Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California Foto: Octavio Gómez
CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Muy retador, Jaime
Bonilla, gobernador electo de Baja California, desafía a todo aquel que
cuestiona la ley que le ampara quedarse cinco años como gobernador de
Baja California y no 2 años como estaba previsto en la elección que ganó
como candidato de Morena.
“Que me demuestren que estoy violando alguna ley. Mejor que acepten
su derrota. No saben perder” es lo que repite desde que ganó la elección
y luego de que la anterior legislatura del Congreso bajacaliforniano
aprobara la famosa Ley Bonilla que le permite ampliar su gobierno tres
años.
Este empecinamiento nada tiene que ver con el carácter que identifica
a la gente del norte del país, parece que responde más a una serie de
intereses que adquirió en campaña con ciertos personajes con un
historial negro que a los pocos ciudadanos que lo eligieron en un
proceso que se caracterizó por un abstencionismo del 70 por ciento, el
más alto en la historia electoral del estado.
Uno de estos personajes es Humberto “Pato” Valdez Ramos, integrante
de su equipo de trabajo, quien ha sido señalado de haberse desempañado
como abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sentenciado a cadena perpetua
en Estados Unidos.
Otro personaje que apareció al lado de Bonilla es Xicoténcatl Leyva
Mortera, último gobernador del PRI en la entidad y quien dejó una estela
de corrupción, nepotismo y represión durante los años en que gobernó el
estado (1983-1989).
El 7 de enero de 1989 Proceso publicó un reportaje en el que
describía al gobierno de Xicoténcatl Leyva Mortera en una atmósfera de
terror, violencia, crimen, abuso de poder y narcotráfico.
“El narcotráfico es otro de los estigmas de la administración de
Leyva Mortera. En septiembre de 1985, Miguel Ángel Rodríguez Moreno,
agente del Ministerio Público del fuero común y amigo y socio del
despacho de Edgardo Leyva Mortera, fue sorprendido por agentes federales
cuando personalmente custodiaba toneladas de mariguana en una casa de
la Colonia Libertad”, cita el texto del reportero Elías Chávez (Proceso
1520).
Con sus propios antecedentes y los de algunos de sus allegados, Jaime
Bonilla es ahora un problema para Andrés Manuel López Obrador quien ya
anunció que no asistirá a la toma de protesta prevista para este viernes
1 de noviembre.
Hasta el 28 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
admitido cinco controversias constitucionales contra la “Ley Bonilla”.
Los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como el gobierno
saliente de Baja California presentaron dichos recursos.
El hecho de que Bonilla asuma sus funciones el 1 de noviembre no
significa que la Suprema Corte realice el estudio oportuno de su
validez, como se plantean en las cinco demandas.
Por tanto, Jaime Bonilla aún no puede cantar victoria puesto que la
acción de inconstitucionalidad no se tiene que resolver antes de que
rinda protesta como gobernador, ya que la impugnación a la famosa Ley
Bonilla continuará surtiendo efecto y la sentencia respectiva de la
Suprema Corte tendrá vigencia.
Por cierto… Jaime Bonilla, empresario de los medios,
es un caso único en la política mexicana. Cuando tenía la ciudadanía
norteamericana fue militante del Partido Republicano al que pertenece
Donald Trump, luego ya como mexicano estuvo en las filas del Partido del
Trabajo y luego se pasó a Morena en donde recibió el apoyo del
presidente Andrés Manuel López Obrador para ser legislador, delegado del
gobierno federal y, finalmente, candidato a gobernador.
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