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Andrade y Peña en Los Pinos.
Foto: Benjamin Flores
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MÉXICO,
D.F. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto “debe limpiar primero su
nombre” si quiere que funcionen las medidas anticorrupción que anunció
el martes 3, advierte The Economist
al tiempo de señalar que la oposición ha estado “sospechosamente
callada” sobre los temas de corrupción en la administración federal
debido a que “muchos tienen esqueletos en sus armarios”.
La revista británica también señala las sospechas que hay sobre el
nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, y plantea
dudas sobre la regulación de los “conflictos de interés”, que “es
turbia en México, lo que significa que la base jurídica de la
investigación no está clara”.
The Economist resalta que “no todos los días un presidente lanza una
investigación sobre sus propios asuntos, pero eso es lo que el líder de
México, Enrique Peña Nieto, acaba de hacer. El 3 de febrero anunció que
él, su esposa (Angélica Rivera) y su secretario de Hacienda (Luis
Videgaray) se convertirán en los primeros sujetos de una investigación
sobre conflictos de interés”.
Esta decisión sorprendente, acota la revista especializada, “era
parte de un paquete de medidas contra la corrupción que Peña espera que
restablezcan su credibilidad y popularidad, que han sido maltratadas
por el escándalo y la indignación pública por un crimen” como el de
Ayotzinapa, Guerrero.
Sin embargo, para que Peña tenga éxito debe, ante todo, “establecer
que él está libre de culpa en un escándalo provocado por las
revelaciones que él, su esposa, y Luis Videgaray compraron casas a
crédito de las filiales de una empresa de construcción que se ha
beneficiado de contratos del gobierno”.
Todos ellos declararon, abunda The Economist, “que no han hecho nada
malo, aunque el señor Videgaray recibió una hipoteca a tasas por debajo
del mercado. Ahora el señor Peña ha abierto una investigación que
espera vindicarlos”.
La investigación, recuerda el medio británico, la llevará a cabo
Virgilio Andrade Martínez, quien ha sido nombrado titular de la SFP,
“un puesto que ha estado vacante durante más de dos años”.
La obligación de Andrade Martínez, acota, es monitorear si los funcionarios del gobierno están cumpliendo con la ley.
Apenas el jueves 22 de enero The Economist advirtió que los últimos
escándalos con Grupo Higa y la familia San Román, así como “el cinismo
de Peña Nieto”, serán capitalizados por el dirigente del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.
“El gobierno está manchado por el escándalo”, sostuvo la revista
para luego recordar el caso de los 43 normalistas y la “Casa Blanca” de
Angélica Rivera, así como la residencia que Luis Videgaray compró a
Grupo Higa en octubre de 2012 –de 850 metros cuadrados, localizada en
un club de golf en Malinalco, Estado de México, y que costó unos 7.5
millones de pesos.
The Economist también mencionó la cancelación del tren de alta
velocidad México-Querétaro, que tendría un costo de 50 mil 820 millones
de pesos. Y “la última vergüenza”, la casa de Peña Nieto en el
municipio mexiquense de Ixtapan de la Sal.
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