplíe los derechos de los
pueblos indígenas y afrodescendientes y los reconozca como sujetos de
derecho público en una perspectiva plural y autonómica. El acto de
Ayutla es uno de los 54 foros que realiza el INPI a escala nacional para
alimentar una iniciativa de reforma constitucional. El enorme esfuerzo
invertido por los funcionarios del INPI y autoridades del Concejo
Municipal Comunitario de Ayutla para la organización de este foro, se
vio truncado por la acción impune y violenta de los mestizos
decididos a impedirlo. Fue además frustrante para la mayoría de los
participantes haber dejado sus actividades en el campo para trasladarse a
Ayutla y ver impedida la realización del foro y sobre todo verse
sujetos a humillaciones e insultos.
Lo que sucedió el domingo pasado en Ayutla es la expresión de un
cúmulo de agravios que viven las comunidades indígenas frente a poderes
caciquiles mestizos incrustados en las cabeceras municipales.
Discriminación, malos tratos, corrupción y usos políticos electorales y
demás abusos son justamente los motivos que llevaron a que las
comunidades indígenas y sus organizaciones se movilizaran para acceder
al poder municipal y gobernar con base en formas de democracia
comunitaria participativa. Esta gran hazaña fue producto de un largo
proceso judicial de casi tres años impulsado por los pueblos y sus
abogados comunitarios ante el Tribunal Federal Electoral que finalmente
les dio la razón y les reconoció el derecho de elegir a las autoridades
municipales por medio de sus sistemas normativos. Finalmente el 15 de
julio de 2018, en una macro asamblea se instaló el Concejo Municipal
Comunitario y sus representantes provenientes de comunidades y colonias na’savi, me’phaa y mestizas,
inaugurando un nuevo estilo de gobierno basado en asambleas y una
organización de representación horizontal que deja fuera a los partidos
políticos y las prebendas de los grupos de poder los mestizos.
Haber revertido el poder municipal con la decisión y el apoyo
mayoritario de las comunidades, es lo que está en el fondo de la
agresión tan rabiosa del grupo de caciques mestizos y sus huestes que no
aceptan que cambiaron los tiempos y que los indígenas están dispuestos a
gobernar para todos, incluidos los mestizos, en una
perspectiva transformadora. El Concejo está aprendiendo a gobernar, pero
es un hecho que los pueblos están ahí para quedarse y los mestizos tendrán que acostumbrarse a los nuevos tiempos que no permiten la reproducción de la exclusión y el racismo.
El racismo exacerbado y vil que se vivió en Ayutla es expresión de
una violencia política que tiñe los procesos de transformación local y
regional en Guerrero, como en otras regiones del país.
* CIESAS – Ciudad de México.
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