El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que en próximos días el magistrado Arturo Gómez Ochoa resolverá la apelación que interpuso la organización por la resolución del Juzgado Tercero de Distrito que en diciembre pasado declaró infundado un recurso que Claudia Medina promovió para buscar su libertad.
En diciembre, la juez Tercero de Distrito, Cándida Hernández Ojeda, declaró infundado el “incidente de libertad por desvanecimiento de datos” interpuesto por su defensa, recurso a través del cual la víctima sostenía que la única prueba para ser acusada de portación de arma era un parte informativo que fue obtenido de “manera ilegal y bajo tortura”.
Es por ello que Medina Tamariz pidió que se desechara esa prueba y se le dejara en libertad, sin embargo la juez Cándida Ojeda Hernández consideró que era suficiente el dicho de los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) para continuar con el proceso por la acusación de portación de arma de fuego.
El 7 de agosto de 2012 Claudia Medina Tamariz, veracruzana de entonces 34 años de edad, fue detenida en su domicilio de manera arbitraria por elementos de la Semar, y por 36 horas fue víctima de tortura física, sexual y psicológica, entre amenazas hacia su familia, descargas eléctricas, asfixia y vejaciones sexuales (Cimacnoticias 8 de mayo de 2014).
Luego de que Claudia fue torturada, la Marina la obligó a firmar una declaración auto inculpatoria y la acusó de delincuencia organizada con distintas modalidades, entre ellas portación de granada, operación con recursos de procedencia ilícita, posesión de narcóticos y narcomenudeo.
Además ella fue presentada ante los medios de comunicación con una versión falsa sobre su detención y acusada de formar parte del cártel de Jalisco Nueva Generación. Actualmente está en libertad condicional, enfrentando acusaciones falsas, por lo que continúa un proceso legal para que se reconozca su inocencia.
Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh, destacó que Claudia presentó una denuncia por tortura, sin embargo hasta la fecha la Procuraduría General de la República no ha realizado diligencias para comprobar el delito, y tampoco ha reconocido su carácter de víctima y de coadyuvante para acceder al expediente y a toda la investigación.
La abogada expuso que la tortura sexual es un delito grave que se debería perseguir de oficio, y aunque desde 2012 Claudia declaró que fue víctima, el Ministerio Publico abrió la investigación un año después, sin importar que en estos casos la investigación debe ser inmediata para recabar las pruebas físicas de la agresión.
Ante esta situación, se espera que en breve el Tercer Tribunal Unitario de Xalapa dé una respuesta positiva y reconozca que ella es inocente de los delitos que se le imputan.
Redacción Cimacnoticias
México, DF.-
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