Organizaciones especializadas en transparencia y académicos coinciden: las medidas son insuficientes, incongruentes y no van acompañadas de cambios en la Ley de Administración Pública Federal.
Gonzalo Ortuño (@periodistagonzo)
Después de que el presidente Peña Nieto anunciara este martes 3 de febrero ocho acciones ejecutivas para prevenir la corrupción, organizaciones especializadas en transparencia y académicos coinciden: las medidas son insuficientes, incongruentes y no van acompañadas de cambios en la Ley de Administración Pública Federal.
Entre las medidas anunciadas, la primera asegura que todos los funcionarios federales deberán presentar una declaración de posibles conflictos de interés,
y ésta deberá contener las actividades profesionales del funcionario,
su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios
de su cónyuge o dependientes económicos, entre otros elementos.
Esta acción se queda corta sin la modificación a la legislación en materia de responsabilidades administrativas, de acuerdo con el coordinador de la Red por La Rendición de Cuentas, Mauricio Merino, quien señaló que el Ejecutivo “debió haber dicho que se modificaría la ley en este sentido.
(Se necesita) más contenido sustantivo, lo que tenemos acá (acciones
ejecutivas) es nada, un discurso que está inscrito en el año electoral
y no da para más”.
El investigador asociado de la organización México Evalúa y de la
Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de
Monterrey, Marco Fernández, aseguró que estas medidas son de poca utilidad ante las “facultades mermadas” de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“¿De qué nos sirve una declaración de conflicto de interés,
si de entrada no hay una autoridad independiente que pueda verificar la
veracidad de dicha declaración? Y además, esa declaración no va a ser necesariamente pública”, cuestionó Fernández.
La segunda, tercera, cuarta y quinta medida de las acciones ejecutivas plantean emitir reglas y protocolos dentro de la Secretaría de la Función Pública para identificar y sancionar los posibles conflictos de interés
de funcionarios federales, así como la creación de una Unidad
Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (a cargo
de la misma dependencia).
“La Secretaría de la Función Pública finalmente es una
dependencia que forma parte del poder Ejecutivo. El Congreso tendría
que llevar a cabo una investigación sobre los casos de conflicto de
interés, en particular una comisión de investigación
independiente conformada también por los partidos de oposición” detalló
la directora del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Haydeé
Pérez Garrido.
Por su parte, el director ejecutivo de la organización Transparencia
Mexicana, Eduardo Bohórquez, señaló en entrevista con Animal Político
que este paquete de medidas demuestra que había un vacío legal en el materia, pero no lo resuelve. “Hay que legislar sobre el tema y hay un espacio propiciado para hacerlo que es el Sistema Nacional Anticorrupción” coincidió.
Especialistas objetaron la voluntad política de Enrique Peña Nieto en el conjunto de medidas porque no ha enviado una iniciativa preferente para modificar las atribuciones de la SFP.
Si es tanto el compromiso y la exigencia por combatir la corrupción
y el conflicto de intereses, “¿por qué no ingresar al poder legislativo
una iniciativa preferente que fortalezca el marco normativo?” cuestionó
la investigadora Pérez Garrido.
“Él pudo haber mandado la iniciativa para precisamente
modificar la Secretaría de la Función Pública, la Ley de Administración
Pública Federal, para restablecer las funciones de la SFP e incluso
fortalecerla más”, aseguró el profesor-investigador Marco
Fernández, quien también señaló que el Grupo Parlamentario del PRI en
el senado insiste en quitar mecanismos fundamentales para fortalecer la
Ley secundaria en materia de Transparencia, que actualmente está en
discusión.
“Por ejemplo: el establecer la justificación por interés público
desde el principio, cuando se llegue a reservar una información por
parte de funcionarios. El PRI se ha opuesto a este principio”, detalló
Fernández.
La directora ejecutiva de Fundar manifestó también su
preocupación porque dicha iniciativa en el Senado podría estar siendo
revisada y modificada por el poder Ejecutivo. “ Si estas
versiones son ciertas, se pone en tela de juicio nuevamente los
compromisos y la voluntad del poder Ejecutivo con respecto a la
transparencia, al combate a la corrupción, en general al tema del
gobierno abierto” explicó.
La sexta, séptima y octava maniobra declaran el aceleramiento de
operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios
del Gobierno para reducir espacios potenciales de corrupción; la
ampliación de una lista pública de proveedores sancionados por el
Gobierno de la República y la ampliación de mecanismos de colaboración
con ciudadanía y sector privado para identificar posibles conflictos de
interés.
Respecto a la designación de Virgilio Andrade Martínez como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública,
y de la investigación que el mismo presidente Peña Nieto le encargó
para resolver si hubo o no conflicto de interés en contratos otorgados
a las empresas que le vendieron inmuebles a él, a su esposa, Angélica
Rivera y a Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público,
los expertos pidieron atención al marco normativo que conducirá el
nuevo titular.
“La ley no es retroactiva, entonces, lo que se planteé hoy
como acción ejecutiva no está vigente para el pasado y por eso es clave
bajo qué marco se va a conducir esa investigación”, explicó Eduardo Bohórquez.
Por su parte, Mauricio Merino destacó que bajo la actual
jurisdicción al presidente sólo se le puede juzgar por traición a la
patria y por delitos graves del orden común, no por conflicto de interés por lo que “no es necesario simular” el trabajo de investigación.
“Por supuesto que la investigación que arrojará Virgilio Andrade va
a decir que no hay responsabilidad alguna del presidente. Yo le puedo
dar una orden a un subordinado mío si fuera yo secretario de estado
para que le asigne un contrato a mi cuate y en la medida en que yo no
participe sin el subordinado, no hay conflicto de interés, así de
absurda es nuestra legislación” dijo en entrevista con Animal Político.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario