Editorial La Jornada
La dimisión de Carlos Urzúa a
la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dada a
conocer ayer en la mañana, y su casi inmediato remplazo por Arturo
Herrera Gutiérrez, quien se desempeñaba de subsecretario de Ingresos en
esa dependencia, causó sorpresa y desconcierto en la opinión pública,
pero contra lo que habría podido temerse la turbulencia provocada en los
mercados bursátil y cambiario por el primero de esos hechos fue menor y
pasajera.
En su renuncia, divulgada en Twitter, Urzúa se quedó a medio camino
entre la discreción y la denuncia al exponer los motivos de su
resolución: afirmó que ésta se debía a la adopción de
decisiones de política públi-ca sin el suficiente sustentoy a
la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública, motivada por
personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés; asimismo, el ex funcionario escribió que la realización de la política económica no ha estado exenta de
extremismo. En aras de la transparencia sería deseable que las alusiones referidas fueran ampliadas y precisadas en los próximos días por el dimitente, no por un afán de alentar la confrontación, sino para esclarecer la diferencia de posturas en materia de política económica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el propio Urzúa, en el contexto del debate público que, para bien o para mal, ha sido uno de los sellos distintivos del actual gobierno. De esta manera se contribuiría a la comprensión social de determinaciones y tendencias de la administración que han causado azoro y desconcierto en la sociedad.
No se puede escatimar la relevancia de los desencuentros referidos,
sobre todo si se considera que en cualquier gobierno el manejo de la
hacienda pública es un asunto de máximo interés general y en el actual
ese principio general se ha acentuado como nunca antes, en la medida en
que la SHCP adquirió un protagonismo sin precedente en tanto que es
responsable de la reorientación del presupuesto, protagonista de la
aplicación de los lineamientos de austeridad y encargada de la
distribución directa de ingentes recursos de los programas de bienestar.
Con esas consideraciones en mente, es claro que las contradicciones
que se desarrollaron entre Urzúa y el resto del equipo de gobierno –que
tienen como fondo concepciones distintas de los alcances de la Cuarta
Transformación– adquieren una dimensión eminentemente política y
revisten, por ello, un indudable interés público.
Es de reconocer que, con todo y disensos, Urzúa logró mantener la
estabilidad en los indicadores macroeconómicos en los primeros siete
meses de este sexenio. Cabe esperar que su sucesor en el cargo tenga más
éxito en armonizar esa estabilidad con los objetivos prioritarios de la
Presidencia en materias de austeridad, combate a la corrupción y
superación de la pobreza, y logre destrabar los cuellos de botella en el
ejercicio del presupuesto.
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