Jenaro Villamil
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Eduardo Sánchez y Enrique Peña en Los Pinos. Foto: Benjamin Flores |
MÉXICO,
D.F. (apro).- En menos de una hora, luego de concluir el mensaje
televisado sobre su decálogo de “acciones eficaces” contra la
corrupción, los usuarios de las redes sociales en México colocaron como
Trending Topic la frase final de Peña Nieto que se escuchó en la
transmisión y fue dirigida a la prensa y funcionarios presentes: “Ya sé que no aplauden”.
Evidentemente, en la frase de ese extraño sentido del humor peñista
está la aceptación de que en el tema de la corrupción no sólo ha
perdido a la percepción pública nacional e internacional, sino su
propia autoestima. Como buen narcisista, a Peña le gustan no sólo los
aplausos escenográficos o las porras del “bombón, te quiero en el
colchón”, sino el reconocimiento de que es un gran reformista, un
salvador de la patria, y no uno más de los presidentes involucrados en
escándalos de corrupción.
El decálogo anunciado este martes 3 de febrero es más de lo mismo.
El Ejecutivo federal ordena a una parte del Ejecutivo federal (la
Secretaría de la Función Pública) que lo investigue y que aclare la
situación de sus vínculos con Grupo Higa, los San Román y las casitas
de Las Palmas, Malinalco e Ixtapan de la Sal que lo involucran a él, a
su esposa y a su principal colaborador, el titular de Hacienda, Luis
Videgaray.
De antemano, sin que nadie se lo preguntara o lo pidiera, Peña Nieto
negó tener algún conflicto de interés. “El presidente no otorga
contratos, no adjudica compras ni obras ni participa en ningún comité
de adquisiciones, arrendamientos o servicios”, afirmó.
Peña Nieto confunde a la persona con la institución presidencial. El
como individuo no otorga los contratos ni participa en comités de
adquisiciones, pero la Presidencia de la República es la institución
más importante del Ejecutivo federal y la máxima responsable jurídica y
política de lo que las distintas dependencias firman y contratan. El,
como amigo de Juan Armando Hinojosa Cantú o de los San Román o de Hank
Rohn, quizá no tiene ningún conflicto de interés. Pero él, como titular
del Ejecutivo federal, tiene un claro conflicto de interés y quizá de
tráfico de influencias con los empresarios que le otorgan, venden o
hipotecan mansiones a su esposa, a él y a sus colaboradores
principales. Ese es el alegato de los articulistas de The Economist y
The Financial Times que le han reprochado su “cinismo” frente a los
casos de corrupción.
¿Cómo quiere Peña Nieto que lo aplaudan si todos los mexicanos,
incluidos los que militan en su partido, los empresarios y quienes lo
apoyaron, saben distinguir entre el contratismo, el “moche”, el
favoritismo y el recubrimiento de las formas?
¿Cómo quiere Peña Nieto que lo aplaudan si sus mensajes frente a la
corrupción han sido ambiguos y sus medidas sólo actos cosméticos que se
corrigen por la presión de la opinión pública nacional o internacional?
Revivir a la Secretaría de la Función Pública es abandonar su
propuesta de una Comisión Nacional Anticorrupción. En su olvidada
entrevista colectiva, en agosto de 2014, en el programa Conversaciones
a fondo, Peña Nieto afirmó que la Comisión Nacional Anticorrupción fue
aprobada en la Cámara de Senadores y se encontraba a discusión en la
Cámara de Diputados. Sin embargo, advirtió, “no puedes pensar que una
sola institución es la que nos asegure que no habrá corrupción. Mucho
de esto tiene que ver con un cambio cultural. Tiene que ver con un
marco legal que sanciona conductas de corrupción dentro del sector
público, pero también dentro del sector privado”.
“La corrupción se alimenta de dos lados. La corrupción no viene del
orden público solamente, sino también del orden privado. Es un tema,
insisto, del orden cultural”, dijo por segunda vez en aquella
entrevista el exgobernador del Estado de México, una de las cinco
entidades identificadas con la tasa más alta de percepción de
corrupción pública, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental del Inegi.
Peña Nieto no admitió que el combate a la corrupción fuera una
prioridad de su gobierno, ni siquiera ante la pregunta de León Krauze
sobre acusaciones de desvío de fondos contra exgobernadores priistas
como Humberto Moreira, exdirigente efímero del tricolor. “Es un tema en
el orden social. Debe haber una participación de todos… Tenemos que
fomentar valores, principios… Esto tomará tiempo”, insistió el
presidente mexicano. (Versión Estenográfica, Conversaciones a fondo, 20
agosto 2014).
Apenas dos meses antes de estas declaraciones, en junio de 2014, la
firma consultora EY publicó su “Estudio global sobre la corrupción y
fraude en México”, donde 4 de cada 10 directivos empresariales
consultados en el país admitieron que es común la práctica del soborno
para ganar contratos en nuestro país. Lo justificaron señalando que con
ese fin se mantenía el negocio.
México subió 5 puntos porcentuales en cuanto a la percepción de que
hay mayor soborno en ese estudio. Cerca de 18% de los consultados
admitió que se les solicitó pagar soborno por parte de alguna autoridad
o servidor público, porcentaje por arriba del promedio mundial que es
de 11%. (El Universal, 25 de junio 2014).
Otras encuestas no le daban la razón a la indiferencia de Peña Nieto
frente al tema. La corrupción no es un tema cultural sino sistémico, y
el problema más fuerte en la percepción pública es la impunidad de los
servidores públicos, en especial de quienes han tenido altos cargos
ejecutivos (gobernadores, secretarios de Estado, alcaldes), así como
las crecientes prácticas de sobornos, “moches” e involucramiento de las
autoridades en el crimen organizado. De eso nada dijo Peña Nieto en el
balance de sus reformas estructurales.
Los índices de la corrupción mexicana son negativos y muy altos a
nivel global. Tan sólo el Barómetro Mundial de Transparencia
Internacional colocó a México en el lugar 106 de los países más
corruptos de un total de 177, en su reporte de 2013. En 2009, México
ocupaba el lugar 89, en 2010 pasó al sitio 98, pero con el retorno del
PRI a la Presidencia de la República se incrementó la percepción
negativa en la misma consulta de Transparencia.
En esa medición, México está muy lejos de Uruguay, la nación de
América Latina menos corrupta, situada en el lugar 19, y de Chile, el
primer país en aplicar a rajatabla el modelo neoliberal en el
continente, ubicado en el sitio 22. Canadá, nuestro socio comercial,
está en el lugar 9 y Estados Unidos en el 29.
De acuerdo con los sondeos de Transparencia Internacional, el sector
privado no aparece como uno de los más corruptos. En primer lugar,
están los partidos políticos (91%), seguidos por los distintos cuerpos
policiacos (90%), los funcionarios públicos (87%), el Poder Judicial
(80%), los medios de comunicación (55%) y el sector privado y las
empresas (51%). Entre los menos corruptos fueron mencionados el
Ejército (42%) y el sector salud (42%).
La falta de enfoque y punto de vista sobre el fenómeno de la
corrupción es consustancial al modelo peñista. Y esto se agravó con los
escándalos de las propiedades y bienes inmuebles que salieron a la luz
pública en medio de la crisis de Estado (también negada) por la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.
Si analizara bien Peña Nieto que el principal problema para combatir
la corrupción radica en su insistencia por aparecer como ajeno a este
fenómeno de descomposición, ahí entenderá por qué ya nadie le aplaude.
Twitter: @JenaroVillamil
Comentarios: www.homozapping.com.mx
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