El 28 de octubre de 2012, el hermano de Karla fue a buscarla en la
discoteca donde trabajaba, como habían acordado. Al notar que no se
encontraba la llamó a su celular, pero no respondió. Se alarmó y entró
al lugar a la fuerza porque no se lo permitían. Ahí, encontró a Karla
gravemente herida, al día siguiente la joven falleció en el hospital.
Tenía 22 años de edad.
La versión de la Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí es que
Karla estaba a punto de salir del trabajo, por lo que subió al segundo
piso de la discoteca a recoger su mochila. El lugar estaba oscuro, lo
que causó que chocara con una puerta de cristal y se lesionara la pierna
derecha con un vidrio. La lesión, dicen las autoridades, provocó su
muerte.
El dueño de la discoteca Jorge Vasilakos Reyes, fue acusado del
delito de homicidio culposo, al considerar que fue negligente al no
colocar algún señalamiento en la puerta de cristal para evitar que la
joven se impactara. Pero la familia de Karla nunca creyó que su muerte
fuera accidental. La también estudiante de nutrición, desde que comenzó a
trabajar con Vasilakos vivió una situación de violencia laboral,
psicológica y acoso sexual.
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En la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, este domingo 27
de octubre los familiares de Karla, acompañados de organizaciones
civiles y otras víctimas secundarias de crímenes de feminicidio,
instalaron un memorial para Karla y otras mujeres asesinadas en el
estado de San Luis Potosí, que desde 2017 se encuentra en estado de
Alerta de Violencia de Género (AVG) a causa de la violencia que afecta a
la población femenina.
Los familiares continuaron su jornada en memoria de Karla este lunes,
acompañados por la organización Amnistía Internacional México.
Entregaron al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, más
de 83 mil firmas de personas que exigen se investigue como feminicidio
el caso de Karla, se repare de forma integral el daño a su familia y se
garantice la no repetición.
Amnistía
Internacional señaló algunas de las irregularidades en la investigación en
torno a la muerte de Karla.
- El hospital no documentó las lesiones y violencia en el cuerpo de Karla. Sufrió casi 40 lesiones internas y externas.
- La escena del crimen no fue resguardada adecuadamente, se limpió a las pocas horas.
- El Servicio Médico Forense identificó indicios de una posible agresión sexual, pero las evidencias fueron perdidas por la Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí.
- En el proceso de investigación no se citó a la familia como testigos de que Karla era acosada en el trabajo.
Otras omisiones documentadas por la “Fundación para la Justicia y el
Estado Democrático de Derecho”, organización civil que representa
legalmente a las víctimas, es que la familia de Karla fue condicionada a
donar los órganos de la joven para que se iniciara la averiguación
previa; el agente de Ministerio Público llegó casi 48 horas después al
lugar donde habían ocurrido los hechos; y se impidió el acceso al
expediente de la investigación a la familia.
La familia de la joven también ha denunciado públicamente que escuchó
esa noche de los médicos que atendieron a Karla, que era probable que
la herida en la pierna de la joven fuera causada por un arma blanca, ya
que era “perfecta y profunda” y no había vidrios en ella.
La familia de Karla espera actualmente la decisión de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en 2015 atrajo el caso, lo
cual significa una oportunidad para que ordene se vuelva a investigar
como feminicidio la muerte de la joven. Tal como lo hizo el máximo
Tribunal en marzo de 2015 por el feminicidio de Mariana Lima, asesinada
por su esposo en 2010 en el Estado de México, cuyo caso se clasificó
como un suicidio.
En 2015 ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió
la recomendación 55/2015 por el caso de Karla, en la que concluye que
la investigación no fue hecha con perspectiva de género y que se
violaron Derechos Humanos de la joven y su familia, por lo que
recomendó: 1) reparar el daño, 2) capacitar en distintos ámbitos a los
agentes del Ministerio Público y peritos de la Procuraduría de Justicia
local; 3) que se investigue las responsabilidades de los funcionarios
que violaron Derechos Humanos en el caso; y 4) que se inscriba el caso
en el Registro Estatal de Víctimas.
La recomendación fue aceptada en enero de 2016 por el entonces gobernador, Juan Manuel Carrera López, sin resultados.
Imagen retomada del Twitter de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Ciudad de México.
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