| Jorge Carrasco Araizaga Foto: Eduardo Miranda |
El
gobierno mexicano emprendió una ofensiva para evitar un juicio en la
Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón, por el sinnúmero de
delitos de lesa humanidad perpetrados merced a su guerra contra el
narco. Todo parece indicar que el gobierno de Peña Nieto teme una
ampliación de la indagatoria en la cual se incluyan crímenes cometidos
en esta administración, como los de Tlatlaya y Ayotzinapa. Así,
presiona a la fiscal a cargo del expediente e incluso fanfarronea con
la cantidad de dinero que dona al tribunal.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde finales del año pasado el
gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó a presionar intensamente a la
Corte Penal Internacional (CPI) para impedir que ese tribunal de las
Naciones Unidas investigue y sancione las violaciones a los derechos
humanos ocurridas durante el sexenio de Felipe Calderón.
Aunque en el gabinete presidencial hay diferencias por
defender al expresidente panista, el gobierno federal decidió desplegar
un intenso cabildeo –incluso con referencias a las aportaciones
económicas que hace a organismos internacionales– para evitar que la
comunidad internacional indague y sancione las violaciones graves
cometidas por agentes estatales y los grupos de la delincuencia
organizada entre 2006 y 2012.
Ante la cercanía del pronunciamiento de la CPI sobre la
denuncia contra Calderón presentada en septiembre pasado por tres
organizaciones no gubernamentales (Proceso 1977), una delegación de
funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la
Procuraduría General de la República (PGR) viajó a La Haya, Holanda,
sede de la Corte, para evitar que la fiscal Fatou Bensouda admita a
análisis preliminar la denuncia enderezada contra Calderón y el
exsecretario de la Defensa Nacional, el ahora general retirado
Guillermo Galván.
A esa denuncia se suma la presentada ante la misma CPI
por otras organizaciones, en la que también se pide investigar por
crímenes de guerra al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García
Luna, a Joaquín El Chapo Guzmán y a otros narcotraficantes, pero en la
cual se señala a Calderón como el principal responsable de las miles de
ejecuciones, desapariciones y desplazamientos forzados durante su
sexenio…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1996 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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