Magdalena Gómez
La decisión del Presidente
de recorrer todos los pueblos indígenas del país se ha justificado bajo
el paraguas de apoyarlos para superar la marginación social y económica
en que se encuentran. Inició en Oaxaca la semana anterior y en esa
entidad, que es la que más conoce, declaró que la cultura indígena
oaxaqueña es la mejor no sólo del país, sino del mundo. Lo cual, sin
demérito de esos pueblos, es un verdadero exceso, pues evoca en última
instancia aquello de las culturas superiores e inferiores. Pues bien, el
pasado fin de semana lo dedicó a los pueblos de Sonora. Importa señalar
algunas de las características de este ejercicio sui géneris llamado
diálogo. En primer lugar fue evidente el trabajo previo desde la
instancia indigenista nacional y de la entidad al promover asambleas
para discutir y preparar lo que plantearían al Presidente, en lo cual
destaca la reivindicación de los centros coordinadores indigenistas en
cuyo espacio se realizaron dos de las cuatro reuniones, las de San
Bernardo, en el municipio de Alamos, y la de Etchojoa, con los pueblos
guarijío y mayo. En contraste, destacó la realizada en Guaymas, con el
pueblo de Pótam, en su espacio de gobierno tradicional, La Ramada, y con
la presencia del conjunto de gobernadores yaquis de los ocho pueblos:
Vicam, Pótam, Huírivis, Belem, Rahum, Tórim, Loma de Bácum, Loma de
Guamúchil-Cócorit, y además de la tribu pascua yaqui de Tucson, Arizona.
Ahí sí hubo diálogo, frente a frente, de las autoridades indígenas con
el Presidente acompañado de su comitiva, incluida la gobernadora del
estado. Seguramente se acordó no transmitirlo y ya en el formato oficial
del templete y los discursos, que se aplicó en los eventos previos, se
compartió el acuerdo principal, esto es que a propuesta yaqui se
formaría una comisión de diálogo en torno a los temas de territorio,
agua y desarrollo a cuyos resultados se le denominó plan de justicia. La
última reunión de la gira fue en Punta Chueca con los pueblos seri,
pima, papago kikapú y migrantes indígenas.
El Presidente, en las cuatro reuniones, reivindicó su experiencia en
el Instituto Nacional Indigenista de 1976 a 1982, la cultura indígena,
la historia del país, los apoyos de bienestar y agrícolas, la mejora de
planteles escolares, la lucha contra la corrupción, en fin, la llamada
Cuarta Transformación (4T). Sin duda fue significativa su presencia para
esas comunidades. También lo es que el discurso indígena no se expresó
en un conformismo con las becas y planteó temas de interés colectivo,
Para ejemplificar: el representante de las comunidades guarijías leyó el
documento donde pidieron se respete su libre determinación y autonomía,
sistemas de gobierno y de representación. Solicitaron obras de
infraestructura para el bienestar común y apoyo a la economía regional
indígena, así como el derecho a la salud y a la educación. Que se brinde
acompañamiento jurídico y social para el caso de la presa
Bicentenario-Los Pilares, en San Bernardo, para que se garantice el
ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas y se respeten las
decisiones que el pueblo y los gobernadores guarijíos han tomado.
Destacó:
Los gobernadores ya están en la mejor disposición que la presa se concluya, ya que es un proyecto que nos traerá desarrollo e impulso de la economía la calidad de vida, la alimentación hacia un futuro mejor. A esta declaración se sumó la gobernadora de la entidad y el presidente López Obrador indicó que están disponibles los 600 millones que faltan para concluirla y que si lo invitan asistirá a su inauguración. Por supuesto están enterados de que el pasado 21 de febrero la autoridad tradicional obtuvo un amparo contra la autorización de impacto ambiental y la de construcción dadas por autoridades federales, lo cual entraña división interna. En Etchojoa, el representante del pueblo mayo abordó un tema sobre el que el Presidente ha omitido opinar:
Le solicitamos de la manera más urgente se nos apruebe la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos para que por fin seamos reconocidos como sujetos de derecho público. Destacó que la prioridad regional es la recuperación de nuestros territorios en términos agrarios, productivos y ambientales, evitar más despojos y que se aplique la justicia. Pidió que se impida el proyecto petroquímico en Topolobampo, Sinaloa. El neoindigenismo en curso ofrecerá oportunidades de participación y/o de recursos a comunidades proclives a las relaciones institucionales. En contraste, los pueblos organizados en defensa de sus territorios, afectados por las políticas neoliberales extractivistas y por los proyectos del Tren Maya y el Corredor Transístmico, entre otros, continuarán con sus luchas al margen de la 4T.
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