7/07/2019

México ajusta política migratoria



México enfrenta condiciones de una intensidad no vividas con anterioridad ante la llegada de caravanas provenientes de los países del llamado Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) a las que se han ido incorporando contingentes extracontinentales. Por su número, han desbordado las condiciones de albergues, alojamiento y personal que, de por si siempre fueron insuficiente, pero desde octubre del año pasado se encuentran por completo desbordados. México es ahora no sólo un país expulsor y de tránsito sino también de destino y retorno, característica que la tienen muy pocos países en el mundo, y ha obligado al gobierno a ir realizando ajustes buscando dar soluciones.
Uno de estos ajustes tiene que ver con los polleros, coyotes o más claramente los traficantes de personas verdaderos delincuentes que lucran con las desgracias de los migrantes y no sólo cobran cada vez más, sino que ante la más mínima situación de peligro para ellos, los abandonan a su suerte. Esto explica por qué el gobierno mexicano decidió controlar la entrada para registrar a los migrantes, lo cual es importante para poder otorgarle la calidad migratoria que le corresponda, pero sobre todo porque es la forma en la que disminuye la supuesta influencia del traficante o coyote. Hay que recalcar que estos delincuentes proliferan justo cuando los países destino intentan cerrar la frontera, y se presentan como la salvación. Las víctimas suelen transitar en condiciones peligrosas o degradantes y no siempre llegan a su destino. Hay que recordar que el Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos establecido en 1980 y varias veces modificado, ofrece 90 días de respaldo y apoyo financiero a quienes ingresen con ese estatus, pero Trump ha reducido prácticamente a cero este programa, y de hecho los re-envía a México, violando su propia ley.
De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el tráfico de migrantes desde México a Estados Unidos deja casi siete mil millones de dólares al año, lo que lo convierte en uno de los delitos más rentables del crimen organizado trasnacional. Por ello menciona que es importante promover los controles fronterizos por ser necesarios para prevenir y detectar el tráfico ilícito de migrantes. Al mismo tiempo enfatiza la importancia de que a los migrantes que hayan sido objeto de tales delitos se les proteja y bajo ningún concepto serán sujetos a enjuiciamiento penal, por el contrario, serán sujetos a la protección de todos sus derechos.
Por tanto, no es inconsecuente reforzar los controles fronterizos como se está haciendo, pero esta estrategia es incompleta si no va acompañada de una política trasnacional con los países involucrados que permita enfrentar ese grave problema de forma integral. Se requiere un enfoque amplio e internacional que conlleve la cooperación, el intercambio de información y la adopción de medidas apropiadas incluidas las de índole socioeconómico, en los planos nacional, regional e internacional. En este sentido urge acordar con las autoridades de los países centroamericanos medidas para evitar este grave flagelo que lesiona gravemente a los migrantes. No hay que olvidar que el sistema de inteligencia financiera es de enorme importancia para detectar movimientos inusuales de dinero.
Sin embargo no se ha explicado con claridad por qué y cuándo los migrantes son deportados, de hecho se habla de un número muy elevado de deportados, entre 40-50 mil en los pasados meses de un total de cerca de 450 mil que llegaron a México, cuyo contingente supone un incremento de 240 por ciento en relación con lo registrado en todo el año pasado. Las informaciones son por momentos contradictorias. Por ejemplo, se ha dicho que a los migrantes se les ofrece diversas formas de estancia en el país pero si no lo aceptan entonces serán deportados, pero al mismo tiempo el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, señaló que la tarea de la policía y los militares es detener a los migrantes revisar sus papeles y si no están en regla se entregan al Instituto Nacional de Migración para que tomen la determinación que corresponda. ¿Están entrenados para ello?
Desplegar a la Guardia Nacional por presiones de Donald Trump fue una decisión que puso en entredicho la propuesta migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues, se quiera o no, se percibe como una forma de militarización de la frontera aunque se enfatiza que se trata de personal entrenado en derechos humanos. Lo cual resulta cuestionable pues no parece que ha habido tiempo suficiente para convertirlos en algo diferente a la filosofía intrínseca de su propia institución. Hay que darles el beneficio de la duda, pero al mismo tiempo el gobierno civil tiene que ser muy cuidadoso para evitar posibles excesos.
La propuesta del gobierno de López Obrador de que la migración debe ser una opción y no una necesidad y para ello hay que revertir las causas estructurales que generan la migración forzada es correcta y sobre todo novedosa en el entorno mexicano de los pasados años. De ahí su dificultad para transformar esa inercia. Para que se comprenda su importancia, sus avances y sus obstáculos es urgente que se designe a la persona o personas encargadas de proporcionar datos correctos y expongan con toda claridad lo que se está haciendo, esto evitará que se sigan promoviendo versiones a cuál más disparatada.

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