La sumisión: Ejército y policías aquí

Víctor Flores Olea

Ya están aquí, ¿para no irse nunca? Tal vez una de las noticias más aciagas para el país en años es aquella que nos confirmó hace unos cuantos días La Jornada (11 de agosto): “hay un acuerdo entre México y Estados Unidos para la operación en territorio nacional de integrantes de las agencias antidrogas (DEA) y Central de Inteligencia (CIA), así como del Pentágono que, conjuntamente con autoridades mexicanas, han creado un centro de fusión e inteligencia supuestamente para el combate al narcotráfico, lo cual forma parte de una ‘carta de entendimiento’ signada por ambos gobiernos hace 18 meses”.

Entendimiento perfectamente violatorio de la Constitución y que confirma la sospecha anunciada de que el Plan Mérida y la cooperación estadunidense en la guerra contra el narco echarían, por supuesto, raíces más sólidas que las de una etérea asistencia abstracta. Los estadunidenses no dejan flotando esos acuerdos y los realizan en el más estricto sentido de su conveniencia práctica, es decir, con la presencia en territorios de la cooperación de numerosos agentes y elementos del ejército.

Para empezar, recordemos que el gobierno de Estados Unidos, en su relación con México, no está preocupado ya sólo por las cuestiones migratorias, sino por temas más graves como el terrorismo, el desarrollo de los cárteles de la droga y la desestabilización social. El incremento mismo, desde hace años, de agentes de la DEA, de la CIA y del Pentágono en el interior de nuestro país mostraría una modificación profunda de estrategia. No tanto la cuestión migratoria, sino la posibilidad de que células terroristas de cualquier nacionalidad pudieran mezclarse con narcotraficantes y polleros, traspasar la frontera y utilizar explosivos o expandir alguna bacteria causando gran número de muertes. Para ellos, se trata de sellar la frontera incluso por medio de muros y de vigilancia con vehículos no tripulados.

Apenas sería necesario recordar las penetraciones y violaciones a la soberanía –verdaderos atracos a la integridad e independencia de los estados– que ha cometido el gobierno estadunidense, no hace demasiado tiempo, en territorios latinoamericanos. Desde la Operación Cóndor en la mayor parte del continente, para liquidar a grupos y ciudadanos que consideraba hostiles o subversivos en América Latina, la compra de armas vía el narcotráfico para subvencionar a los contra centroamericanos, hasta la verdadera ocupación militar colombiana para combatir por un lado a la guerrilla y por el otro al narcotráfico de Pablo Escobar. Cuando muchos dijimos que el Plan Mérida traería a la postre consecuencias sombrías para México, aludíamos a la penetración militar que seguiría ineludiblemente a ese proyecto de cooperación (recordemos que el Plan fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos y puesto en operación por George Bush el 30 de junio de 2008).

Los reporteros de Proceso Jesús Esquivel y Jorge Carrasco han consignado en varios reportajes –antes de la publicación del anterior fin de semana de The New York Times– cómo desde 2006 el gobierno mexicano aceptó el incremento de agentes especiales de la DEA acreditados como enlaces en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, los enviados de Washington están operando directamente en territorio mexicano, violando la Constitución. Hacen recorridos, son testigos en interrogatorios y participan en algunos, tienen acceso a instalaciones militares y a información confidencial. Todo esto con el apoyo de la Procuraduría General de la República, de las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, que han puesto incluso vehículos oficiales del gobierno mexicano a las órdenes de los agentes estadunidenses, para facilitar sus movimientos.

De los 54 agentes originales de la DEA, se han sumado en el año reciente un número mayor de agentes de la CIA y de militares especializados en terrorismo, cuyo cantidad aún se desconoce porque el gobierno de Felipe Calderón no lo ha informado al país. Todo esto resulta altamente pertinente ahora, ya que en unos días comparecerán ante el Congreso de la Unión los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Defensa, cuando menos, además de que hay casos pendientes no explicados por el gobierno de Calderón, como la vigilancia aérea por aviones estadunidenses no tripulados y operaciones inadmisibles como Rápido y furioso. Los congresistas contarán con buen número de argumentos para demostrar que este gobierno (y antes el de Vicente Fox) han cedido en aspectos esenciales de la soberanía del Estado mexicano, afectándola peligrosamente e inaugurando una nueva época del país que siempre ha sido muy sensible y decidido en la defensa de sus derechos fundamentales.

Seguramente no podía esperarse otro desenlace en este tiempo de globalización controlada por una potencia mundial como Estados Unidos. Pero no pongamos todas las culpas en el vecino, porque nos encontramos con un gobierno absolutamente obsecuente a los mandatos del más fuerte y que ha perdido la brújula de la defensa de los derechos soberanos de la nación.

Con algo más grave: el Plan Mérida es en realidad, como lo ha sido el Plan Colombia, un plan piloto para probar y ejercitar los pilares básicos de la estrategia de dominación militar de Estados Unidos en el continente latinoamericano. Tales iniciativas integran recursos estadunidenses para afirmar esa dominación. En este caso el elegido ha sido México, mayormente atractivo para el imperialismo en la medida en que el petróleo mexicano es otra de las áreas a defender por Estados Unidos, incluso por la vía militar.